PARAGUAY : pueblos originarios

Los pueblos indígenas en Paraguay son 20 (aché-guayakí, angaité, ava-guaraní, ayoreo, entleht norte, enxet sur, guaraní occidental o chiriguano o guarayo, guaná, maká, mankuy, maskoy, mbyá, nivaclé, ñandeva, pai-tavytera, sanapaná, toba qom, toba-enenlhet, tomáraho e ybytoso o chamacoco) pertenecientes a cinco familias lingüísticas diferentes (guaraní, guaicurú, maskoy, mataco-mataguayo y zamuco) y que suponen, según el último censo, 108.803 personas[1] (aproximadamente el 2% del total de habitantes del país, aunque en la región occidental que incluye el Chaco –zona transfronteriza que abarca también a Argentina y Bolivia- son el 31% de la población) afrontando situaciones de pobreza extrema y condiciones laborales de esclavitud debido a la falta de tierra propia. Esto causa, a su vez, dificultades para el acceso a recursos naturales para su subsistencia, la imposibilidad de llevar adelante propuestas de desarrollo y la pérdida gradual de su cultura. Hay que añadir que durante más de sesenta años los indígenas fueron sometidos a una política sistemática de vulneración de derechos que incluyó no sólo ejecuciones extrajudiciales, detenciones y violaciones de mujeres sino que se esterilizó a éstas para evitar el crecimiento de la población indígena, tal y como ha reconocido la Comisión de Verdad y Justicia que se constituyó en julio de 2008 para analizar la situación de los pueblos indígenas durante la dictadura y la transición democrática en este país.

Muchos de ellos viven en zonas selváticas, más o menos preservadas, y se encuentran con tres tipos de situaciones en cuanto a la propiedad de la tierra se refiere: con ella en propiedad, sin título de propiedad o, directamente, sin tierra. Esto se debe a que la ley paraguaya (1981) exige la “personería jurídica” de las comunidades indígenas para tener el título de propiedad de la tierra. Dicha estrategia jurídica ha sido la norma en el Paraguay moderno: desde 1947 hasta 2007 más de doce millones de hectáreas de patrimonio nacional han sido repartidas, en su mayoría, a latifundistas. Desde el comienzo de este siglo XXI se está asistiendo a un incremento de la implantación de monocultivos dedicados a la exporación (biocombustibles) con la compra de millones de hectáreas por parte de compañías y particulares extranjeras que dedican al cultivo de soja, transgénica en su mayoría. En la actualidad el 60% de la tierra cultivada está dedicada a este producto, que ha convertido a Paraguay en el cuarto exportador mundial detrás de EEUU, Argentina y Brasil. Las tierras que se han podido preservar para los indígenas “lo han sido mediante compras por parte de organizaciones filantrópicas extranjeras, por lo regular a través de iglesias”.[2]

La presencia de las iglesias católicas, protestantes y anglicanas en Paraguay es un fenómeno digno de estudio aparte. Son conocidas las misiones jesuitas de los siglos XVII y XVIII; lo es menos la anglicana de finales del siglo XIX por todo el Chaco Central y con la que Paraguay pagaba su deuda con los acreedores de la guerra de 1870 (la Guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay) a costa de los pueblos enxet, toba, sanapaná y angaité y que sirvió para proteger los latifundios ingleses extendiendo la cultura occidental con programas asistencialistas y paternalistas con los indígenas, y es prácticamente desconocida la labor de la llamada Misión de las Nuevas Tribus, establecida desde 1942 y que se ha ido expandiendo por tierras de los angaité y ayoreo a quienes caza, literalmente, para que trabajen en los proyectos misioneros que se realizan en tierras que les han usurpado y a quienes, además, se les cierran sus tradicionales territorios de caza pasando así a ser extranjeros en su propia tierra.

De las razzias estilo nazi y con comportamiento colonial dan muestra dos hechos notorios: en 1979 se produjeron cinco muertos y varios heridos cuando los indígenas se negaron a trasladarse a la misión; en 1983 otros cinco muertos, todos ayoreo, pero como los menonitas –secta religiosa cristiana protestante que controla Nuevas Tribus- habían aprendido la lección esta vez enviaron a ayoreo conversos a hacer lo mismo, por la fuerza, a un grupo ayoreo totobiegosode[3] que había decidido mantenerse al margen de la “civilización”. No es únicamente una cuestión de “civilizar a los salvajes”, sino de dejar sus territorios tradicionales libres para macroproyectos y explotaciones económicas ganaderas. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Paraguay y que es defendido sin tapujos por Nuevas Tribus: “en todos los casos donde la civilización avanza hacia regiones remotas, hay consecuencias negativas, pero también hay consecuencias positivas; un aspecto negativo de la civilización es el sacrificio de los ecosistemas y aquellas personas que dependen de la tierra para sobrevivir”.[4] Según el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, en el Chaco –donde hay presencia de 13 de los 20 pueblos originarios en Paraguay- las tierras indígenas fueron concedidas a grupos religiosos que utilizaron a las comunidades indígenas “como mano de obra de bajo costo” y los casos de trabajo forzoso de al menos 8.000 indígenas se han documentado tanto por investigadores particulares como por la OIT en fechas tan recientes como el año 2005.[5]

No es inhabitual tener que pedir un permiso en la sede central que Nuevas Tribus tiene en Asunción, la capital de Paraguay, si se quiere visitar alguna de sus misiones. Los menonitas, cuyo idioma madre es el alemán aunque tienen el castellano como segunda lengua, se consideran los amos de una gran extensión del territorio paraguayo. Son, de hecho, un poder fáctico que impide la realización de proyectos favorables a los pueblos indígenas, en especial los relacionados con la devolución y demarcación de tierras, porque en caso de hacerlo perderían una valiosa mano de obra, muchas veces forzosa por no decir semi-esclava. Llegados en la década de 1930 consiguieron del gobierno de entonces la concesión de un extenso territorio para su explotación agrícola y ganadera. Así surge Nuevas Tribus unos años más tarde. Necesitaban, y necesitan, mano de obra y la más cercana, asequible –aunque fuese y sea cazándola a lazo- y barata es la indígena. El hecho de que éstos estuviesen en su propia tierra, aunque ésta no fuese “legalmente” suya tenía poca importancia para quien llevaba, y lleva, “la civilización y evangelización frente a la barbarie”. Ni tampoco para el gobierno de entonces, aunque el de ahora se tiene que enfrentar a una demanda legal que los ayoreo totobiegosode interpusieron en 1993 reclamando la devolución de sus tierras y que ha provocado que un grupo de los reclutados a la fuerza por la Misión Nuevas Tribus decidiese retornar a su tierra en 1997, con el apoyo del gobierno, para constituir la comunidad Arocojnadí a la que en 2007 se incorporaron más ayoreos tras abandonar la misión religiosa menonita.

El Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay ha venido reclamando con insistencia al gobierno paraguayo –de forma especial con la llegada al mismo de Fernando Lugo, de lo que se hablará más adelante- que tome las medidas necesarias para impedir todo intento de búsqueda de contacto de parte de misioneros con los indígenas en aislamiento e impedir cualquier otro tipo de acción dirigida a hacer una “limpieza” de su territorio. En particular, “pedimos al gobierno medidas que impidan que los misioneros utilicen a gente ayoreo de nuestras propias comunidades como agentes del contacto, tal como viene ocurriendo”.[6]

La desprotección de las tierras indígenas provoca una y otra vez serios conflictos no sólo con las misiones religiosas, sino con campesinos que intentan apropiarse de esas tierras, menos protegidas y defendidas que las de los grandes latifundistas, puesto que el 91’5% de los indígenas del país vive en zonas rurales. Esta situación de enfrentamiento con campesinos y terratenientes está provocando un éxodo desde el campo a la ciudad de forma especial entre los maká, quienes ya viven en un porcentaje que se estima por encima del 77% en ciudades según el censo indígena que se realizó el año 2002.[7] Es más que probable que esta cifra haya crecido desde entonces.

Este censo sobre población indígena, el segundo que se realizaba en Paraguay desde su historia como país independiente, expuso también en sus resultados su alarmante situación educativa: alto grado de analfabetismo (51%), con un promedio de 2’2 años de estudio entre los niños de 10 años y más, frente a los 7 años que se registra en la población nacional no indígena. Dado que la enorme mayoría de indígenas vive en el campo, el problema se agravaba en las zonas rurales (53’3%) frente al 29’2% en las zonas urbanas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ofrece datos aún más escalofriantes en lo que se refiere a seguro médico (sólo el 12’2% cuenta con él) y el número de hogares con acceso al agua potable (5’9%).[8]

Respecto a la tierra, el censo reconoce que el 45% del total de indígenas no cuenta con ningún título de tierras, ni provisional ni definitivo. No es extraño puesto que a pesar de tener reconocidos sus derechos en la Constitución de 1992, entre ellos éste, no se les permitía ejercerlos. Un dato lo pone de manifiesto: desde que se aprobó la Carta Magna los tribunales de justicia, sobre todo en su más alta instancia, sólo habían dado la razón a los indígenas en dos causas de devolución de tierras, en 1997 y en 1998.

La situación parecía que se iba a solucionar cuando accedió a la presidencia Fernando Lugo, en el año 2008, quien tanto en su campaña electoral como en el discurso con el que asumió su cargo –gran parte del mismo hablado en guaraní- y en una intervención en la propia ONU insistió en que iba a sacar de la miseria y su “humillante situación a quienes secularmente han vivido en la marginación, excluidos de cualquier posibilidad de desarrollo y privados de sus tierras”. Y añadió con énfasis: “Las naciones indígenas esperan a la orilla del camino que alguien los convoque a reapropiarse de sus tierras. Estas tierras de ahora en más no solo serán sagradas para su cultura sino –valga la figura– sagradas para la aplicación de la ley. Ningún blanco que negocie tierras indígenas, que los humille o los persiga tendrá la misma impunidad que tuvo siempre”.[9] No es extraño que los indígenas votasen en masa a Lugo. El deseo de recuperar sus tierras, el derecho a la salud, a la educación y a unas condiciones de vida dignas eliminando, por ejemplo, las condiciones de esclavitud y semiesclavitud en las que aún viven en las grandes haciendas que usurpan sus territorios fueron algunas de las razones por las que se volcaron con la candidatura del nuevo presidente.

Sus primeras medidas iban en esa dirección, como puso de manifiesto el nombramiento de una indígena para el cargo de presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena con la finalidad de “asesorar y orientar” a la presidencia en la formulación, elaboración y ejecución de las políticas y programas relacionados con los pueblos indígenas. Pero no fue más que una ilusión que duró cuatro meses y el desencanto llevó a los indígenas a movilizarse, lo que generó una dura represión hasta extremos que no se habían visto en años anteriores. El viejo discurso teoría-práctica, el que una cosa es predicar y otra dar trigo. La realidad es que a pesar de los pronunciamientos constantes de la presidencia del país en relación a los pueblos indígenas, su identidad y organización propia siguen sin ser considerados como sujetos de derechos políticos.

Sin embargo no es una crítica que hay que hacer en exclusiva al gobierno. También tiene mucho que ver la propia división indígena, que se manifiesta en un divorcio cada vez más evidente entre quienes han comenzado a vivir en las ciudades y quienes se mantienen en los territorios ancestrales. Los primeros comienzan a no reconocer a los dirigentes tradicionales y se postulan a sí mismos como los más capacitados para dirigir los pequeños espacios de poder que se han abierto para los indígenas con la llegada a la presidencia de Lugo. Uno de esos espacios es el IPI, por el que se produjeron enfrentamientos entre avá guaraní y mbyá, de un lado, y guarayo de otro tanto por la presidencia en sí como por el hecho de haber sido ejercida, según parte de los indígenas, con beneficio del pueblo al que pertenecía la presidenta durante el tiempo que estuvo ejerciéndola en detrimento de los demás.

En lo que sí hay un esfuerzo visible del Estado bajo la presidencia de Lugo es en el acceso de los indígenas a servicios de educación y salud –aquí es meritorio el reconocimiento de la medicina indígena-, así como la puesta en marcha de una serie de acciones coordinadas entre varias instituciones para enfrentar situaciones extremas en niños, mujeres (víctimas de violencia) y otros sectores vulnerables de la población indígena. Y como consecuencia de una enorme sequía que tuvo lugar durante 2008, el gobierno inició un programa de “mitigación y rehabilitación” de las zonas más afectadas con la distribución de agua potable y alimentos al tiempo que se iniciaba la reparación de la infraestructura vial existente, apertura de nuevos caminos, la rehabilitación de los sistemas de almacenamiento y distribución de agua, y el acceso a la educación y a la vivienda. Hubo, además, un cierto apoyo a la producción para generar ingresos en las comunidades.

No obstante, al dejar fuera de la gestión de todo ello a las propias comunidades son iniciativas que se quedan en una política asistencial que si bien es cierto que es capaz de evitar estados de inanición (acentuados en departamentos como el Chaco por esa durísima sequía que llegó a provocar muertes) no lo es, aún, de superar la desnutrición crónica que sufren y padecen estos pueblos. De hecho, el propio gobierno paraguayo ha tenido que reconocer que 185 de las 412 comunidades indígenas del país no tienen títulos definitivos de propiedad de sus tierras, lo que las aboca a una situación no sólo de dependencia de la ayuda oficial sino a una pobreza extrema debido a la falta de tierra. Por lo tanto, sólo una reforma agraria enfocada a la seguridad y soberanía alimentaria que evalúe la legitimidad de los títulos de propiedad de la tierra en manos de terratenientes, campesinos e iglesias y se ofrezca una indemnización acorde con la ley, en caso de que se consideren ilegales, podrá sacar a los pueblos indígenas de su postración actual.

El gobierno de Lugo muestra sus simpatías verbales ante esta propuesta, pero se ampara en el bloqueo del Parlamento y la justicia para no hacer nada efectivo por ella -pese a que la Constitución garantiza a los indígenas el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida- precisando que es algo que compete a todos los poderes del Estado, ejecutivo y judicial, al afirmar: “El estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni ser arrendadas; así mismo estarán exentas de tributo”, además de prohibir “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.[10]

Un caso es el referente al pueblo enxet sur y, en concreto, a la comunidad Yakye Axa – formada por 90 familias con 390 personas en total- que se atrevió a denunciar al Estado de Paraguay en el año 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral. Ante la imposibilidad de ser resuelta en el ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte consideró que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar a la comunidad el uso y goce efectivo de sus tierras tradicionales y con ello amenazó el libre desarrollo y transmisión de la cultura y prácticas tradicionales de los enxet sur. Así, la Corte resolvió en 2005 que Paraguay violó los derechos a la propiedad y a la protección judicial, así como el derecho a la vida ya que privó a la comunidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales. Además, entendió que el Estado no adoptó las medidas positivas necesarias para asegurar a los indígenas, durante el período que permanecieron sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad: carecieron de acceso adecuado a alimentos, servicios de salud y educación. Dieciséis personas fallecieron a causa de las condiciones de vida referidas. La Corte consideró que el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas orientadas a la satisfacción de una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo cuya atención se vuelve prioritaria. La Corte ordenó a Paraguay demarcar el territorio tradicional, entregárselo a los indígenas de manera gratuita y proveerles los bienes y servicios básicos para su subsistencia mientras se les restituían sus territorios. Cuando el nuevo gobierno, en octubre de 2008, remitió al Senado un proyecto de expropiación de tierras para devolvérselas a esta comunidad en cumplimiento de la sentencia de la CIDH, el Senado rechazó el mismo argumentando que las tierras en cuestión estaban siendo objeto de una “explotación racional”, que en la zona existían otras tierras indígenas, que la comunidad Yakye Axa estaba dividida al respecto y, lo más curioso, que dicha comunidad estaba siendo manipulada por una organización no gubernamental, Tierraviva, con intereses ocultos en que se cumplimentase la sentencia.[11]

Esta organización se creó en 1994 con la finalidad de acompañar los procesos judiciales que interponían las comunidades indígenas en defensa de sus tierras y fue quien llevó el litigio de la comunidad Yakye Axa ante las instancias internacionales. Lo mismo sucedió con otra comunidad, Sawhoyamaxa, también del pueblo enxet sur. La denuncia fue interpuesta en 2001 y en febrero de 2005 también hubo una sentencia favorable de la CIDH obligando al Estado de Paraguay a devolver las tierras añadiendo que mientras el Estado no cumpla en forma íntegra y adecuada la sentencia, cada día la vida de los miembros de la comunidad está en riesgo así como la existencia misma de la Comunidad Sawhoyamaxa y su supervivencia cultural y su expectativa como grupo. En este caso, se han realizado pagos parciales en concepto de indemnización y se ha creado un fondo económico destinado a respaldar una futura compra de estas tierras a sus propietarios usurpadores aunque no se ha podido realizar aún puesto que dicho fondo es muy inferior a la cantidad que se pide por ellas. Lo mismo, en menor medida, está haciendo el gobierno con la comunidad Yakye Axa. Incapaz de enfrentarse a los terratenientes y latifundistas, muy bien conectados con los políticos tradicionales, el gobierno ha adelantado “un proceso de solución” que pasa por “la compra de una finca a ser transferida gratuitamente a la comunidad”, como reconoce el Instituto Paraguayo del Indígena.[12] El gobierno, en un giro inequívoco sobre su política económica, justifica el que sólo vaya hasta ahí amparándose en otra cuestión constitucional: el respeto a la propiedad privada. El hecho de que esa propiedad pueda no ser legal, sino usurpada a los indígenas –como dice la CIDH- no se tiene en cuenta.

El gobierno intenta contentar a todos, pero ante la opción de enfrentar a los poderes econonómicos o a los indígenas, opta por los segundos, infinitamente mucho más débiles. Paraguay es uno de los países de América Latina donde la propiedad de la tierra está más concentrada: el 95% de ella pertenece a grandes haciendas. El modelo de desarrollo de Paraguay tiene una fuerte base en las exportaciones agropecuarias, lo que quiere decir que el país sigue siendo muy rural, con una economía mayoritariamente basada en cuatro productos agrícolas (algodón, soja, carne y madera). Esta es la fuerza de los empresarios y la debilidad de los indígenas y campesinos, que se ven obligados bien a trabajar en las condiciones que imponen los hacendados, la mayoría de las ocasiones en régimen de semi-esclavitud y con salarios por debajo de los establecidos en la ley (en muchas ocasiones cobran sólo la mitad del salario mínimo, como reflejó la OIT en su informe), o bien a abandonar el campo e instalarse en los grandes cinturones de pobreza urbanos.

Estas situaciones ponen de relieve lo que venimos manteniendo con insistencia y reiteración a lo largo de este libro: la resistencia de las élites políticas y económicas tradicionales a cualquier cambio y más si éste es impulsado o reclamado por los pueblos indígenas. Pese a toda la retórica, y aún con gobiernos pretendidamente progresistas, siguen primando los intereses corporativos de los ganaderos, de los madereros, de los latifundistas para quienes la ley sólo se cumple si la imparten ellos. Aún así los pueblos indígenas no se arredran y en agosto de 2009 se volvió a presentar otra demanda ante la CIDH por violación de los derechos a la propiedad colectiva de la tierra, del derecho a la vida, a las garantías y protección judicial, los derechos del niño y de la niña y a la personalidad jurídica por parte de la comunidad indígena Xakmok Kásek y sus miembros, también pertenecientes al pueblo enxet.

El gobierno de Lugo, con posiciones teóricas favorables a los indígenas, como ha manifestado ante la ONU[13] tiene una oportunidad de oro para cambiar de una vez el rumbo de su país en lo referente a los pueblos originarios. Un paso importante sería recortar el poder que tienen los menonitas y las organizaciones religiosas de este tipo. De momento, éstos han creado numerosas Organizaciones No Gubernamentales con el objetivo de “ayudar al desarrollo” de unas comunidades a las que explotan para evitar la presencia del Estado. El INDI (nuevas siglas del viejo IPI), renovado a primeros de este año 2010 tras los desencuentros habidos desde el momento de su creación, tiene una ocasión de oro para reivindicarse y elaborar un plan de acción contra el trabajo forzoso y semi esclavo especialmente con relación a las situaciones que se registran en las haciendas y misiones menonitas.

A ello va a ayudar a buen seguro la coordinación que se comienza a lograr entre los diferentes pueblos originarios, como la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de la que forman parte 15 de los 20 existentes en Paraguay. Ya existe una propuesta de trabajo en común que podría llegar a la definición de una política indígena y una reforma legislativa que incluya también la creación de un órgano del Estado sobre asuntos indígenas con la participación de los pueblos originarios, tanto en su definición como en su integración, y que facilite la titulación de tierras para terminar con el éxodo y la dispersión de las comunidades. Sólo así se podrá poner coto a la explotación de esas tierras por los agrocombustibles o para la madera y evitar lo que la OIT considera “notoria depredación” en varias comunidades indígenas.

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