Río Madera – Anticooperación española

¿Qué ocurre cuando un proyecto de cooperación interfiere negativamente en la población beneficiaria y la empobrece aún más? Este fenómeno, bautizado por un sector de las ONG como “anticooperación”, cobra una alarmante importancia en estos tiempos de crisis donde las multinacionales disfrazan como ayuda sus verdaderos intereses comerciales. Aquí presentamos un resumen del informe realizado por varias asociaciones, sobre el proyecto que está llevando a cabo un consorcio de empresas, con el apoyo de los gobiernos de Brasil y Bolivia, para construir tres enormes represas en la cuenca amazónica. Más allá de los supuestos beneficios a gran escala, SETEM, ODG y VSF denuncian los efectos negativos que traerá este proyecto, participado por el Banco de Santander, sobre la población local. Algo de lo que no se habló en estos días en la Cumbre sobre el Clima celebrada en Cancún.

 

Es posible acercarse a las relaciones de desigualdad Norte-Sur, desde la perspectiva de la “Anticooperación” [1], la cual nos permite explicar la responsabilidad que los grandes grupos de interés de los países desarrollados, llamados “del Centro”, tienen en el empobrecimiento de las sociedades periféricas. Este paradigma se sustenta en tres hipótesis: los contextos en los que viven los habitantes de la Periferia dependen en gran medida de decisiones y actitudes de habitantes de Centro; la Cooperación al Desarrollo constituye una contribución inferior a las interferencias negativas generadas en la Periferia por los países del Centro; la mayoría de estas consecuencias negativas son producidas a partir de la lógica de empresas y Estados que aspiran a crecer y asegurarse recursos y mercados.

En el informe “El “Complejo del Río Madera: un caso de Anticooperación española”, elaborado por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Veterinaris Sense Fronteres (VSF) y SETEM, se apunta uno de los más preocupantes conflictos sociales, económicos y ambientales implicados por el pujante desarrollo e integración de las megainfraestructuras en América del Sur. Y lo hace en el marco de la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas (IIRSA), y que cuenta con el apoyo del Banco Santander.

Dicha iniciativa implica la interconexión con los centros urbanos y los puertos de exportación, de las zonas menos integradas de América del Sur, pero estratégicas del punto de vista de la extracción de recursos naturales y del tránsito de mercancías. Diseñada de acuerdo con una “visión de negocios”, prioriza una vinculación con los mercados globales. Si bien promueve activamente la inversión privada, en su seno cobra gran importancia el financiamiento público y consecuente incremento de la deuda externa de los países de la región. En el marco de IIRSA, se implementa actualmente el “Complejo del Río Madera”, mediante la construcción en la Amazonía boliviano-brasileña de las megarepresas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio (Brasil), y de Cachuela Esperanza (Bolivia).

Si consideramos los impactos de Jirau y Santo Antônio, observamos que tanto del punto de vista sociocultural como ambiental, son de una magnitud que no ha sido contemplada por las autoridades brasileñas, y que afectan de manera sustancial al territorio boliviano. Es el caso, por ejemplo del régimen hidráulico, que implicará la sobre elevación del agua en el tramo binacional, con el riesgo de inundar parte de la amazonía boliviana. Asimismo, desde la primera etapa de construcción de Santo Antônio, se ha evidenciado la pérdida de fauna acuática e incrementado el riesgo de contaminación del agua por mercurio, lo cual puede implicar riesgos para la salud de los lugareños, tanto en la ingestión directa de agua, como mediante la pesca.

La inundación implica también la pérdida de tierras para la producción agrícola y ganadera, y para la recolecta de castaña, que representa una fuente de trabajo real para gran parte de la población boliviana que habita la región. Se corre también el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas que pueden extenderse gracias al estancamiento de aguas generado por las represas. Dadas las condiciones de marginación de la población local, que cuenta con escasos recursos y con un acceso a centros de salud muy reducido, su vulnerabilidad ante las enfermedades mencionadas es aún mayor. Por todo ello, el proyecto implicará una expulsión de las poblaciones locales y su migración hacia las zonas urbanas, realidad ya visible en el área de construcción de las represas en Brasil. Los impactos socio ambientales afectarán también gravemente los territorios de diversos Pueblos indígenas, entre ellos, uno en aislamiento voluntario en territorio boliviano.

Se debe destacar que la implementación del “Complejo del Río Madera”, incluyendo las tres represas, vulnera y viola un considerable número de Principios y Artículos vigentes en Instrumentos y/o Declaraciones Internacionales que han sido firmadas, ratificadas y/o apoyadas por los Gobiernos de Brasil y de Bolivia y que son citados en el informe. Por ello, se recomienda a ambos Gobiernos que se detenga la implementación del conjunto de estos proyectos; que se haga una auditoria ambiental independiente, sobre los daños sociales y ambientales producidos hasta la actualidad en el proceso de construcción de las represas; y que se consulte con los pueblos y comunidades campesinas indígenas de la zona, de manera informada y transparente, devolviéndoles así su derecho a la autodeterminación y a diseñar un modelo de desarrollo propio.

Por otra parte, es importante subrayar el papel activo que ha jugado, en el financiamiento del proyecto, el Banco Santander, el cual llegó a tener 10% de las partes del Consorcio que obtuvo la licencia para la construcción de la represa de Santo Antônio. Probablemente a raíz de la presión de la sociedad civil, el Banco disminuyó su participación, hasta vender la totalidad. No obstante, mantiene un papel importante, ya que es el “Banco-Agente”, liderando al grupo de entidades bancarias que financian a Santo Antônio. El protagonismo del Santander en este caso indica el incumplimiento de las Convenciones y Protocolos Internacionales a las cuales pretende acogerse de acuerdo con su propia política de “Responsabilidad Social y Ambiental”, además de los “Principios de Ecuador”, que ha suscrito, y que indican la necesidad de verificar la sostenibilidad de los proyectos de alto y medio impacto socio ambiental antes de proceder al financiamiento. Ante esta situación, concluimos que el papel del Banco Santander en el “Complejo del Río Madera” constituye un caso flagrante de anticooperación española, y de financiamiento irresponsable.

Se debe resaltar asimismo la no-intervención del Gobierno español en el caso del Madera, lo cual se sitúa en contradicción con el Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012), y en particular con el principio asumido de “Coherencia de Políticas para el Desarrollo”. Además, este Gobierno ha firmado y ratificado un número importante de Instrumentos y/o Declaraciones Internacionales, que son incumplidos en el caso de Madera con complicidad del Santander. Peor aún: la actual política gubernamental de respuesta a la crisis económica tiene, entre sus componentes principales, el apoyo con fondos públicos a las empresas españolas, buscando promover su internacionalización.

Tal es el sentido de la Ley de Economía Sostenible, que incluye cláusulas para facilitar el acceso del capital español a los mercados emergentes. A su vez, la Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española, aprobada el 10 de junio de 2010, ha creado el Fondo de Internacionalización de la Empresa Española (FIEM), que incrementará en gran medida la Deuda externa, ofreciendo créditos a los gobiernos y empresas de países terceros que adquieran los bienes y servicios de las empresas españolas.

Estas políticas son aplicadas sin tener en cuenta que 9 de las 27 empresas europeas juzgadas en Madrid en mayo del 2010, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, eran españolas. Fueron denunciadas por violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y de los derechos de los Pueblos. Así, la irresponsable participación financiera del Santander en el “Complejo del Río Madera”, no es una excepción, sino más bien una práctica reiterada en el actuar de las empresas transnacionales españolas en los países del Sur.

Por esta razón, en el informe se recomienda al Gobierno español que intervenga ante el Banco Santander para que detenga completamente su participación en el financiamiento del “Complejo del Río Madera”, como “Banco-Agente”. Asimismo, el Gobierno debe admitir que con su actual política de apoyo a la “internacionalización de la empresa española” con fondos públicos, anticoopera, es decir, interfiere negativamente en el bienestar de las poblaciones más empobrecidas. Finalmente, debe abstenerse de apoyar con fondos públicos a las empresas españolas, mientras no existan los mecanismos necesarios para el monitoreo de las actividades de estas empresas en el exterior, contemplando instrumentos de sanción por los impactos sociales, ambientales, económicos y laborales generados ante todo en los países más empobrecidos. Estos mecanismos deben además permitir el cumplimiento obligatorio (y no únicamente voluntario) por parte de las empresas españolas, de los Instrumentos y Pactos Internacionales firmados y ratificados por el Estado español.

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