La diáspora colombiana

La presencia significativa de organizaciones de personas migrantes y refugiadas, organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas, y de ONG de Derechos Humanos de Colombia en el IV Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) [1], constituyó un grito de resistencia en nombre de la diáspora colombiana desplazada forzada tanto interna como exiliada, asilada y refugiada.

 

Allí hicieron oír la realidad del país, su dolor social, sus luchas de resistencia, sus propuestas. Se escucharon denuncias sobre la profundización en la ya grave crisis humanitaria y la igualmente grave, sistemática y masiva violación de los derechos humanos. Según datos oficiales, el 40,8 por ciento de los hogares colombianos padece de inseguridad alimentaria, más del 20 por ciento de niños y niñas menores de cinco años muestran desnutrición, el 63,7 por ciento de la población tiene deficiencias energéticas y el 36 por ciento deficiencias proteínicas.

¿Qué es lo que acelera el empobrecimiento de la mayoría del pueblo colombiano? Entre las principales causas se encuentran las siguientes: la consolidación del poder terrateniente-narco-paramilitar, la profundización de la parapolítica, los efectos de la militarización de la vida de las comunidades, el desplazamiento forzado y la criminalización y judicializaciones injustas contra defensores de Derechos Humanos y dirigentes sociales. No se puede olvidar tampoco el control de los territorios para la explotación intensiva de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales europeas y norteamericanas, como explicó en el FSMM el escritor Alfredo Molano. Todo ello profundiza en las injustas asimetrías del poder, todo ello empobrece.

El conflicto social y armado que vive el pueblo colombiano por más de cinco décadas tiene en el exterminio y el desplazamiento forzado de población civil uno de sus principales efectos. Actualmente hay más de cinco millones de colombianas y colombianos en situación de desplazamiento forzado, cifra que hace que Colombia y Sudán compartan el triste privilegio de ser considerados los países con las crisis humanitarias más graves del planeta.

Más del 80 por ciento de las personas desplazadas son mujeres viudas, con sus niñas y niños, que dejaron atrás sus casas quemadas y sus cultivos destruidos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, bloqueos de alimentos… La mayor parte de estas personas partieron con el profundo dolor de no haber podido ni siquiera enterrar a sus familiares asesinados, a sus líderes comunitarios exterminados, lo que provoca una profunda ruptura de los tejidos sociales.

La propiedad de la tierra

El aumento de las inversiones extranjeras directas incide negativamente en el reordenamiento territorial. En las últimas décadas el campo colombiano ha sufrido una verdadera contrarreforma agraria impulsada por terratenientes regionales, narcotraficantes y grupos paramilitares, con el apoyo de políticas estatales. La concentración de la propiedad es muy alta y tiende a acentuarse. Como señala el III Informe Alterno de la Sociedad Civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [2], “el 0,43 por ciento de los propietarios es dueño del 62,91 por ciento del área predial rural, mientras que el 57,87 tiene apenas un 1,66 por ciento de la tierra”.

Otro de los principales factores de la expulsión masiva de la población de los departamentos del sur del país son los efectos del Plan Colombia I, el Plan Colombia II y el Plan Patriota, implementados con EE UU y en nombre de la supuesta guerra contra las drogas. Estos planes han provocado fumigaciones indiscriminadas de los cultivos tradicionales de “pan coger” [3] y han envenenado las aguas, provocando graves infecciones. El único camino: traspasar las fronteras para empezar una nueva lucha por el reconocimiento de sus derechos como solicitantes de protección internacional.

Exilio en Ecuador

Ecuador es hoy el país en el que vive el mayor número de personas refugiadas de las Américas. Más de medio millón de colombianas y colombianos pasan la frontera y, sin documentación, inician una nueva lucha contra las persecuciones policiales, la explotación laboral y la xenofobia generalizada.

El proceso preparatorio del IV FSMM se convirtió en un escenario muy importante para que esta realidad invisibilizada y criminalizada encontrara un espacio para su articulación, para construir nuevos tejidos sociales lejos del miedo y la desconfianza. Se vio necesario socializar las necesidades reales y sentidas, promover procesos organizativos en esta nueva realidad del exilio, crecer en identidad, propiciar una mejor estrategia de sensibilización de la ciudadanía ecuatoriana y, sobre todo, avanzar en la incidencia política de la diáspora ante las autoridades ecuatorianas y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En el marco de todo este proceso se consolida en 2009 la Federación Nacional de Organizaciones de Refugiados Colombianos en Ecuador (FENARE), con 23 organizaciones de once provincias. Su misión es constituir una entidad representativa que incida con propuestas en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de políticas públicas, mediante la interlocución con organismos nacionales e internacionales. Gracias a su participación activa en el IV FSMM fue sumando voluntades y convocando nuevas sensibilidades solidarias.

Lo vivido en Quito queda reflejado en la Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales: “El FSMM reitera su vocación de solidaridad y apoyo a las causas de todos los pueblos del mundo, muy especialmente a la causa del pueblo palestino (…). Asimismo apoyamos la causa de los pueblos saharaui, kurdo y de todos aquellos pueblos que sufren la violencia, la expulsión y el desplazamiento por razones económicas o políticas en todos los continentes, entre los casos más críticos el de Colombia, Sudán, Iraq”.

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