Sobrepoblación carcelaria

Los centros penitenciarios en la República Dominicana fueron construidos para un cupo de 6.000 reos; sin embargo, la población carcelaria pasa la cantidad de 12.000 reclusos. En algunos centros penitenciarios, la sobrepoblación es aún más acentuada. Por ejemplo, en la Cárcel Preventiva de Najayo, en junio de 1997, se encontraban detenidas 2.059 personas en una institución construida para 700. En la cárcel de La Romana, construida con una capacidad para 89 personas, se alojaban 384.

El hacinamiento crea una situación extremadamente difícil en los centros penitenciarios para el mantenimiento del orden y estimula la ocurrencia de los motines que han tenido lugar. Durante la visita in loco de la Comisión, se realizó uno de estos motines en la Procuraduría del Distrito Nacional en Santo Domingo. La situación de extremo hacinamiento, falta de espacio y sobrepoblación fue constatada por la Comisión al visitar el centro penitenciario La Victoria y la cárcel de San Pedro de Macorís. Se pudo comprobar también que además de celdas sobrepobladas los presos se encontraban amontonados en otros espacios, tales como una vieja cafetería.

Durante la visita in loco de la Comisión, el Gobierno le informó que estaba considerando la construcción de cuatro cárceles nuevas a nivel nacional, incluyendo una cárcel preventiva para 500 mujeres en el Distrito Nacional. Asimismo, que estaba restaurando viejas cárceles para agregarles más capacidad. Según el informe del Gobierno sobre la evolución de los derechos humanos en la República Dominicana, del 30 de diciembre de 1997, se adicionó a la cárcel de San Pedro de Macorís una capacidad mínima de 500 plazas y se modernizó la cárcel de San Francisco de Macorís, sumando más de 300 plazas a su capacidad.

En sus observaciones al Proyecto de Informe de la CIDH, el Gobierno dominicano señaló que con motivo de las ampliaciones y remodelaciones en los recintos carcelarios, se habían agregado 3.000 plazas; sin embargo, reconoció que aún continuaba el alto nivel de hacinamiento, debido al crecimiento de la población penitenciaria.

Por otra parte, el Gobierno ha informado a la CIDH que está haciendo esfuerzos para disminuir la población carcelaria, adoptando medidas para: 1) agilizar los procesos judiciales, lo que permite que algunas personas sean absueltas y puestas en libertad; 2) asegurar que las personas que tienen derecho a salir en libertad provisional mediante el pago de una fianza puedan beneficiarse de ello; 3) dejar en libertad a las personas que no habían salido de las cárceles, por diferentes razones, a pesar de tener una orden de libertad en su favor; 4) dejar en libertad a los detenidos que llevan en prisión preventiva más tiempo que el que habrían sido recluidos si hubieran sido encontrados culpables y condenados a la pena máxima prevista por el crimen de que fueron acusados. Dichas medidas permitieron, por ejemplo, bajar en pocos meses la población del centro penitenciario La Victoria de 6.000 a 4.000 presos. En septiembre de 1999, el Gobierno indicó que el número de reclusos había descendido a 3.300 en ese centro penitenciario.

La Comisión reconoce que las medidas tomadas, y anunciadas constituyen pasos iniciales importantes para resolver la penosa situación de hacinamiento existente en el sistema penitenciario en la República Dominicana.

Sin perjuicio del valor de las medidas señaladas anteriormente, la Comisión debe señalar que algunas de las soluciones mencionadas son necesariamente parciales e insatisfactorias. Por ejemplo, el dejar en libertad a una persona que ha estado en prisión preventiva durante más tiempo que la pena máxima prevista para el presunto crimen implica que el acusado –cuya inocencia debe presumirse–, deba cumplir la sentencia máxima que podría haberle sido impuesta, sin que tenga condena en su contra. Tampoco le es reparado el daño causado por estar encarcelado, esperando su juicio, durante un tiempo excesivo. Es urgente que se agilicen los procesos penales para decidir sobre las acusaciones que pesan en contra de los presos que se encuentran en prisión preventiva, de conformidad con el debido proceso y dentro de un período aceptable, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

La existencia generalizada de la prisión preventiva sin juicio agrava la sobrepoblación de las cárceles dominicanas. Según se informó a la Comisión, ha sido necesario en algunas circunstancias, por la situación de sobrepoblación, distribuir a los presos cuyos procesos penales pertenecen al Departamento Judicial de Santo Domingo, a las diferentes cárceles de la República Dominicana, en vez de recluirlos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, que corresponde al Departamento de Santo Domingo. Esta distribución de presos fuera de su jurisdicción trae como consecuencia que sus procesos judiciales no sean conocidos a tiempo.

La reubicación de presos a cárceles lejanas de la jurisdicción donde les corresponde ser juzgados, aunado a la falta de logística para su traslado, resulta en que en ocasiones los reclusos citados por los jueces no son llevados al tribunal.

Este problema se agrava por la escasez de medios de transporte de reclusos desde la prisión a los tribunales.

El Gobierno ha señalado que este problema ha sido resuelto con la contratación de vehículos privados. Sin embargo, los prisioneros han señalado que este servicio no se aplica en forma general y sólo se benefician aquellos que pueden pagarlo.

A ese respecto, el Gobierno dominicano señaló en sus observaciones que los medios de transporte para los reclusos habían experimentado una mejoría, toda vez que actualmente contaban con cinco autobuses con capacidad para ochenta pasajeros y varios microbuses. Existían también contratos con empresas privadas, en los municipios del interior del país, para el traslado local de los reos a los tribunales. Sin embargo, el Gobierno manifestó que a pesar de los esfuerzos realizados, todavía persistían ciertas fallas.

La sobrepoblación carcelaria se agrava, según denuncias recibidas, porque las personas que reciben órdenes de libertad en su favor siguen teniendo problemas para lograr salir de las cárceles. Algunas de estas personas no pueden pagar las multas pecuniarias que les han sido impuestas además de sus sentencias de prisión y son, por lo tanto, obligadas a servir tiempo adicional en la cárcel antes de salir.

En otros casos, no son liberadas inmediatamente por dificultades burocráticas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *