Régimen disciplinario en los centros penitenciarios

Durante la visita in loco de la Comisión se señaló que no existía en el sistema penitenciario dominicano, ni en las prisiones, ningún reglamento o manual para el tratamiento de los reclusos. El Director General de Prisiones reconoció durante la visita de la Comisión a las cárceles que «la disciplina se ha impartido tradicionalmente sobre la marcha, dado que no existía un sistema o régimen para el manejo de las cárceles y el tratamiento de los reclusos».

Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos señalan, a este respecto, que la conducta que constituye una infracción disciplinaria y el carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar deberán ser establecidos por ley o por reglamento de la autoridad administrativa competente.

Las Reglas Mínimas también señalan que las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante son absolutamente prohibidas como sanciones disciplinarias.

La Comisión visitó la celda de castigo en el centro penitenciario de La Victoria y observó las condiciones de insalubridad en que se encontraba: húmeda, obscura y sin ventilación. La Comisión considera que no cumple con los estándares internacionales referidos sobre el castigo disciplinario que se puede imponer a un recluso. El Director General de Prisiones informó a la Comisión que los planes de remodelación para la Prisión La Victoria incluían la construcción de una celda de castigo que cumpliría con todos los estándares internacionales.

El Gobierno señaló recientemente que con el nuevo Manual Disciplinario del Recluso se habían suprimido las celdas de castigo, y actualmente se construían celdas unipersonales, de las cuales se retirarían los privilegios y comodidades, de acuerdo a la etapa de seguridad en que se encontrase el reo.

Finalmente, la Comisión recibió denuncias señalando que en algunos de los centros de detención en el país, los guardias y administradores cometen actos de violencia en contra de los reclusos.

Dicho trato violaría la clara disposición del artículo 5(1) de la Convención, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral». El inciso 2 del mismo artículo también establece que:

Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

En las observaciones que hiciera el Gobierno de la República Dominicana al Proyecto de Informe, expresó que la Procuraduría General, con el apoyo de dos organizaciones no gubernamentales, Pro Familia y Participación Ciudadana, había puesto en marcha una campaña sobre «los derechos de la persona detenida», donde se recogían las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, la Constitución de la República y la Ley Nº 224, las cuales indicaban la obligación de respetar la integridad física, mental y moral del detenido.

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