La situación de las y los defensores de Derechos Humanos en Colombia

La labor de defensa de los derechos humanos (DD HH) en Colombia atraviesa una grave situación. El cambio de Gobierno generó expectativas que aún no se han cumplido. En 2011 el panorama no presenta cambios, las políticas de persecución sistemática y hostigamiento a los y las defensoras continúan. Astrid Torres y Natalia Muñoz exponen con todo detalle la situación actual de las y los defensores de los DD HH en el país.

 

Colombia vive un conflicto político, social y armado desde hace más de cuatro décadas que ha generado una grave crisis humanitaria. A esto se suma el desarrollo de un modelo económico que se sustenta en la desigualdad social y en la explotación irrestricta de los recursos naturales. Pese a que el Estado colombiano ha firmado y ratificado gran parte de los tratados y convenios internacionales en materia de DD HH, la garantía de estos parece estar cada vez más lejos de ser una realidad.

El informe presentado por la Plataforma Colombiana DESC en mayo de 2010 ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (alterno al quinto informe del Estado colombiano) evidencia que “el 46 por ciento de la población es pobre y un 17 por ciento vive en situación de pobreza extrema. De acuerdo con los datos oficiales, un 27,7 por ciento de la población presenta necesidades básicas insatisfechas. El 40,8 de los hogares colombianos padece inseguridad alimentaria, más del 20 por ciento de niños y niñas menores de cinco años muestra desnutrición; el 63,7 por ciento de la población tiene deficiencias energéticas y el 36% deficiencias proteínicas. [1]

Respecto a las víctimas del conflicto, la Comisión Colombiana de Juristas sostiene que: “Entre enero de 2002 y diciembre de 2008, por lo menos 16 855 personas (de los 44 millones que tiene el país) perdieron la vida fuera de combate, es decir, en la calle, en su casa o en el lugar de trabajo, a causa de la violencia sociopolítica. [2]

Ejecuciones extrajudiciales

En el país han sido víctimas de desaparición forzosa más de 30 mil personas en las últimas cuatro décadas, cifra que supera las desapariciones en contextos de dictaduras en América Latina. Respecto a las mujeres, según el Informe de Intermón Oxfam de 2010 y la Casa de la Mujer: En Colombia, entre 2001 y 2009, fueron abusadas sexualmente en el marco del conflicto armado interno 94 565 mujeres, de las cuales 26 353 quedaron embarazadas.

Entre estas graves violaciones al derecho a la vida, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la fuerza pública han ascendido a 3 183 [3] entre los años 2002-2009. Del total de estos casos, según elrRelator especial sobre ejecuciones extrajudiciales Philip Alston, aún el 98,5 por ciento de ellos se mantienen en la impunidad. [4]

Por oro lado, en los últimos seis años se han evidenciado con mayor fuerza los nexos de la institucionalidad con el paramilitarismo. Según el informe de OACNUDH [5] 2010, de los casos abiertos por presuntos nexos con bloques o jefes paramilitares, en noviembre de 2009 había 249 casos iniciados contra 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales. [6] Estos datos denotan una grave crisis política, ya que en los ocho años bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de su política de seguridad democrática, los nexos entre la Fuerza Pública, políticos del país y paramilitares se afianzaron a fin de cooptar los espacios de representatividad y cogobernanza. Bajo esta lógica de ilegalidad e impunidad, ha sido exponencial el gasto militar y el incremento del pie de fuerza (un 40 por ciento): “mientras en 2002 por cada 1 000 habitantes había ocho integrantes de la Fuerza Pública en, 2009 se cuenta con diez. En esta cifra se incluyen 15 637 civiles que están incorporados directamente a la Fuerza Pública”. [7]

En este contexto de violaciones de derechos, las y los defensores, al igual que las organizaciones sociales, ejercen diariamente su labor y exigen al Estado colombiano el cumplimiento efectivo de los pactos, tratados, convenciones y convenios firmados y ratificados, así como la solución negociada del conflicto que se vive hace varias décadas. De igual manera, se exigen las garantías para llevar a cabo esta actividad, pues como se ha advertido en diversos informes, esta labor se encuentra estigmatizada [8] y es considerada de alto riesgo: según datos del Sistema de Información sobre Agresión a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – Programa Somos Defensores, “en el período 2002-2009, 1057 personas defensoras fueron víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas y uso arbitrario del sistema penal, entre otros”. [9] De acuerdo con el Programa, en dicho periodo se presentó un promedio de 16 asesinatos y 132 ataques contra personas defensoras por año. Si bien las investigaciones avanzaron en algunos casos, la mayoría permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa. En este contexto de continua persecución, estigmatización y criminalización a la labor de defensa de los DD HH, se resaltan cambios en las estrategias por parte del Estado contra las y los defensores, entre ellas el incremento en los casos de judicialización en diferentes modalidades: “Entre el 10 de diciembre de 2009 y diciembre de 2010 por lo menos 130 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas en todo el territorio colombiano de detenciones, procesos y/o investigaciones judiciales”.

En el año 2010, cambió el Gobierno pero la situación no ha variado, ya que se presentaron “180 amenazas contra organizaciones sociales y ONG, 71 amenazas contra personas, seis atentados y ocho asesinatos contra líderes de procesos de restitución de tierras” lo cual evidencia un panorama crítico para la exigibilidad del derecho a la tierra y los retornos de cientos de campesinos y campesinas desplazadas. Además, según la Organización Indígena de Colombia, durante el 2010 fueron asesinados 122 indígenas. Se suman las interceptaciones telefónicas ilegales llevadas a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que no sólo afectaron a defensores y defensoras colombianas, partidos políticos y Magistrados de las Cortes, sino también a organizaciones internacionales en Europa solidarias con la situación de Colombia.

Frente a estos hechos, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores y Defensoras, Margaret Sekaggya, al término de su visita a Colombia en el mes de septiembre de 2009, señaló: “siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los y las que defienden los DD HH, y a menudo contra sus familiares.

Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas por los derechos de las Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los DD HH y las libertades fundamentales”.

En el departamento de Antioquia y, en concreto, la ciudad de Medellín, la criminalización de la labor de defensa de los DD HH es sumamente preocupante. Del total de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas, 502 casos se dieron en la región antioqueña. Entre 2009-2010 se registraron, según datos de la Corporación Jurídica Libertad, más de 44 amenazas contra líderes y organizaciones sociales y comunidades de paz, cinco casos de detenciones que presentaron tortura, nueve de inicios de investigaciones ilegales, tres de señalamiento y allanamiento ilegal y 15 homicidios; un caso de suplantación de sitio web y seis casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Entre las judicializaciones se cuenta con el proceso ilegal adelantado contra más de 22 organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y ONG de DD HH desde el año 2009. Con base en información de inteligencia militar obtenida de manera irregular y tergiversada, la Fiscalía sostiene que diversas organizaciones hacen parte de la estructura del Partido Comunista Clandestino de las FARC-EP, lo que ha dado lugar a detenciones como la del defensor de DD HH Winston Gallego, miembro de la Fundación Sumapaz. Dentro de las judicializaciones mencionadas, cabe destacar las constantes presiones por parte del Estado contra Elkin Ramírez, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, quien en varias ocasiones ha sido víctima de montajes judiciales y falsas acusaciones. Así mismo, en el año 2009 fue asesinado Alexander Pulgarín, quien pertenecía a la Corporación para la Paz y el Desarrollo (CORPADES) y era testigo clave en el proceso penal contra el paramilitar conocido con el alias de “Memín”. En 2010, se dieron amenazas contra Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica; Carlos Andres Cardona, de la Corporación Itagüi Nueva Gente; Gloria Piza, de la Institución Educativa CEDEPRO; y la Asociación de Productores el Oriente Antioqueño, entre otras.

De acuerdo con lo expuesto, es evidente la grave situación que atraviesa la labor de defensa de los DD HH en Colombia, pese a las expectativas que ha generado el cambio de Gobierno. En la práctica el panorama no presenta cambios y las políticas sistemáticas de persecución y hostigamiento continúan.

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