SENTENCIA DE MUERTE PARA MARCELO DIEZ

 

SENTENCIA DE MUERTE PARA  MARCELO DIEZ

Con fecha 19 de abril, la  Sala  Civil del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, integrada  por los doctores Oscar Massei  y Evaldo Moya, con la intervención de  la subsecretaria Civil de Recursos Extraordinarios doctora María Alejandra Jordán, dispuso que a  partir de la mal llamada “ley de muerte digna”, no se requiere de autorización  judicial para el retiro, cese y  abstención de todas las medidas de soporte vital, petición efectuada por las hermanas de  Marcelo Diez,  que está en estado vegetativo desde hace 18 años, pero sólo recibe los medios  naturales de conservación de la vida (agua y alimento). 

El  caso

Marcelo Diez quedó  en estado vegetativo por una infección intrahospitalaria que contrajo en el  Hospital de Neuquén, al que arribó tras un accidente de tránsito. Desde hace 12  años se aloja en LUNCEC a pedido de su padre que, al enviudar, le encomendó a la  institución su asistencia, atención y contención. El padre falleció y las  hermanas –que no viven en Neuquén, incluso una reside en el exterior- son sus  “curadoras”. Ellas no proporcionan los recursos para su atención, que cubren  LUNCEC y PAMI, obra social a la que Marcelo Diez está afiliado. 

Marcelo Diez no  padece dolor, no sobrevive por asistencia externa y su deceso no es inminente.  Recibe a diario la atención esmerada de muchos que valoran su “improductiva”  vida: lo higienizan, lo pasean cotidianamente en una silla de ruedas y lo  integran en las actividades del resto de los pacientes. La Presidenta de LUNCEC  ha declarado que para terminar con la vida de Marcelo se lo tendrán que llevar a  otro lado.

Para mayores detalles  sobre el caso escuche la  emisión de Cultura de la Vida del día de la fecha.

La sentencia del Tribunal Superior de  Justicia de Neuquén

La interpretación de  la ley efectuada en la sentencia intenta establecer una supremacía o sujeción  por medio de la cual la vida de Marcelo Diez queda a merced de sus hermanas, lo  que repugna al artículo 29 de la Constitución Nacional, además de crear una  desigualdad arbitraria privilegiando la decisión de éstas sobre el intangible  derecho a la vida de aquél, lo que violaría la garantía de la igualdad ante la  ley que consagra el artículo 16 de la Constitución  Nacional.

Por otra parte, toda  la argumentación de la sentencia acerca del artículo 19 de la Constitución  Nacional parece olvidar que el limite infranqueable de esa norma es la  afectación de derechos de terceros, lo que se da en el caso, pues lo que  pretenden las peticionarias es poner fin a la vida de Marcelo Diez, lo que  –indudablemente- afecta sus derechos.

Además de ello, y  pese a que fue solicitado por lo menos en dos oportunidades, se desprende de la  sentencia que el Tribunal omitió tomar conocimiento directo de la  situación de Marcelo Diez.

En su parte  resolutiva, la sentencia se limita a “I. DEJAR SIN EFECTO las sentencias dictadas en las  instancias anteriores a fs. 819/825vta. y 877/891vta., con  sustento en el Art.19 de la Constitución Nacional; Art.23 de la Constitución  Provincial y Arts.2, Inc. e); 5, Inc. g); y 6, 2da parte, de la Ley Nº 26.529  modificada por Ley Nº 26.742. II. En virtud del control de  constitucionalidad que a este Cuerpo atañe y demás fundamentos vertidos en los  considerandos del presente, DECLARAR que no corresponde que  este Tribunal se expida respecto de la petición expresada por A. I. D. y A. S.  D. a fs.418/426, ya que tal cuestión no requiere de autorización judicial y,  consecuentemente, deberá tramitar dicha petición conforme a las prescripciones  de la nueva Ley de Derechos del Paciente Nº 26.529 modificada por la Ley Nº 26.742, reglamentada por  Decreto Nº 1.089/12. ”, pero eso no debería abarcar a las medidas de  cuidado ordinarias, como la alimentación e hidratación o el uso de tratamientos  antibióticos para la cura o prevención de infecciones

Por lo que se sabe,  las hermanas de Marcelo Diez habrían presentado a la institución donde éste es  atendido un escrito prohibiendo que se le suministre todo tipo de medicamentos,  las visitas y los masajes que le aplicaban, lo que excede en mucho las  previsiones de la ley que, expresamente dispone que el rechazo de determinados  procedimientos extraordinarios “no significará la  interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio  del sufrimiento del paciente.” (artículo 2º inc. e, Ley Nº 26.529 modificada  por Ley Nº 26.742), estableciendo,  además, que “Las directivas deberán  ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar  prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.”  (artículo 11, primer  párrafo, al final, Ley Nº 26.529 modificada por Ley Nº  26.742).

Otra cuestión radica  en el hecho de que si bien en la ley se hace referencia a supuestos de  “enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal”,  durante el tratamiento de la ley en el Senado esas expresiones fueron criticadas  porque parecían referirse a situaciones alternativas, por lo que el informante  (Senador Cano) expresó que serían materia de aclaración por vía reglamentaria.  Consecuentemente, en el artículo 2º, inciso e), párrafo tercero del Anexo I del  Decreto Nº 1089/2012 se estableció que “El paciente podrá ejercer el derecho  previsto en el artículo 2°, inciso e), tercer párrafo de la Ley Nº 26.529,  modificada por la Ley Nº 26.742, cuando padezca una enfermedad irreversible,  incurable y se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo  coloquen en igual situación.”. La desaparición de la conjunción  disyuntiva “o” y su reemplazo por la conjunción copulativa “y”, da la pauta que  la normativa exige que la enfermedad sea irreversible o incurable y que, además,  se encuentre en estadio terminal, situación ésta última que no se da en el caso  de Marcelo Diez.

Cabe preguntarse  finalmente si la decisión a la que se ha arribado en el caso no implica, de  alguna manera, violación de las disposiciones de la CONVENCIÓN SOBRE LOS  DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, aprobada por Ley Nº 26.378 y  ratificada posteriormente en sede internacional, que, merced a lo dispuesto por  el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior  a las leyes ordinarias, y cuyo texto se puede consultar en el  link

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NOTIVIDA, Año XIII, Nº 881, 2 de mayo de  2013

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