SURINAM : pueblos originarios

SURINAM

El censo establece en 492.829 el número de habitantes del país, antigua colonia holandesa independiente desde 1975, de los que 39.426 serían tanto indígenas (pertenecientes a los pueblos akuriyo, arawak o lokono, galibi, mawayana, sikiiyana, trio y tunayana) como cimarrones (de los grupos kwinti, matawai, ndjuka, pamaka y saamaka) descendientes de los esclavos africanos que escaparon de plantaciones costeras durante el dominio colonial holandés hacia las zonas selváticas del interior. Los indígenas akuriyo, mawayana, sikiiyana y tunayana están prácticamente extinguidos puesto que en el momento del censo (2004) contaban sólo con una decena de miembros cada uno. Entre los cimarrones, los kwinti, con poco más de medio millar de miembros, son los menos numerosos.[1]

Para el derecho internacional los cimarrones tienen entidad propia como pueblo dado que tienen una lengua y cultura distintiva, desarrollada a lo largo del tiempo en el territorio que les sirvió de refugio y es anterior a la constitución de Surinam como estado independiente, por lo que es asimilable a otros pueblos de origen africano existentes hoy en Abya Yala como los garífuna en Belice, Guatemala y Nicaragua.

Según el censo, la tercera parte de los cimarrones reside en la capital del país mientras que muy pocos indígenas han abandonado sus tierras para residir en la ciudad. Por lo tanto, la mayoría de cimarrones e indígenas residen en sus tierras, zonas de difícil acceso ante la carencia de infraestructuras, lo que les ha preservado hasta hace muy poco tiempo del avance de la “civilización”. Sólo por medio de canoas o a lomo de animales –y en muy contadas ocasiones a través de avionetas pequeñas- se podía llegar hasta sus comunidades.

Surinam no ha asumido el Convenio 169 de la OIT –aunque sí ha votado a favor de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU-, por lo que la legislación referente a los derechos de los pueblos indígenas se recoge a nivel genérico en la Constitución de 1987 aunque hay una referencia al derecho a la autodeterminación de las naciones. Al no contar con un reconocimiento expreso las poblaciones indígenas y cimarronas se encuentran en una situación de gran desamparo ante la implantación de una política económica extractivista, principalmente minera, en sus tierras.

Prácticamente desde el mismo momento de su independencia se vivió una durísima guerra civil, en la que se entrecruzaban diferencias ideológicas con reivindicaciones territoriales indígenas y cimarronas, que terminó en 1992 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las diferentes organizaciones guerrilleras como el Movimiento de Liberación Mandela, el Comando de la Jungla y el Movimiento de los Indígenas Amazónicos Tunayana. Como consecuencia, se adoptó un Acuerdo para la Reconciliación y el Desarrollo Nacional en el que se reconoce la necesidad de delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indígenas.

Este reconocimiento era de una importancia fundamental puesto que como consecuencia del modelo económico impuesto por los diferentes gobiernos habidos hasta ese momento se había impulsado la deforestación a gran escala para facilitar el acceso de empresas madereras y mineras, principalmente vinculadas con la bauxita, a terrenos boscosos y selváticos en perjuicio de la población indígena. No fueron raros los casos de desaparición de asentamientos tradicionales de los pueblos indígenas y la presencia de este tipo de empresas en sus tierras incidió de forma dramática en la práctica desaparición de algunos pueblos. También afectó a los cimarrones saramaka asentados en las riberas del río Surinam, que vieron desaparecer sus bosques de madera tropical pese a estar protegido por la legislación.

No obstante, y a pesar de haberse alcanzado la paz, “las múltiples situaciones de invasión de tierra y falta de seguridad jurídica indican que los derechos y garantías individuales estipulados en la Constitución y la legislación secundaria de Surinam no son suficientes para garantizarles a los amerindios surinameses condiciones sostenibles de supervivencia y de reproducción cultural”, como indica la ONU.[2] Por eso, el gobierno actual ha llegado a acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo para “reemplazar” los sistemas tradicionales de tierras indígenas y cimarronas por un denominado “sistema de mercado activo” que, en realidad, supone la desaparición del territorio comunal y su privatización puesto que bajo la idea de “un acceso igualitario” a la tierra se facilita que todo el que quiera y/o pueda compre o arriende esas tierras “a precio de mercado”. No es difícil imaginar que con los consabidos problemas a la hora de demarcar las tierras indígenas existentes en todo el continente Abya Yala, y Surinam no es una excepción, el capital transnacional entrará a saco en ellos para explotar minerales (oro, principalmente) y madera. El BID en esto se muestra inflexible, vinculando la reforma del modelo de propiedad de la tierra a los créditos que otorgará a Surinam.

El BID se arroga la potestad de convertir en papel mojado el Acuerdo de Paz, que no sólo establecía la necesidad de delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indígenas y cimarronas sino que dejaba al arbitrio de cada comunidad si deseaba seguir conservando y preservando su modo de vida tradicional o “asimilarse” a la economía del país. Ahora, según las condiciones del BID, indígenas y cimarrones sólo conservarán sus tierras “en la medida de lo posible, siempre y cuando no haya conflicto con el interés general”. Así aparece recogido en un decreto ley que fue denunciado ante la CIDH por los saramaka (2006) por entender que no se protege efectivamente su derecho a la propiedad comunal de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra.[3] La Corte Interamericana falló a favor de los saramaka reconociendo la inextricable relación entre la tierra, incluidos sus recursos naturales, y la supervivencia económica, social y cultural pero se limitó a imponer a Surinam el pago de una compensación por los daños ocasionados a la comunidad saramaka por la tala de madera y el ejercicio de la actividad minera. No se paralizaban esas actividades, con lo que se venía a reforzar el decreto ley y, de esta manera, los pueblos indígenas y cimarrones se ven circunscritos sólo a su aldea y tierras de cultivo actual sin tener acceso a otras tradicionales que utilizan temporalmente como territorio de caza y pesca. Eso si se mantienen, puesto que una comunidad ndjuka ya ha sido obligada a abandonar su asentamiento tradicional, en Nieuw Koffiekamp, para iniciar una explotación de oro y diamantes en sus tierras. Y si no son obligados al reasentamiento forzoso ven cómo sus tierras son entregadas a terceros, por lo general empresas, para construcción de instalaciones de “ecoturismo”, como ya ha sucedido y ha denunciado la Asociación de Jefes de Aldeas Indígenas.

Los pueblos indígenas en Surinam no suelen reconocer otra autoridad que la de jefe de aldea y sólo se coordinan cuando hay alguna cuestión interna (fiestas, rituales, reuniones) o externa, como es ahora la invasión de sus tierras. Sin embargo, y también bajo el auspicio del BID, esta situación va a cambiar. Una de las propuestas del banco es que el gobierno reemplace el autogobierno indígena, así esté limitado a una aldea, con una legislación que defina cuál debe ser la función del jefe de la aldea y dejando claro que debe estar subordinada al gobierno central. Esta propuesta no tiene otro objetivo que facilitar las medidas económicas, de corte neoliberal, que impone el banco bajo la apariencia de proyectos de ayuda a los indígenas en los que prima el componente individual en detrimento del colectivo. Para los indígenas, y también para los cimarrones, el sentimiento colectivo está por encima de cualquier otro y, en estos momentos, la Asociación de Jefes de Aldea Indígenas está elaborando un reglamento comunitario para las diversas regiones y pueblos y un protocolo de participación de estos pueblos cuando se vean enfrentados a las empresas mineras y madereras. En él se hace hincapié en que las comunidades deben hacer valer su consentimiento previo, libre e informado antes de que se inicie cualquier tipo de iniciativa empresarial.

Esto es de tremenda importancia. En el año 2007 el gobierno entregó 2.800 kilómetros cuadrados de bosque primario a una empresa minera para la extracción de bauxita sin que hubiese siquiera un informe ambiental ni una evaluación de impacto sobre las poblaciones residentes en esa zona. Con este aval, la minera se negó a cualquier tipo de negociación con los indígenas en aspectos como, por ejemplo, el agua potable puesto que los residuos de mercurio (usado en la minería del oro, por ejemplo) arrojados a los ríos –única fuente de agua potable en la temporada seca- comenzaban a provocar enfermedades como diarrea en los niños y ancianos, así como la muerte de peces. Ya se han encontrado muchos casos de enfermos en los que aparecen altas concentraciones de mercurio en sus cuerpos y al menos dos han muerto como consecuencia de ello.

Por esta razón el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU viene reiterando en sus informes de los años 2003, 2005, 2006 y 2009 la exigencia a Surinam para que cumpla “todas las recomendaciones que se le han hecho para que adopte las medidas necesarias que aseguren el efectivo disfrute de los derechos de los pueblos indígenas y cimarrones” en especial “en lo relativo a la minería y tala de árboles que afectan a sus tierras ancestrales y a sus asentamientos tradicionales”.[4] El CEDR muestra su preocupación porque no exista una “legislación específica, en el marco de las Naciones Unidas, que garantice la realización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales” y por “la falta de una gestión eficaz de los recursos naturales [en las tierras indígenas] con la plena participación de representantes de los pueblos indígenas y tribales, elegidos libremente”.

La falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas no es sólo responsabilidad del gobierno de Surinam, que considera los territorios indígenas y cimarrones “dominio del Estado”, sino de instancias internacionales como el ya mencionado BID y el Banco Mundial. Esta institución también se ha sumado en 2009 a la financiación de proyectos mineros que se han implementado en tierras indígenas sin que las comunidades afectadas hayan sido consultadas cuando ven directamente afectadas su vida, existencia y cultura y eso a pesar que la sentencia ya citada de la CIDH consideraba que el Estado no protege debidamente la propiedad del territorio que las comunidades han venido usando y ocupando tradicionalmente. La política del gobierno está clara: ni los indígenas ni los cimarrones tienen ningún derecho especial puesto que por encima de ellos está “el interés del desarrollo total del país”. Pero ni a unos ni a otros se les pregunta si les llegan los supuestos beneficios del “desarrollo”. Es más, ni siquiera les preguntan si quieren ese “desarrollo” a costa de la pérdida de su cultura y sentimiento comunal.

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