Un ejército asesino y lumpenizado

El ejército de Colombia parece empeñado en ratificar cada vez más su vocación asesina y lumpenezca. Ello, en todo caso, no refleja más que los valores y las prácticas acuñadas por una oligarquía mafiosa y desvergonzada: una de las carreras más elitistas en Colombia es la militar y a los altos cargos no acceden sino los hijos de la alta burguesía o, en todo caso, quienes cuentan con su beneplácito.

 

Los continuos desafueros de los militares, desde los más bajos rangos hasta quienes dirigen la guerra, no son otra cosa que la manifestación de una formación lumpenezca interna continua ocultada o maquillada por los medios masivos de comunicación. Son conocidas las muchas masacres que el ejército ha realizado o en contubernio con los paramilitares o contando con su inacción y complicidad, así como los crímenes de Estado (asesinatos) mal llamados falsos positivos, que evidenciaron un modus operandi arraigado desde hace mucho en las filas militares. Lo más doloroso es que ahora las más horrendas fechorías las cometen con niñas y niños pobres.

En Pueblo Rico (Antioquia), cuatro infantes fueron asesinados por el ejército en agosto del año 2000 y otros cuatro resultaron heridos. El 10 de abril de 2004 se produjo la masacre de Cajamarca (Tolima), pocos meses después de la desaparición de 18 campesinos que habían participado en una toma de tierras. En esta acción fueron asesinados cinco campesinos de una misma familia, cuatro de ellos menores de edad, un niño y un bebé de seis meses. El ejército y el presidente disfrazaron los hechos como un error militar, sosteniendo que la familia había sido confundida con un grupo guerrillero (a pesar de que uno de los soldados remató desde corta distancia a una de las personas).

Igual de negro es el recuerdo del 21 de febrero de 2005, cuando paramilitares y tropas del ejército irrumpieron en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) y asesinaron a ocho personas, entre ellas una joven de 17 años y tres infantes. Dos de los pequeños fueron sacados de debajo de la cama y picados a machete.

Sin embargo, el horror de este crimen no conmovió inmediatamente ni a la población colombiana ni al mundo porque los medios, siguiendo la voz del entonces presidente, Álvaro Uribe, le restaron importancia y se limitaron a señalar a la comunidad como un refugio de la guerrilla.

En octubre de 2009, el ejército cubre de luto la comunidad de Tame, (Arauca). Una niña de 14 años fue secuestrada por uniformados junto a sus hermanos de seis y nueve años. La niña fue violada y asesinada y, para no dejar testigos, asesinaron también a los dos hermanos y los arrojaron a una fosa. Los comandantes militares quisieron atribuir inmediatamente el crimen a la guerrilla y los medios masivos corearon el señalamiento.

No es un caso excepcional en la región de Arauca: los pobladores hablan de varios casos de violaciones de menores a manos de los uniformados que, por no haber terminado en asesinatos, han generado menos ruido.

Ahora que se han recopilado evidencias suficientes para condenar penalmente a miembros del ejército, tanto el comandante de esta institución como el propio presidente exigen castigos ejemplares. Pero no hay que hacerse muchas ilusiones, no sólo porque los militares están protegidos por la impunidad y la corruptela reinantes, sino porque la condena de unos pocos no cambiará la cultura que ha lumpenizado al ejército y a la oligarquía criolla.

Mientras no haya un cambio cultural y político en Colombia cabe más bien esperar lo peor de las fuerzas militares. A esto se suma que el proyecto de militarizar la sociedad en su conjunto implica extender por todo el territorio las amenazas no sólo de persecución y asesinatos a líderes políticos y dirigentes sociales sino también el abuso, violación, intimidación y asesinato de niños y niñas.

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