PERU : pueblos originarios

PERÚ

La población indígena en Perú no es fácil de cuantificar. El censo de 2007 establecía en más de 24 millones de habitantes los del país, de los que más de 4 millones son indígenas. El criterio utilizado para la identificación de los indígenas fue el de “lengua nativa aprendida” y en función del mismo la proporción étnica es de un 83’11% quichua, 10’92% aymara, 1’67% asháninka y un 4’13% hablaría otras lenguas, con el castellano como la segunda en utilización. Sin embargo, si se hubiese utilizado otro criterio que no hubiese sido el de la lengua –los criterios condicionan las cantidades, dicen los sociólogos- el número de indígenas en Perú puede acercarse mucho a los 10 millones, si no es que se sobrepasa esta cifra: el censo de 1993 cuantificaba en 8.793.295 los indígenas, de los cuales el 97,8% eran andinos -90,9 % quichuas o kichwas y 6,9 % aymaras- y el 2,1 % amazónicos.

Perú es uno de los países donde el término “indígena” no gusta ni a quienes lo son. En las comunidades andinas y costeñas son muchos quienes no se autoperciben como indígenas porque hacen todo lo posible por no serlo aunque desciendan de los primeros habitantes del país. Especialmente quienes se adscriben a la clase media y tienen algún tipo de profesión liberal: médicos, ingenieros… o policías. De ahí la diferencia entre unos censos y otros y la “desaparición” de casi cinco millones de “indígenas” en diez años. Todavía sigue vigente esta estrategia de “desindigenización” que llevó a muchos a renegar de su lengua y cultura.

En el área de la costa-andina existirían 5.680 comunidades indígenas, pero muchas de ellas están consideradas no como tales sino “campesinas” por razones históricas que se abordarán más delante de forma sucinta. Lo mismo pasa con las comunidades indígenas denominadas “nativas” y de las que, tomando como referencia el censo más reciente, habría en Perú 1.786 pertenecientes a 60 etnias:[1] achual, aguano, aguaruna, awajún, amahuaca, amarakaeri, amuesha, arabela, arazaeri, asháninka, ashéninka, bora, candoshi-murato, capanahua, caquinte, cashibo-cacataibo, cashinahua, chamicuro, chayahuita, cocama-cocamilla, cujareño-iñapari, culina-madija, ese ejja, huachipaeri, huambisa, huitoto-meneca, huitoto-muiname, huitoto-murui, iquito, isconahua, jebero, jíbaro, kisamberi, kichwaruna, lamas, marinahua, mastanahua, matsiguenga, mayoruna-mayoruna, morunahua, muniche, nomatsiguenga, ocaina, omagua, orejón, parquenahua, piro-yine, pisabo, pukirieri, quichua, resígaro, sapitieri, sharanahua, secoya, shipibo-conibo, ticuna, toyoeri, urarina, yagua, yaminahua y wampís.

De todos estos pueblos, 51 residen en el Amazonas peruano –sumando un total algo superior a las 300.000 personas- y dos de ellos, marinahua y resígaro están al borde de la extinción puesto que sólo contaban con 20 y 37 miembros, respectivamente, en el momento de realizar el censo de 2007. No se empadronó a otros, como los cujareño, isconahua, morunahua, parquenahua, pisabo, omagua, aguano, muniche y taushiro “debido a que algunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidos por otros pueblos, además de existir etnias que por su situación de aislamiento es muy difícil llegar a ellas”.[2] Dos de los mencionados, isconahua y morunahua permanecen en aislamiento voluntario, así como los chitonahua y varios grupos identificados como pertenecientes a los matsiguenga y amahuaca (ubicados básicamente en el departamento de Madre de Dios). No se sabe a ciencia cierta cuántos pueblos o grupos de ellos permanecen aislados; la cifra varía entre los 14 y los 20. Incluso desde el gobierno actual, presidido por Alan García, y a pesar de lo que indica el censo realizado por una instancia oficial como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se cuestiona su existencia con el científico argumento de que “nadie les ha visto” o que son “una invención de los grupos ambientalistas” y así permitir la actividad hidrocarburífera en la Amazonía. Es este tipo de actividades, caucheras en el pasado, madereras y petroleras en épocas más recientes o la actual tala ilegal de caoba, el “oro rojo” de la Amazonía, la que empuja cada vez más a estos pueblos hacia la amazonía fronteriza con Brasil. La constatación en 2007 de la existencia de un grupo de unas 20 personas migrando hacia Brasil[3] por parte de una sociedad científica alemana –Sociedad Zoológica de Francfort- mientras investigaba el sureste de la selva peruana para documentar la presencia de madereros ilegales dejó en evidencia al gobierno y certificó lo que ya se sabía.

La “arremetida desarrollista” en la Amazonía peruana, en nada diferente de la que se produce en otros países, ha hecho que de los más de 73 millones de hectáreas que tiene de extensión aproximada se hayan “colonizado” más de diez y otra cantidad similar haya sido otorgada a diferentes empresas para su explotación, además de los 25 millones de hectáreas declarados Bosques de Producción Permanente por el Estado para otorgar concesiones forestales. El resto, o bien están en manos del Estado (11 millones) o han sido calificadas como área protegida (12 millones). Una extensión similar es la que se pretende otorgar a los pueblos indígenas –recordemos que 51 de los 60 del Perú residen en esta zona- como tierras propias.

La política gubernamental, de corte claramente capitalista neoliberal, ha favorecido la aprobación de un Tratado de Libre Comercio con EEUU –la denominación oficial es Acuerdo de Promoción Comercial, ante el rechazo que suscitaba entre la población- que ha supuesto la elaboración de casi un centenar de decretos legislativos que reestructuran el sistema jurídico y debilitan no sólo el marco ambiental sino los derechos colectivos de los pueblos indígenas. De forma muy significativa en la Amazonía donde, de hecho, las empresas mineras y petroleras pueden actuar a sus anchas. En el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) se está desarrollando un proyecto de construcción de carretera interoceánica que unirá Brasil y Perú y que tendrá efectos devastadores no sólo en términos ambientales, sino en los humanos puesto que afecta directamente al hábitat de los pueblos que se mantienen voluntariamente aislados. La carretera facilitará la penetración migratoria, la invasión de tierras para todo tipo de explotaciones y, en último término, la desaparición física de estos pueblos que se supone están compuestos por apenas unos centenares de componentes.

En Perú, al igual que en otros países, hay una interrelación negativa entre poderes económicos y derechos indígenas. Son los primeros quienes deciden qué tipo de derechos se concede o reconoce a los segundos en función de sus intereses corporativos. Y como atestiguan los constantes casos de corrupción política –el penúltimo de ellos conocido, en 2008, llegó a provocar la caída del gobierno- el cambio de leyes está influenciado por ellos. Así, una cosa es la ratificación de convenios internacionales, otra la inclusión de los aspectos que recogen esos convenios en la Constitución y otra muy diferente la aplicación de todo ello. Si por muy moderada que sea la relación de derechos en la normativa legal su puesta en práctica, así sea de forma muy tímida, perjudica la expansión económica de los grupos de poder se cambia la ley y listo. Es lo que sucedió en 2005 con la aprobación de un decreto legislativo para “unificar los procedimientos de las comunidades campesinas de la Sierra y de la Selva con las de la Costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria”. Es decir, adiós al derecho de las comunidades indígenas no ya a ser consultadas, sino a decidir sobre su territorio que, con la ley en la mano, queda ofrecido a las empresas en aras del progreso y del desarrollo.

Perú, pese a ser un país con una población indígena muy numerosa, no se ha caracterizado por tener unas organizaciones indígenas similares a las de los demás países andinos, Ecuador y Bolivia. Una de las razones que se aducen para tal hecho es, por una parte, que han primado los intereses de clase sobre los de etnia y, por otra, una sistemática política gubernamental –iniciada en la década de 1960 que terminó siendo interiorizada por la población- que consideraba el término “indígena” como peyorativo y ligado a las estructuras coloniales aunque, al mismo tiempo, ya se había iniciado un proceso de “desindigenización” de motu propio y se prefería el término “campesino” para referirse a ellos. Así, las comunidades indígenas pasaron a ser comunidades campesinas y este hecho favoreció tanto el desarrollo de organizaciones armadas, en especial Sendero Luminoso –con un alto componente indígena en sus filas-, como la estrategia gubernamental de “rondas campesinas” para enfrentar al movimiento senderista.

Este fenómeno lingüístico y sociológico apenas llegó a la Amazonía, donde también la política gubernamental había cambiado el término “indígena” por el de “nativo” e iniciado una tímida entrega de tierras (244 títulos de propiedad) cuando se puso en vigor una Ley de Comunidades Nativas en 1978. La Constitución no mencionaba a los indígenas sino en esas dos vertientes, campesinos y nativos, aunque sí les reconocía “con derechos a la tierra comunal con carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Cuando se modificó la Carta Magna en 1993 todo ello quedó muy debilitado y, en la práctica, desaparecieron esos derechos al promoverse de forma legal y constitucional la inversión privada sobre los recursos naturales existentes en tierras indígenas.

No fue hasta el año 2001 cuando, en el marco del II Congreso Nacional de la Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), se comenzó a exigir retomar la identidad de indígena “como un derecho inalienable para usar un estatus jurídico internacional, que hoy se reconoce”. Los indígenas peruanos se sumaban así a la tendencia internacional y a la reivindicación de sus derechos, al tiempo que se comenzaban a desmarcar con claridad de la retórica oficial y a integrar el discurso étnico con el de otros pueblos andinos y amazónicos. Hasta ese momento sólo la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) tenía presencia en el país desde la década de 1980, habiendo manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la explotación de hidrocarburos en la Amazonía[4] y solicitando con insistencia el cumplimiento por Perú del Convenio 169 de la OIT –del que es signatario desde 1993- en lo referente a la consulta previa.

Bajo el impulso de ese congreso se constituyó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) en 2006. Hábilmente recogió este sentir de recuperación de lo indígena un candidato a las elecciones presidenciales de ese año y se granjeó así el apoyo incondicional de la mayoría de los indígenas. Era no sólo un reconocimiento a algo que nunca se había producido en el país, sino un rechazo a la política tradicional que, sin embargo, logró imponer a su candidato, eso sí, de una forma muy ajustada. En lo que pareció una venganza por este posicionamiento político de los indígenas el nuevo gobierno decidió disolver en Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y reducirlo a una Dirección de Pueblos Originarios que ubicó dentro del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. El retroceso era evidente, si es que había habido algún progreso en la cuestión indígena. Los pueblos originarios habían interiorizado la jurisprudencia internacional mientras el gobierno demostraba que sólo lo hacía cosméticamente. El bochorno interno, y sobre todo internacional, hizo que en 2008 se anulase esa decisión. Pero anular algo no significa rectificar y el gobierno peruano no está dispuesto a ello. El presidente del país, Alan García, publicó una serie de artículos en la prensa con el título genérico de “El perro del hortelano”[5] en los que mantenía que las comunidades indígenas –tanto andinas como amazónicas– no son más que instituciones retrógradas e incapaces de generar desarrollo por mantener tierras “ociosas” e “improductivas” y “vivir en la pobreza”. He aquí una perla del pensamiento presidencial: “Hay millones de hectáreas que las comunidades [indígenas] y asociaciones no han cultivado ni cultivarán. Hay recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano”.

Esta conceptualización, típicamente oligárquica y racista sobre el “ser indígena” tiene un claro enfoque reduccionista y una intencionalidad muy clara: integrar a los indígenas al estilo de desarrollo dominante, con su cultura y normas inherentes, sin considerar ni un ápice su identidad y valores propios. O sea, se mantiene la idea de que los indígenas deben ser integrados dentro del conjunto de valores nacionales bajo la bandera del progreso siguiendo un estilo muy semejante al que desarrollaron los “extirpadores de idolatrías” cuando impusieron el cristianismo a las masas indígenas. Entonces era la religión, hoy la economía del libre mercado.

Con un pensamiento de este nivel y emitido por la primera autoridad del país no puede sorprender que la actitud del gobierno haya sido la del desconocimiento de los escasos títulos de propiedad de las comunidades indígenas. Por ende, se modificó el reglamento de ley de áreas naturales protegidas derogando todo lo referido a conservación municipal para favorecer la penetración de empresas relacionadas con los hidrocarburos y la minería, lo que sólo en este aspecto económico supuso que las concesiones mineras aumentasen un 87%.

Este modelo económico, basado en las actividades extractivas, había generado la aparición en los albores del año 2000 de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). En las comunidades campesinas, en plena reconstrucción tras la violencia interna de la que fueron víctimas, esta política económica profundizó la situación de pobreza y vulneración de sus derechos colectivos, especialmente los referidos a las tierras y la autonomía comunal para decidir su uso. Este tema fue el que provocó una confluencia, esperada, con el movimiento indígena que se estaba gestando y que habiendo avanzado bastante se encuentra aún con el reto de consolidarse como actor político. Elementos como el idioma, el gobierno comunal, el territorio, la vestimenta, las costumbres o la espiritualidad, que constituyen lo vivo en los Andes, se comienzan a poner en evidencia como símbolos indígenas en muchas organizaciones peruanas y comienza a madurar como expresión política no sólo reivindicando el derecho al territorio, a los recursos naturales y al desarrollo propio.

El gobierno no podía ser ajeno a este proceso y se vio obligado a impulsar algunos cambios aparentes en su política hacia los pueblos originarios. A finales de 2008 el Congreso aprobó un proyecto de ley que regula el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas con el objetivo de reglamentar la práctica de la consulta a la que obliga la Convención 169 de la OIT y que fue ratificada por Perú ¡en 1994! y que, por el simple hecho de haber sido ratificada es vinculante para Perú. O sea, se legislaba catorce años después algo sobre lo que no se había movido un dedo. Está claro que Perú daba este paso no sólo por el empuje organizativo indígena, sino también por el hecho de haberse aprobado en la ONU la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Luego la pregunta que habría que hacerse es qué legalidad tienen todas las medidas económicas impulsadas desde 1994 en tierras indígenas sin el consentimiento de sus comunidades. Un pequeño detalle que no quita el sueño ni a políticos ni a empresarios pero sí a los indígenas, que mostraron su preocupación por una ley que decía reconocer un derecho pero que en realidad lo hacía de una forma restrictiva para favorecer la presencia en sus territorios de las empresas extractivas aunque en esta ocasión, bajo amparo legal.

Esta ley, en realidad, encubría unos ambiciosos planes de explotación de todo el territorio peruano. Incluyendo las fronteras. La Constitución establece que en una extensión de cincuenta kilómetros, fronteras adentro, “los extranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad” pero se da la circunstancia que otra medida legislativa de finales de 2008 incumplió dicho precepto constitucional otorgando licencia de explotación minera a una empresa china en ese límite y en una zona, para más inri, indígena. El eterno debate sobre a quién pertenece el subsuelo, si al Estado o a los pueblos que habitan el suelo. Una situación esquizofrénica: la parte de arriba es, en teoría, de los indígenas; la parte de abajo, del Estado; pero para acceder a la parte de abajo hay que estar en la parte de arriba y, para ello, hay que consultarles. Pero esa consulta debería ser vinculante, según el derecho internacional, y en Perú no se estima así.

Al calor de esta medida legal se otorgó una concesión minera a una empresa canadiense en lo que había sido Parque Nacional Ichigkat Muja. Este territorio era hábitat de dos pueblos, awajún y wampís, que en 2007 vieron cómo el gobierno desconocía unilateralmente un acuerdo alcanzado entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales y ellos y recortaba casi a la mitad la extensión del mismo para ofrecer el territorio a las empresas mineras. El dato no puede pasar desapercibido para lo que ocurriría en 2009 y que ya se podía preveer cuando en agosto de ese año 2008 estos y otros pueblos de la Amazonía tomaron una central hidroeléctrica, paralizaron las estaciones del proyecto gasífero Camisea y retuvieron a una veintena de policías en protesta por la aprobación de unos decretos legislativos que promovían la inversión privada en sus territorios en contra de sus derechos, reconocidos constitucionalmente, al tiempo que exigían la vigencia del Convenio 169 de la OIT en lo relativo a la obligación de la consulta previa.[6]

La movilización indígena obligó al gobierno a dar marcha atrás y a retirar sus propuestas, aunque no fue más que un movimiento táctico para recuperar fuerzas y preparar el terreno para nuevas agresiones. Ya sabía cuál podía ser la respuesta, por lo que adecuó las nuevas leyes a ella en un intento de limitarla y sortearla. El gobierno tenía como prioridad estratégica el TLC con EEUU y para ello no paraba en prendas. Así, ese mismo año 2008 y dentro de este marco se elabora el decreto legislativo 1604 que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario con mención expresa a las tierras indígenas. En él se dice respetar la integridad de todo tipo de propiedades comunitarias –recuérdese la diferenciación entre campesinos y nativos- pero se las impone una serie de servidumbres que, de hecho, anulan esa integridad: “servidumbres de libre paso de oleoductos, gaseoductos, mineroductos, instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera, instalaciones para el servicio público de telecomunicaciones, líneas de transmisión de energía, vías de comunicación de toda especie, obras para irrigación y drenaje establecidas o que sea necesario establecer, así como las que demande su operación y mantenimiento”.[7]El país se llenó de conflictos mediambientales en los que la minería se convirtió en el eje sobre el que pivotaba el 81% de ellos, según la propia Defensoría del Pueblo.[8] Nada extraño si se tiene en cuenta que el 15’38% del territorio peruano está dedicado a explotaciones mineras, una extensión que se había triplicado en menos de veinte años. Pero la Amazonía no se quedaba muy atrás. Una tercera parte de sus 782.880 kilómetros cuadrados están siendo explorados o explotados a través de 64 bloques o lotes que han sido concedidos a 35 empresas transnacionales. De estos bloques, 58 se superponen con tierras tituladas de los pueblos indígenas amazónicos.

La acentuación del modelo económico extractivista y la constante acusación de “perro del hortelano” a cualquier crítico con este modelo terminó haciendo que explotase la olla a presión en que se había convertido Perú. Las consultas indígenas que se realizaban reflejaban, sin excepciones, un rechazo masivo a las explotaciones mineras con porcentajes que llegaron a sobrepasar el 90% aunque en ningún caso el rechazo bajó del 60%.[9] El gobierno hizo oídos sordos al considerarlas sin respaldo legal ya que el proyecto de ley aún no había sido aprobado por el Congreso (contraviniendo de nuevo el Convenio 169 de la OIT y la DDPI, que establecen la obligatoriedad de consultas a los pueblos indígenas cada vez que se formulen medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente) y continuó adelante con sus planes económicos. La corrupción se extendió a extremos que llegaron a las mismas puertas presidenciales al descubrirse el pago de comisiones por parte de transnacionales petroleras por lograr concesiones. El gobierno entero tuvo que dimitir.

Pero su sucesor no cambió un ápice su política respecto a los indígenas. Una de sus primeras iniciativas en 2009 fue la aprobación de una ley de aguas que ignoró todas y cada una de las propuestas presentadas por las organizaciones campesinas e indígenas abriendo el camino, además, a su privatización. Esta era una vieja reivindicación de las empresas mineras que de esta forma podían obtener licencias directamente del gobierno sin tener que pasar por las regiones, mucho más influenciables ante las movilizaciones indígenas. Otra de sus propuestas fue que la ley de consulta no fuese vinculante, lo que provocó la protesta de la Defensoría del Pueblo: “hay que ser claros, en el Perú no existe la consulta previa”.[10]

Perú era ya una olla a punto de estallar y lo hizo en lo que se conoce como “matanza de Bagua” (2009), una movilización indígena sin precedentes. En un plazo de tres días (8, 9 y 10 de mayo) el gobierno elaboró, publicó y aprobó un decreto decretando el estado de emergencia en diversos distritos de los departamentos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, zonas indígenas donde se venía desarrollando una fuerte movilización desde un mes antes en contra de las empresas extractoras que operan en ellas y por la derogación de nueve decretos extremamente lesivos para los pueblos indígenas que se aprobaron sin la consulta pertinente en el marco de las “facultades extraordinarias” otorgadas por el Congreso al Gobierno para facilitar la adecuación normativa al TLC con EEUU. Esos decretos eliminaban la protección constitucional y legal a las tierras comunales, la negociación de cualquier tipo de contrapartidas para las comunidades para explotar los recursos existentes en esas tierras, de campesinos y nativos, y dejaban el tema únicamente en manos del gobierno central. Junto a ello, se establecía que las comunidades podían convertir su propiedad colectiva en parcelas privadas otorgando facilidades crediticias a quienes pusiesen la tierra como aval de esos créditos que, como es sabido, son embargables si no se ejecuta el pago. Era, con otras palabras y envoltorio, lo mismo que se había pretendido con los decretos que la movilización de un año antes había obligado a derogar.

La amazonía se levantó en pleno convocada por la AIDESEP en defensa de los territorios comunales, el derecho de las comunidades indígenas a tener voz y voto en las políticas que los afectan, la preservación del medio ambiente y para que los recursos naturales existentes sean instrumento de desarrollo y usados en armonía con los ecosistemas y no simplemente para llenar las arcas de unas transnacionales poco interesadas en el impacto de su acción en la selva. El calado de la movilización obligó al Congreso a recomendar al Gobierno que “tomara seriamente en consideración la derogación de todo ese manojo de decretos por ser contrarios al orden constitucional referido a las comunidades campesinas y nativas”. El Gobierno, una vez más, desoyó dicha recomendación y, por el contrario, decretó el estado de emergencia. No fue una postura aislada, contó con el apoyo casi unánime de los medios de comunicación, que publicaron páginas y páginas sobre el “radicalismo indígena” con la aportación entusiasta de entendidos en la cuestión indígena, como antropólogos, de la que valga una muestra: “La mejor receta, además de defender con las fuerzas del orden la producción energética del país, es el diálogo racional, hasta el hartazgo, hasta disolver el maximalismo radical y recuperar para el país a los dirigentes secuestrados por esas ideologías”.[11] La “producción energética” vital para este sector oligárquico está en peligro porque pueblos como el achuar o el quichua no aceptan la entrada de empresas petroleras (en esa zona tienen intereses la argentina Pluspetrol, la francesa Perenco y la española Repsol-YPF, entre otras), madereras y mineras en sus tierras y menos sin que se les haya consultado. Que la Defensoría del Pueblo dijese lo mismo que el Congreso tampoco era una cuestión de importancia para el Gobierno y sus panegiristas mediáticos. Lo que importaba era el TLC, que “impedía anular los decretos”, según el gobierno, puesto que “las modificatorias forman parte del TLC entre EEUU y Perú; si es que se deroga pondremos en peligro la implementación del TLC y haremos el absoluto ridículo, porque primero firmamos el TLC, cumplimos las normas para implementarlo y después las derogamos”.[12]

La suerte estaba echada y la represión prevista con los resultados que tal vez se buscaban: un amplio número de muertos y heridos para atemorizar y escarmentar a los indígenas ante futuras situaciones similares. La primera movilización en 2008, en los mismos lugares, había terminado con una victoria indígena al lograr la retirada de los proyectos legislativos y decretos lesivos para sus intereses. Ahora el gobierno no estaba dispuesto a que se repitiera la historia. Sin embargo no sucedió todo como se había previsto. Enfrente estaba la AIDESEP, que había declarado a los pueblos de la Amazonía en insurgencia en defensa de sus derechos “atropellados por un gobierno entreguista que quiere arrebatarnos nuestros territorios y nuestra agua para entregarlos a las grandes empresas extrajeras, como lo ha hecho con el petróleo, la madera, el oro y todo aquello que ambicionan los ricos del mundo”.[13] Y entre esos pueblos había dos de amplia tradición guerrera, awajún y wampís, quienes ante los muertos causados en sus filas por las fuerzas policiales hicieron lo propio con los policías que estaban en sus manos. El “perro del hortelano”, en esta ocasión, decidió morder.

Si bien la resistencia y decisión indígena no logró terminar con esta política económica extractivista, sí obligó a cuidar un poco más las formas debido a la repercusión internacional que logró y a replantear algunos proyectos en la Amazonía. Que las medidas que impulsa el gobierno son decididas desde el exterior en el marco del Tratado de Libre Comercio también quedó de manifiesto cuando la ministra de Comercio Exterior reconoció que “Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos [en Perú] y legisladores de ese país han dicho que comprenden la posición de Perú y han prometido apoyarnos para encontrar salidas dialogadas con las comunidades indígenas”.[14]

La acción en contra de la actividad minera en la frontera con Ecuador y la intención del Gobierno de recortar un área natural protegida para la instalación de empresas mineras intermediarias de transnacionales extranjeras y la extracción de petróleo fue promovida por la AIDESEP. El gobierno había infringido de forma clara, abierta y consciente los convenios internacionales, de los cuales Perú es signatario, que establecen que se debe consultar a las poblaciones indígenas la adopción de normas legales que les afecten directamente. La respuesta gubernamental primero reprimiendo a los indígenas, luego imputándoles la muerte de los policías –sin que a los policías se les haya imputado muerte alguna de indígenas-, después acusándoles de ser un instrumento del “comunismo internacional” (sic) y posteriormente deteniendo a los dirigentes de la asociación -con intentos de disolución de la misma y constitución de otra afín a los planteamientos gubernamentales y la exclusión de cualquier tipo de ayuda pública a la AIDESEP- no han logrado otra cosa que una ampliación de las reivindicaciones indígenas a nivel nacional e internacional. Al gobierno no le quedó otro remedio (no sin resistirse con iniciativas como la de suspender –no retirar- los decretos o “buscar nuevos interlocutores válidos entre los indígenas”) que aceptar la representatividad de la AIDESEP como “interlocutor válido de las comunidades y pueblos indígenas del Amazonas” y derogar dos de los nueve decretos legislativos que impulsaban la privatización de propiedades comunitarias en aras del “desarrollo” de esas zonas.

Sin embargo, los pueblos awajún y wampís, a través de su Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), afiliada a AIDESEP, consideraban que ello no desactivaba las causas de la conflictividad dado que no era una cuestión de decretos sino que las causas se encontraban “en una prolongada historia de violación de derechos humanos integrales de los indígenas y en un desconocimiento institucionalizado de sus derechos colectivos”. Además, exigían que se realizase una investigación imparcial en la que estuviesen representados gobierno, indígenas e instancias internacionales. Para ellos, todo lo ocurrido no era más que una prolongada historia de violación de derechos humanos y “un desconocimiento institucionalizado de los derechos colectivos”, por lo que pedían la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos Indígenas, James Anaya, quien emitió un informe[15] al respecto con recomendaciones sobre los pueblos indígenas para el gobierno que, como de costumbre, desoyó reinterpretándolas a su manera. Una de ellas, que se profundizase en el diálogo en base a los estándares internacionales, es decir, el Convenio 169 de la OIT y la DDPI y con los representantes “libremente elegidos por los indígenas”.

Tenían razón los awajún y wampís al ser cautos y decir que no era una cuestión de decretos. Un mes después de la matanza el gobierno establecía los límites de ese diálogo con la AIDESEP: sólo estaba dispuesto a discutir lo que él considerase “factible”, reservándose la potestad última de decir cuáles de las reivindicaciones indígenas son aceptables y cuáles no.

Así las cosas, Perú tenía difícil justificarse en las instancias internacionales. Ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial tenía que reconocer que “es innegable la existencia de conflictos entre los pueblos indígenas de la Amazonía con las actividades de hidrocarburos por el impacto ambiental” –lo que había negado hasta la “matanza de Bagua”- y cargaba la responsabilidad en el Ministerio de Energía y Minas, autoridad competente para ello, para implementar “acciones legislativas conducentes a lograr el desarrollo integral de la sociedad y específicamente la inclusión y promoción de los derechos al ambiente, a la información, a la consulta y participación, propiedad y al desarrollo de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos minero-energéticos”.[16] No sirvió de nada esta maniobra. El CERD, “si bien toma nota de los pasos positivos que ha tomado el Estado parte en el tema (…) toma nota también que en algunos casos, en la práctica, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y dar su consentimiento informado antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente. Igualmente expresa su inquietud por los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente ocasionados por las actividades de extracción que las empresas desarrollan a expensas del ejercicio del derecho a la tierra y los derechos culturales de los pueblos indígenas afectados”, por lo que “exhorta al Estado a que consulte a las comunidades de los pueblos indígenas interesados en cada etapa del proceso y que obtenga su consentimiento antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales”.[17]

Por el contrario, en un hecho que hay que considerar como una provocación clara tanto a la ONU como a los propios indígenas el presidente García insistía en que la ley de consulta no tenía que reflejar el derecho de veto a propuestas de extracción minera y bloqueó una ley elaborada como consecuencia de Bagua, votada por el Congreso, que hubiera dado reconocimiento al derecho de los indígenas a consultar proyectos que afectan sus tierras, una de sus demandas. Además, el presidente de Perú pretendía introducir por ley una norma estableciendo que la legitimidad de las organizaciones indígenas debe ser determinada por la Oficina de Procesos Electorales del Perú y no por las propias organizaciones indígenas. Alan García iba otra vez en contra no ya de las recomendaciones del Relator Especial de la ONU, sino de la propia normativa internacional.

El empecinamiento del gobierno ante el empuje indígena es una muestra de cómo los diferentes sectores oligárquicos y criollos se resisten no ya a implementar las declaraciones internacionales sobre los derechos de los pueblos originarios, sino a cambiar un ápice en su opinión racista sobre estos pueblos, ahora “atrasados” y antaño “infieles y salvajes”. Sin embargo, Perú ha entrado en una crisis de Estado en la que los indígenas emergen como actores sociales y políticos de primer orden. Es lo que algunos analistas denominan “generación Bagua” y de la que están surgiendo dirigentes que, al igual que pasó con Evo Morales en Bolivia, pueden llegar con el tiempo a adquirir relieve nacional.

Si Bagua ha sido el acontecimiento que ha permitido “visibilizar” a los indígenas en Perú, lo ha sido también para poner de relieve el hecho de que el país ha desconocido no ya la presencia de los pueblos originarios sino de la existencia de lenguas y culturas diferentes de la castellana desde la independencia, de ahí que la actividad educativa haya impuesto sistemáticamente valores, conceptos y modelos de vida ajenos a la realidad de los pueblos indígenas. El reconocimiento por parte del Estado de la necesidad de una educación bilingüe no se produjo hasta 1989, recogiendo experiencias meritorias, pero casi aisladas, que venían desde la década de 1960 y que se plasmaría mucho más tarde, en el año 2003, con la consolidación de una Ley General de Educación donde se “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el resto de la comunidad nacional”.

Esta ley, y este reconocimiento, se producen en un contexto de reivindicaciones indígenas iniciadas, como se ha apuntado antes, en el año 2001 a nivel nacional aunque en el Amazonas ya se venían produciendo desde mucho antes y que hacían hincapié en el reconocimiento de la especificad cultural y lingüística en la educación. La respuesta del Estado ha sido, también, cosmética: “no ha sido sostenidamente positiva, al contrario, en varios momentos ha sido incluso negadora, estableciendo disposiciones que han significado el recorte de las posibilidades en la formación de maestros especializados para atender la opción de educación intercultural bilingüe, y afectando directamente el acceso de postulantes indígenas a la formación como maestros en los pocos institutos pedagógicos bilingües vigentes”.[18] No es una afirmación gratuita. El censo de 2007 revela la existencia de 36.006 escuelas en Perú, pero sólo 3.804 de ellas está involucrada en “algún tipo” de actividad cultural educativa bilingüe.

Este asunto es despachado por el gobierno de una forma escueta: “La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe viene realizando coordinaciones con las instancias pertinentes del sector Educación para contribuir en la formación inicial y de servicio de docentes de EIB, además de brindar asesoría a propuestas de capacitación a nivel regional y local, a través de equipos locales de las UGEL y la DRE; por otro lado, se han firmado Convenios con Universidades e Institutos Superiores Pedagógicos para la ejecución de la capacitación docente en el marco del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente, liderada por la Dirección Nacional de educación Superior y Tecnológica”.[19]

Que se consigan o no resultados ya es otra historia y así lo recogía en Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su contestación, cuatro meses después: “El Comité nota con preocupación la reducción paulatina en la utilización de los idiomas indígenas originarios que se está viviendo en Perú, visibilizado en el Censo Nacional de Población 2007. Es de la opinión que las iniciativas de educación bilingüe que lleva a cabo el Estado deben ser una oportunidad de afianzar dos idiomas y no de perder el idioma originario a favor del español”.[20]

Bagua supone un antes y un después en relación con los pueblos indígenas de Perú. Son ya un sujeto político de primer orden en el país, tanto como para obligar a su anquilosada clase política, oligárquica y supremacista, a replantear algunas cuestiones claves, en especial las económicas. El Congreso ha tenido que aprobar (mayo de 2010) una ley de consulta previa a los pueblos indígenas “en forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos” especificando que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos”.[21] Un evidente triunfo saludado por todas las organizaciones indígenas y campesinas –la ya mencionada Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería- que piensan servirá para reducir los conflictos sociales, garantizar derechos colectivos y darles seguridad jurídica.

Pero como gato escaldado con agua fría se quema, tambíen hacían un llamamiento a la comunidad internacional y a toda la ciudadanía de Perú para vigilar el proceso de implementación de la misma, única forma de construir una sociedad más plural y respetuosa de la diferencia y los derechos de los pueblos indígenas.[22] En Perú eso no será posible sin un cambio de mentalidad, política y económica. El gobierno ha vuelto a las andadas modificando con decretos (agosto de 2010) la ley de consulta acabada de mencionar. Ahora ya no es necesario el compromiso previo de las empresas con las comunidades indígenas para el inicio de las actividades mineras. Basta con que el titular de la concesión presente los planes que tiene establecidos sin que se reflejen con detalle qué tipo de cuestiones va a abordar para que la explotación minera signifique unos beneficios para la comunidad en la que se implanta y cuál es el tipo de impacto ambiental que va a tener. Queda al buen criterio y a la buena voluntad de la empresa con la realización de una “declaración jurada”.[23]

En Perú es perfectamente aplicable el viejo adagio latino “inadimplentum non est inadimplenti”, es decir, no hay que cumplir con quien no cumple. La rebelión de los pueblos indígenas en este país está más que justificada. El gobierno miente una y otra vez, manipula –contando con los medios de comunicación- y utiliza fraudulentamente informes de la ONU que tienen que ser desautorizados sin que esa desautorización llegue a los mismos medios que publicaron la mentira. El penúltimo caso –en Perú nunca hay un último- acaeció el mes de julio con motivo del proyecto de ley de consulta. El Relator Especial sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas emitió un comunicado “tomando nota con agrado” de la aprobación de la ley de consulta. Esto bastó para que el gobierno justificase su batería de enmiendas y decretos para fundamentar su supremacía frente a los indígenas haciendo hincapié en que el Relator no hacía referencia al derecho de veto a favor de los indígenas.

El desmentido y desautorización del Relator no deja lugar a dudas de cuál es el comportamiento del gobierno actual peruano. La cita es extensa, pero merece la pena: “El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan directamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales e indígenas. Además, en aquellos casos en que el impacto de una propuesta o iniciativa sobre el bienestar o derechos de un pueblo indígena es significativo, el consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no solamente es el objetivo de la consulta pero también es una precondición exigible para la ejecución de la medida propuesta. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala dos ejemplos de situaciones en que el consentimiento es exigible mas allá de ser un objetivo de la consulta: el caso en que el proyecto dé lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, párr. 2, respectivamente). El Relator Especial agregaría además, como ejemplo en el que se requiere el consentimiento indígena, el caso de una propuesta de instalación de actividades de extracción de recursos naturales dentro de un territorio indígena cuando esas actividades tuviesen impactos sociales, culturales y ambientales significativos. (…) La parte indígena podría verse justificada en no otorgar su consentimiento, no en base a un derecho unilateral de veto, sino siempre y cuando el Estado no demostrara adecuadamente que los derechos de la comunidad indígena afectada fueran debidamente protegidos bajo la medida o proyecto propuesto, o no demostrara que los impactos negativos sustanciales fueran debidamente mitigados”. [24]

¿Claro? No para el gobierno, que un mes más tarde de la puntualización del Relator Especial de la ONU vuelve a hacer caso omiso de la misma y a otorgarse la decisión última sobre qué es consultable y qué no[25] al tiempo que reitera que la consulta previa sólo se realizará con las instituciones y organizaciones representativas de los indígenas elegidas conforme a sus usos y costumbres tradicionales pero apuntando que dicha representatividad ha de ser sancionada “por el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo”, es decir, por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) que viene discriminando a organizaciones como AIDESEP y Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), entre otras, en clara contradicción a lo pregonado en las mesas de concertación promovidas por el gobierno sobre el trabajo articulado con las organizaciones indígenas.

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