Venezuela: transformaciones y limitaciones del modelo de desarrollo

El modelo de desarrollo vigente en la República Bolivariana de Venezuela a inicios de la segunda década del siglo XXI es fruto del proceso de cambio que se inició en el país hace más de 20 años, con la crisis del orden neoliberal y sus acontecimientos más emblemáticos: revuelta popular del “Caracazo” en febrero de 1989, insurrección militar nacionalista contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el mismo mes de 1992 y victoria electoral del bloque “nacional-popular” liderado por Hugo Chávez en diciembre de 1998. Todos estos acontecimientos que posibilitan la posterior llegada al poder ejecutivo del movimiento bolivariano visibilizan la postura mayoritaria de la ciudadanía a favor de un nuevo modelo de desarrollo y de una nueva estructura política.

 

El actual modelo de desarrollo pretende ser una respuesta y una superación del modelo neoliberal que detentó la hegemonía durante las décadas de los ochenta y de los noventa. Las consecuencias negativas en términos políticos (autoritarismo, represión), económicos (extranjerización) y sociales (aumento del desempleo, pobreza, desigualdad, etc.), permitieron la victoria electoral de un movimiento político que sustentaba su discurso en una propuesta anti-neoliberal y anti-imperialista.

Desde el primer año de gobierno (1999) hasta principios de 2005, la propuesta teórico-programática del ejecutivo de Chávez se circunscribía a un nuevo modelo de orientación neodesarrollista (centralidad del estado) y soberanista (mayor control de las transnacionales petroleras). Sin embargo, a partir del año 2005 se produce un salto cualitativo en términos ideológicos, cuando el líder de la Revolución Bolivariana asume la necesidad de superar el sistema capitalista y avanzar hacia el socialismo.

La nueva propuesta sistémica, bautizada como “Socialismo del Siglo XXI”, implicaba, obviamente, el diseño de un modelo de desarrollo de orientación socialista. Lo relevante, además, era que se pretendían evitar los errores estratégicos que llevaron al fracaso al socialismo del siglo pasado (autoritarismo político, estatización absoluta de la economía, desarrollismo anti-ecológico).

La tercera victoria electoral en las presidenciales de diciembre de 2006 permitieron al movimiento bolivariano continuar en el ejecutivo y redactar un nuevo “Plan de Desarrollo” acorde al nuevo rumbo ideológico: el “Plan Nacional Simón Bolívar – Primer Plan Socialista” (2007-2013). El nuevo Plan de desarrollo plantea una crítica al capitalismo como sistema que no solo excluye al ser humano, sino que también “impone un uso irracional y ecológicamente insostenible de los recursos naturales”. En consecuencia, se aboga por un “nuevo modelo productivo que coloque al ser humano en el centro” pero en equilibrio en “su relación con el medio ambiente”. Las Empresas de Producción Social (EPS) ocuparían un lugar central frente a la iniciativa privada y estatal.

La narrativa ambientalista del Plan, sin embargo, se resiente en el apartado que plantea como horizonte la conversión de Venezuela en una “potencia energética mundial”. Se pretende convertir al país en uno de los mayores exportadores mundiales de energía, lo cual implica aumentar sustancialmente la producción en la Faja Petrolera del Orinoco.

UN VISTAZO HISTÓRICO

A lo largo de estos trece años se han producido importantes acontecimientos que han supuesto cambios, de mayor o menor magnitud, en términos de modelo de desarrollo. El primer evento histórico de gran calado fue la aprobación de la Constitución Bolivariana en 1999, durante el primer año de mandato, ya que el nuevo texto legal rompía con la filosofía neoliberal, otorgándole centralidad al estado en el campo económico y rescatando una concepción de derecho en la política social. El segundo momento importante se produce en 2001, con la aprobación de la Ley Habilitante que viabiliza la aprobación de un conjunto de leyes que trazan el marco normativo para la recuperación del petróleo como recurso estratégico de la nación (Ley de Hidrocarburos) y para la lucha contra el latifundio y por la soberanía alimentaria (Ley de Tierras), entre otros objetivos de corte post-neoliberal.

El cambio de modelo trajo como consecuencia la “insurrección de la burguesía” (golpe de estado, paros patronales, sabotaje petrolero) y la reacción popular y de un sector mayoritario del ejército para defender el proceso de transformaciones. La respuesta del gobierno fue profundizar la revolución. El cambio más inmediato se produjo en el plano de la política social, donde se diseñó un nuevo paradigma sustentado en los altos ingresos provenientes del petróleo. El recurso estratégico del estado se convirtió en la palanca fundamental para una política social de gasto expansivo, que rescataba la lógica pública, ampliaba la cobertura, garantizaba la universalidad a través de la gratuidad y reinstauraba el concepto de derecho social.

La Revolución Bolivariana se define como “socialista” en el 2005 y eso se tradujo en una serie de cambios en el modelo de desarrollo. El principal de ellos es la profundización en el proceso de nacionalizaciones, tanto de recursos naturales como de sectores estratégicos. El otro cambio sustancial es el impulso a la “economía popular” y el apoyo a la creación de unidades productivas dirigidas por los y las propias trabajadoras. Las EPS (Empresas de Producción Social) se convierten en el paradigma del nuevo modelo, donde unidades de producción autogestionada se conviertan el sector hegemónico en la economía, frente a la propiedad estatal y la privada.

Sin embargo, los datos actuales todavía muestran una realidad muy alejada de ese nuevo paradigma productivo y de desarrollo. Según Víctor Álvarez, el peso de la economía social en el conjunto de los sectores sigue siendo testimonial (del 0,5 por ciento en 1998 al 1,6 por ciento en 2008), a pesar de los indudables esfuerzos realizados tanto desde el gobierno como desde la sociedad organizada. Paralelamente, según este autor, aunque pudiera parecer paradójico, el peso del sector privado aumentó del 64,7 por ciento del PIB en 1998 al 70,9 por ciento en el 2008, a pesar del proceso de nacionalizaciones que se produjo desde el 2005. En consecuencia, el peso del sector público-estatal se habría reducido del 34,8 por ciento del PIB en 1998 al 29,1 por ciento en el 2008.JORDI1917 FUENTE www.flickr.com

Por otro lado, Álvarez señala que el alto crecimiento del PIB, con una tasa media cercana al 10 por ciento durante los años 2003 al 2008, no se ha producido en los sectores estratégicos, es decir, en agricultura y manufactura, sino en el sector terciario y fundamentalmente en telecomunicaciones, comercio importador, finanzas y seguros. En el sector agrícola, el gobierno ha realizado un enorme esfuerzo a través de diferentes programas, para aumentar la producción nacional en aras de impulsar la soberanía alimentaria y reducir el alto porcentaje de importación de alimentos, tradicional de las economías rentísticas como la venezolana. Se ha conseguido aumentar la producción en algunos rubros básicos como arroz, maíz, etc. Sin embargo, la productividad por hectárea mantiene una tendencia a la baja y, paralelamente, el volumen de importaciones del sector sigue siendo notable). En el sector industrial, uno de los problemas principales es que “la persistencia de un bolívar sobrevaluado desinhibe la inversión productiva” y fortalece la lógica importadora, en el marco de un modelo de desarrollo que de facto sigue funcionando subordinado a la lógica de la competencia capitalista.

Frente a esta situación de cierto bloqueo en el proceso de instauración de un nuevo modelo de desarrollo, hay que señalar como positivos dos elementos. Por un lado, la aceleración de las nacionalizaciones en el último año. Por otro lado, la multiplicación de experiencias de gestión por parte de las y los trabajadores tanto en empresas recuperadas como en empresas públicas.

IMPACTOS AMBIENTALES

La hegemonía del desarrollismo petrolero en Venezuela no ha permitido un contrapeso sólido en términos de política ambiental. El actual manejo del recurso petrolero se circunscribe a una práctica, más o menos coherente, de post-neoliberalismo (estatismo) y soberanismo. Una práctica soberana paradójica, ya que, por un lado, se aplica un mayor control impositivo a las transnacionales y se diversifica la procedencia nacional de estas (multilateralismo limitado), pero, por otro lado, se fortalece un modelo extractivista y primario-exportador que subordina aún más al país a las grandes potencias (tradicionales y emergentes) del sistema-mundo capitalista.

La pretensión de convertirse en “potencia energética mundial”, tras el descubrimiento de las millonarias reservas del Orinoco, que sitúan a Venezuela como el país con mayores reservas de hidrocarburos del planeta, no es congruente con un “uso ecológico y sostenible”, como se plantea en el Plan Nacional Simón Bolívar. El Plan Siembra Petrolera, pretende duplicar en menos de una década la producproducción, pasando de 3 millones de barriles aproximadamente a casi 6 millones. Esto supondría el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, de poco más de 30 millones de toneladas por año, a casi 80 millones, según la Red ARA, conglomerado de ONGs ambientalistas.

La minería es otro de los sectores críticos en términos de impacto ambiental. El mayor problema en la actualidad, según los expertos, es el uso descontrolado y masivo del mercurio en la pequeña minería, principalmente en la de oro. Este metal pesado genera una alta contaminación ambiental, además de afectar a la salud humana de mineros y comunidades locales. Otro terreno conflictivo en materia minera se ha situado en la explotación del carbón en zonas históricamente pobladas por pueblos indígenas, principalmente en el estado de Zulia. La lucha de los pueblos Barí, Yukpa y Wayuú, en la sierra del Perijá, por la defensa de su territorio y contra la explotación del carbón, ha sido emblemática en los últimos años.

Respecto al manejo de un recurso natural estratégico como el agua, se combinan las buenas prácticas con situaciones realmente preocupantes. En el lado positivo de la balanza destacarían, por una parte, la ampliación de la cobertura de agua potable a más de un 95 por ciento de la población, alcanzando así una de las metas de milenio; por otra parte, este gobierno ha impulsado la participación ciudadana a través de la constitución de las “mesas técnicas del agua”, estructura organizativa barrial que agrupa a los y las vecinas para abordar el problema del agua. A través de las “mesas técnicas” se han ejecutado alrededor de 1.500 proyectos hidrológicos e hidrosanitarios en el país. En el plano negativo hay que señalar los recurrentes problemas de suministro permanente en zonas no solo rurales, sino también urbanas y, sobre todo, la contaminación del agua producto de vertidos petroleros, mineros y por acumulación de desechos sólidos.

En cuanto al uso de recursos forestales, organizaciones ecologistas consideran que el nivel de desforestación es uno de los más altos de la región, con una pérdida de cerca de 290.000 hectáreas por año en la última década. Plantean, además, que es preocupante la extracción no sustentable en el área maderera y pesquera. En este contexto, el gobierno ha impulsado una serie de iniciativas relevantes, destacando, entre otras, el decreto de 2009 que prohíbe la pesca de arrastre y el masivo Plan de Reforestación (“Misión Árbol”) que desde 2008 pretende recuperar 20.000 hectáreas por año.

Un balance final sobre el actual modelo de desarrollo venezolano nos obliga a tener en cuenta la dimensión histórica del cambio que se ha vivido en la última década, sin olvidar las obvias limitaciones y continuidades del modelo. Evidentemente, la lógica extractivista continúa intacta y es, sin duda, uno de los mayores retos a enfrentar por parte de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, es innegable que nos encontramos ante un nuevo modelo de desarrollo, que, en mayor o menor medida, ha intentado superar varios de los ejes estratégicos del antiguo modelo, es decir, la lógica neoliberal, la subordinación imperial y el autoritarismo. Frente a ellos, el actual modelo se ha propuesto materializar una nueva ecuación que pretende combinar una óptica post-neoliberal y proto-socialista con participación ciudadana y soberanía

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