La riqueza arqueológica no puede ser mercancía

El secuestro de piezas arqueológicas robadas en 2008, halladas en poder de un coleccionista, reabre el debate sobre lo que el autor de este artículo denuncia como “la transformación criminal de Un bien cultural en un bien de intercambio”.Uno se pregunta si retener para sí objetos valiosos –tapices, alfombras, sables, bandejas o muebles– son gestos de goce, de inversión para el futuro o de preservación. Si coleccionar arte implica una actitud similar a la de coleccionar piezas arqueológicas o fósiles. Si es conveniente atesorar objetos y enterrarse con ellos o eventualmente legarlos al fin de una vida, o desposeerse y llegar sin atributos a la muerte.

Cada sociedad ha intentado respuestas a estas preguntas, que varían por ser también variados los contextos en que se enuncian. La arqueología estudia justamente esos y otros cambios en la organización social, así como la diversidad del comportamiento humano (económico, político, ideológico) en el pasado. Esto normalmente se logra a través del estudio de restos materiales en contextos espaciales y temporales definidos. Esos materiales en muchos casos son de una belleza lo suficientemente inexplicable como para considerarlos obras de arte, de los cuales en el territorio de nuestro país hay ejemplos extraordinarios, y algunos coleccionistas no reparan en obstáculos para apoderarse de ellos.

Días atrás se anunció el allanamiento en un departamento de propiedad de Matteo Goretti, un coleccionista de piezas arqueológicas, donde el Departamento Cultural de Interpol encontró piezas robadas en 2008 a la afamada colección Rosso, entre otros objetos prehispanos cuya procedencia se investiga. Aroldo Rosso era un cordobés, primo del entonces senador provincial Eduardo Angeloz y aficionado a la arqueología, que en los años 60 resolvió excavar por su cuenta en Ambato, provincia de Catamarca. En esa época no predominaba aún una severa condena social, aunque sí jurídica, al huaqueo , y todavía se sufrirían violaciones graves al patrimonio cultural por parte de la autoridad pública como falsear la restauración de las ruinas Quilmes o trasladar y descontextualizar los menhires de Tafí por orden del gobernador Bussi en Tucumán. La actividad de Rosso sacó a la luz unas extraordinarias piezas de la cultura Aguada. Pero su falta de rigor científico hizo que, una vez que intervinieron los arqueólogos, no pudiesen determinar su cronología precisa por ausencia de estratigrafías, con lo cual las piezas no contribuyeron plenamente para determinar el contexto de un centro ceremonial de una importancia superlativa. De todos modos, Rosso abrió su colección a los arqueólogos que desde 1973 comenzaron a excavar metodológicamente el yacimiento hasta que fueran forzados a exiliarse en 1976.

Aroldo Rosso consiguió algún apoyo de su primo Angeloz, alquiló un inmueble en La Falda, provincia de Córdoba, y exhibió orgullosamente su colección. Los arqueólogos Osvaldo Heredia y José Pérez Gollán, ambos discípulos del recientemente fallecido Alberto Rex González, quien también estudió el yacimiento, volvieron al país y retomaron la investigación en 1985. Esta se continúa aún hoy con fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

El museo Rosso de La Falda, en cambio, sufrió la suerte de muchos otros museos privados y públicos del país. Al descuido del inmueble se sumó la muerte de su fundador y las disputas entre sus sucesores. Ni el gobierno municipal ni el provincial, ni las instancias judiciales donde se solicitara su amparo, ayudaron a mejorar sus condiciones hasta que, por último, el museo fue desalojado y las piezas trasladadas al mítico Hotel Eden de La Falda, cuyo estado ruinoso y abandonado facilitó aún más el riesgo de robo y destrucción de la colección.

Mientras tanto, ya en 2003, el coleccionista y publicista Matteo Goretti planteaba una disputa con la Secretaría de Cultura de la Nación, la que le denegó la entrega de un predio público para la ubicación de su colección, en la calle Humberto Primo casi Defensa en el barrio de San Telmo, así como la pretendida colaboración económica del Estado en sociedad con lo que él pudiera aportar. La gestión del secretario Torcuato Di Tella había puesto en marcha la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico que obliga a registrar los bienes de esa naturaleza en posesión de particulares, había creado el Comité de Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales con participación de todos los entes con funciones en el área, desde Interpol hasta la Academia Nacional de Bellas Artes, y su sucesor, José Nun, puso en marcha una campaña publicitaria intensiva de divulgación de la prohibición de traficar con esos bienes, que son declarados de propiedad pública aunque puedan mantenerse en manos de los particulares.

El riesgo de asociar al Estado con un particular, coleccionista de bienes arqueológicos, que atribuye para sí la dirección del museo a formarse, es tan evidente como las sospechas de ilegitimidad del origen de las piezas de su colección. Los hallazgos que se leen en las noticias policiales de los diarios parecen confirmar esas sospechas. La impunidad del huaqueo de los años 60, por cierto condenable, no puede compararse a la criminalidad del pirateo de piezas robadas y de un origen muy conocido y difundido. Ninguna de las piezas decomisadas había sido registrada por el coleccionista como lo ordena la ley, y fueron “adquiridas” luego de sancionada la ley que prohíbe expresamente hacerlo.

Algunos diarios enfatizaron el hecho de que el Sr. Goretti es parte del equipo de asesores de Macri. Reducir la discusión cultural al hecho de que el imputado de un delito sea K o M nos está embruteciendo y la corrupción es un índice más de ese embrutecimiento. Lo que aquí presenciamos es la transformación criminal de un bien cultural en un bien de intercambio, con la particularidad de que estos bienes en particular contienen una información que sólo se completa con el contexto físico, histórico y cultural en el que se produjo el hallazgo. Los arqueólogos que nombramos y muchos otros que componen sus equipos dedicaron su vida a investigar esas claves que aportan conocimiento acerca de los modos de vida de millones de personas de otros tiempos. Su ilegítima extracción y tráfico comercial equivalen a destruir intencionalmente páginas esenciales de nuestra propia cultura.

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