Retos sociales en América Latina

LA PROBLEMÁTICA SOCIAL
Una rápida mirada a aspectos fundamentales de la “cuestión social” en América Latina ayudará a contextualizar las necesidades aún insatisfechas de millones de personas, situación que afecta con mayor profundidad a mujeres, niños y jóvenes, por citar sólo tres grupos específicos entre otros sectores altamente vulnerables. Esto implica, por ende, no solamente asignaturas pendientes de los estados de la región, sino también preguntas políticas y morales para cada sociedad nacional.

En 2007, un 34,1% de la población se encontraba en situación de pobreza, mientras que un 12,6% estaba en la extrema pobreza o indigencia. Así, el total de pobres alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes. Sin embargo, gracias a que en el quinquenio 2003-2007 se registró el mayor crecimiento del PBI por habitante desde los años setenta en América Latina, superando el 3% anual, los niveles de pobreza mostraron una tendencia descendente desde 2002, al menos hasta 2007.

Por su parte, el desempleo ha seguido siendo elevado, en consonancia con la tendencia creciente desde los años noventa. Hacia 2006 superaba por 2,4 puntos porcentuales el nivel de 1990. A pesar de las mejoras producidas desde 2002, en la gran mayoría de las áreas urbanas de la región persisten aún fuertes inequidades, que se expresan en mayores tasas de desempleo entre los pobres, las mujeres y los jóvenes. Al mismo tiempo, el empleo en sectores de baja productividad es por lo general precario y se caracteriza por la inestabilidad laboral, las bajas remuneraciones y la falta de acceso a la seguridad social, lo que en general se denomina “informalidad laboral”. En las áreas urbanas de América Latina, en 2006 el porcentaje de trabajadores informales era de un 44,9% sobre el total de la población en condiciones de trabajar.

Ante este panorama de pobreza, desempleo y empleo informal, si el reto es construir sociedades más justas y equitativas, el problema más serio es la desigualdad. Según datos bien fundamentados, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, en la cual persiste una notable disparidad distributiva. El ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el 10% más rico de la población supera cerca de 17 veces al del 40% de los hogares más pobres. Sin duda, la desigualdad constituye, en síntesis, el problema más crucial de la estructura social latinoamericana.

A este escenario se suma la exclusión social de vastos sectores de la población, con problemas no sólo laborales, de pobreza y de desigualdad, sino también de acceso digno a otras dimensiones de la vida en sociedad, como el espacio público y el desarrollo tecnológico y cultural, además de la marcada dificultad para constituirse en protagonistas importantes de la vida política de sus respectivos países.

En síntesis, esta aproximación al escenario social de la región sin duda incompleta e incapaz de captar la heterogeneidad que la caracteriza, muestra que en América Latina subsisten retos históricos y asociados a causas estructurales, lo cual plantea desafíos a futuro e interpela, al mismo tiempo, las acciones públicas recientes con que se intentó enfrentar esos problemas.

¿HACIA UNA NUEVA ETAPA DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REGIÓN?
El impacto muchas veces negativo de las reformas de los años noventa en política social se expresa de diversos modos, todos ellos vinculados a la permanencia e incluso la profundización de muchos de los problemas sociales mencionados. La falta de calidad educativa (incluyendo la marcada deserción de los jóvenes del nivel secundario), los problemas agudos en materia de prevención sanitaria, el deterioro en términos de hábitat y vivienda, las carencias en seguridad alimentaria, son sólo cuatro ejemplos de asignaturas pendientes en el campo de las políticas sociales. Estas se combinan de modo negativo con notorias dificultades para asegurar que cada hogar cuente con los ingresos mínimos indispensables para acceder a una digna canasta de bienes y servicios.

Hoy se espera que, entre otras cuestiones, la política social contribuya a equilibrar y restaurar aquello que la dinámica del mercado rompe: los lazos sociales, la confianza social, la solidaridad, el sentimiento compartido de pertenecer a una misma comunidad nacional. Por ello se asigna especial importancia a las políticas ligadas al bienestar desde la perspectiva de los derechos ciudadanos y a las políticas que abren espacios de convivencia y cooperación. ¿Será acaso esta una época donde América Latina se encamine decididamente hacia sociedades más integradas, que sostengan un mayor desarrollo económico y también una mejor democracia? La posibilidad de avanzar hacia una nueva etapa en la política social latinoamericana se da en el marco de tres procesos más generales pero íntimamente ligados entre sí. Primero, se produce en un contexto en el que precisamente las democracias de la región, aún con problemas y dificultades, están consolidadas; segundo, en consonancia con un importante crecimiento económico regional que duró varios años, al menos hasta la crisis que afectó al mundo en el año 2008; y tercero, durante un período de avances en la recuperación del rol del Estado, aspecto común, aún con matices importantes, a gobiernos que representan ideologías diversas.

De este escenario emerge la posibilidad de revalorizar un concepto central en la historia de la acción del Estado ante los problemas sociales: “la protección social”. Se trata de una idea que apunta a reconocer la importancia de no limitar el rol del Estado a intervenir sólo en las situaciones de extrema pobreza y crisis social, y a afirmar que sus responsabilidades son más amplias y permanentes en términos de promover derechos, redistribuir oportunidades y proteger el bienestar básico de todos los habitantes. Implica, en suma, dejar atrás una concepción “minimalista” de la política social, que fue moneda corriente en América Latina pocos años atrás.

HOY SE ESPERA QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES, LA POLÍTICA SOCIAL CONTRIBUYA A EQUILIBRAR Y RESTAURAR AQUELLO QUE LA DINÁMICA DEL MERCADO ROMPE: LOS LAZOS SOCIALES, LA CONFIANZA SOCIAL, LA SOLIDARIDAD, EL SENTIMIENTO COMPARTIDO DE PERTENECER A UNA MISMA COMUNIDAD NACIONAL.

Todo sistema de protección social debería ser capaz de armonizar virtuosamente valores, formas factibles de financiarse y modalidades novedosas de gestión. En primer lugar, es una buena noticia que América Latina empiece a reconocer la importancia de construir (en algunos casos, reconstruir) políticas sociales universales –es decir, que todos los ciudadanos puedan acceder al bien o servicio en cuestión más allá de su poder adquisitivo o condición social–, aun cuando en ciertas ocasiones, para llegar a ese objetivo, haya que focalizar en sectores de la población que por diversas razones no estén accediendo a condiciones mínimas de bienestar. En segundo lugar, la experiencia muestra que todo sistema de protección social debe armonizarse con una macroeconomía sana, y en ese sentido no sólo se requieren gobiernos dispuestos a ahorrar en tiempos de bonanza para invertir más en lo social en momentos de crisis, sino también una combinación de aportes específicos de los propios ciudadanos (por ejemplo, en materia de pensiones para quienes están insertos en el mercado formal de trabajo) con aportes directos del Tesoro nacional, a través de una eficiente y equitativa recaudación (y uso) de impuestos. Finalmente, es importante tener en cuenta que una buena gestión del sistema de protección social puede nutrirse de viejas y de nuevas tecnologías de gestión, incluyendo mecanismos recientes que han resultado efectivos para aumentar la concurrencia de niñas y niños latinoamericanos a las escuelas y los centros de salud, como lo expresa muy bien el reconocido caso del Programa Bolsa Família en el Brasil.

En este escenario de tensiones relevantes, es importante reconocer que el acceso y usufructo de la protección social resulta un derecho fundamental de las personas y que en un mundo complejo, cambiante y desigual se requiere en muchos casos apoyo estatal para protegerse de los riesgos en la salud, el mercado laboral, el hábitat, por citar sólo tres ejemplos.

A MANERA DE AGENDA
Los problemas sociales de la región combinan pobrezas diversas, desigualdades varias, exclusiones múltiples y vulnerabilidades novedosas; enfrentarlos mediante políticas públicas (entre ellas, la protección social) plantea cruciales desafíos:

-El primero de todos se vincula a la renovada agenda de la redistribución, sea esta de oportunidades, de ingresos o de recursos de poder. En América Latina persisten en esta materia asignaturas pendientes importantes, y el siglo XXI vuelve a colocar en primer plano las deudas morales y políticas de la que evidencia ser la región con mayores desigualdades del mundo.

-Por otro lado, es necesario que el Estado sea un promotor fundamental de oportunidades para todos los habitantes. Fortalecer el capital humano de todos, por ejemplo en los ámbitos de la educación, la capacitación permanente y la salud, es una tarea prioritaria. Promover infraestructura social y facilitar amplio acceso a los avances tecnológicos constituyen otros caminos bienvenidos para que las oportunidades de movilidad social ascendente y construcción de proyectos de vida no queden limitadas a los sectores más favorecidos de la sociedad.

-Por último, es tarea primordial del Estado reaccionar a tiempo ante las emergencias a las que suelen verse sometidos los sectores más pobres y vulnerables del subcontinente, sea por crisis económicas, por desastres naturales o por episodios de carácter más individual o familiar. De manera que todo buen sistema de protección social debe articular una perspectiva de largo plazo sostenida en un enfoque de derechos, con una mirada siempre presente en el día a día, en tanto la calidad de vida de los latinoamericanos se construye, para bien o para mal, precisamente a cada instante. Y la atención rápida de las emergencias debería complementarse, por ejemplo, con una preocupación permanente por asegurar una plena seguridad alimentaria para el conjunto de la población.

AVANZAR EN LA INTEGRALIDAD HABRÁ DE REQUERIR, ADEMÁS, UNA MAYOR Y MEJOR COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS, DE MODO TAL QUE LAS POLÍTICAS SOCIALES PROMUEVAN PLENA CIUDADANÍA Y NO ARGENTINOS DE PRIMERA Y ARGENTINOS DE SEGUNDA.

Las políticas y programas decididos e instrumentados por el Estado para enfrentar estos tres desafíos no podrán estar divorciados de transformaciones que acontezcan y están ya aconteciendo en el mercado, la comunidad e, incluso, la propia familia. Por el contrario, se las debe reformular en sinergia con estas mutaciones para avanzar en la reconstrucción del tejido social y, al fin, en la efectiva concreción del tan ansiado, declamado y postergado desarrollo social latinoamericano.

UNA MIRADA A LA ARGENTINA
La Argentina ha sido históricamente una referencia importante para América Latina en términos de desarrollo social. La construcción temprana del acceso universal a la educación y el salto cualitativo que implicó la emergencia del peronismo, que plasmó y llevó a la práctica importantes derechos sociales y laborales, convirtió al país en uno de los más avanzados en materia social.

Las crisis políticas y económicas afectaron, y mucho, el sistema de política social que se había ido construyendo con el paso del tiempo. Golpes militares, hiperinflaciones, gobiernos despreocupados por el papel del Estado y vulnerabilidad de la economía nacional dieron como resultado retrocesos importantes en los indicadores sociales, hasta llegar a la enorme crisis de 2001.

Los años que siguieron a esa crisis han constituido una época de mayor protagonismo estatal en lo social, como lo demuestran la creación de millones de puestos de trabajo (hoy con problemas para mantener esa tendencia positiva) e importantes transformaciones generadas en el campo de la educación, la salud y la seguridad social. No obstante, siguen siendo muchas las asignaturas pendientes, en especial, la necesidad de responder con mayor integralidad a los problemas de pobreza y desigualdad, que aún constituyen dolorosas “señales de identidad” de la Argentina actual.

Una mayor integralidad implicaría, por ejemplo, que reformas tan significativas como la nueva Ley de Educación (y la Ley de Financiamiento Educativo), la reforma previsional, los cambios introducidos en la salud pública y en los programas masivos frente a la pobreza, generasen sinergias mutuas y no quedasen encerradas en la lógica propia de cada sector. Avanzar en la integralidad habrá de requerir, además, una mayor y mejor coordinación entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios, de modo tal que las políticas sociales promuevan plena ciudadanía y no argentinos de primera y argentinos de segunda.

En suma, queda camino por recorrer en múltiples direcciones, pero en especial en dos: hacia una reforma estatal que aumente la equidad y la eficiencia de las políticas sociales y hacia un “federalismo social” que, atendiendo a la heterogeneidad del país, promueva mayor igualdad para todos.

La reciente medida de expansión de las asignaciones familiares a la niñez constituye un hito importante en estas direcciones, en tanto aborda una dimensión necesaria (más no suficiente) de un apropiado enfoque integral: los ingresos básicos que requiere cada hogar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *