Millones y dudas en la compra anual de libros del Estado

En 2013 el ministerio de Educación de la Nación batió el récord de compra de libros para escuelas públicas. El Estado argentino compró 13 millones de libros de texto y literatura infantil por un total de 316 millones de pesos que –según el cálculo oficial– demandarán una inversión total de $ 400 millones.

La cifra es récord y, sin lugar a dudas, una buena noticia para editoriales y escuelas. Sin embargo, funcionarios y editores que pidieron que sus nombres no sean publicados, señalaron que el manejo de los fondos fue discrecional. Lo que despertó las suspicacias y críticas fue que la segunda editorial beneficiada fue Colihue, el sello del editor Aurelio Narvaja –miembro activo de Carta Abierta, la agrupación de intelectuales kirchneristas– que vendió 789.320 ejemplares por poco más de 18 millones de pesos. Pero si se le suman los casi nueve millones de pesos que recibió Ediciones del Sol, la editorial que sería propiedad del hijo de Narvaja –y que comparte el sitio web con Colihue– la suma total supera los $26 millones. Conciente de las críticas que sus colegas hacen entre bambalinas, Narvaja declaró a Clarín: “Me compraron menos de lo que hubiera correspondido”. En tono muy agresivo, el empresario defendió la selección oficial. El viernes, el portallapoliticaonline.com adelantó cuáles eran las editoriales más favorecidas por las compras estatales. Más tarde, Clarín tuvo acceso a los documentos con el listado de títulos, la cantidad de ejemplares y los montos.

Muchas editoriales de capitales nacionales yargentinas fueron favorecidas, pero el principal ganador fue Santillana, la editorial del grupo español Prisa, que reúne los sellos Taurus, Alfaguara y Santillana, que vendió por $ 32 millones.

Más allá de las dudas, la cifra, sin precedentes, explica la obstinación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en comunicar la medida. Pero ya debió suspender tres veces el acto oficial en Casa de Gobierno, que había sido reprogramado para la tarde de ayer y cancelado por el cuadro de disfonía que afecta a la presidenta. El anuncio había sido previsto para el 5 de marzo y para el 4 de abril, pero la muerte de Hugo Chávez –primero– y la inundación en La Plata –después– obligaron a reprogramarlo. Si no hay cambios, Cristina Kirchner y el ministro de Educación Alberto Sileoni anunciarán las novedades el 18 de abril.

Ambos funcionarios explicarán el alcance del Operativo Nacional de Entrega de Textos Escolares en el que se distribuirán los 13 millones de ejemplares. La compra, según el comunicado oficial del ministerio de Educación, involucra a 77 editoriales, 35 imprentas, 10 imprentas con talleres de encuadernación, y 30 talleres de encuadernación y cosido. El operativo incluye además la entrega de libros de texto para el 1º y 2º ciclo de la educación primaria, para 8.300 escuelas de los sectores más vulnerables.

Fernando Fagnani, de Edhasa, que vendió 100 mil ejemplares por casi $ 3 millones, destacó el volumen de la compra y las oportunidades que la licitación abrió para las editoriales chicas y medianas. Daniel Divinsky, de De la Flor (vendió $6,5 millones) destacó el anticipo del 25 por ciento, que permitió optimizar los costos del papel. Antonio Santa Ana, de Santillana, calcula que las ventas representan un aumento de entre el 30 y el 20 por ciento en la facturación anual de una editorial y valoró el criterio de selección oficial en el que participaron expertos de cada provincia que trabajaron con equipos técnicos de la cartera de Sileoni.

En los años electorales las compras de Educación aumentaron exponencialmente. En 2007 el Estado gastó $57 millones en libros, pero en 2008 –sin elecciones a la vista– la cifra se redujo a $32 millones. En 2009 las compras alcanzaron los $94,5 millones y en 2010 las adquisiciones de libros no se canalizaron a través del presupuesto del ministerio. En 2011, la cifra se disparó hasta los $135 millones, pero el año pasado cayeron hasta los 80 millones.

La participación del Estado en el mercado editorial este año rondará el 25 por ciento, mucho más que el 15 que representaba en 2011 y bastante más pequeña que los del Estado brasileño o mexicano, que superan el 40%.

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