Indígenas cristianos de Colombia denuncian persecución por su nueva fe

Ana Silvia Secue es indígena Paéz en Cauca, una agreste provincia en el sur de Colombia. Pero, contrario a las prácticas ancestrales de su comunidad, dice no cultivar hoja de coca ni masticarla y tampoco, asegura, acude a la medicina alternativa de las hierbas, porque la considera brujería.
La razón para apartarse de todas estas tradiciones no es otra que lo que ella llama su encuentro con Dios.
Ocurrió hace 23 años, cuando descubrió en la casa de su padre la Biblia.
Desde entonces, dice, ha recibido muchas bendiciones, pero también algunos problemas. El principal: la creencia de que la comunidad Paéz, su propia etnia, la persigue por profesar la religión cristiana evangélica.
«Nos castigan desplazándonos de nuestras tierras», dice a BBC Mundo.
Persecución
Ana Silvia dice que su conversión se ha traducido en el intento de algunos integrantes de la comunidad Paéz de despojarle sus 18 hectáreas de tierra que tiene en el filo de una montaña en el cabildo indígena de San Andrés de Pisimbala.
Lo peor, asegura, es que en condiciones similares de persecución están muchos de los 14.000 indígenas que ella asegura decidieron convertirse al cristianismo y agruparse en la Asociación de Indígenas Tradicionales OPIC.
Las cuentas de esta organización alegan que por la misma razón 80 familias fueron desplazadas y a 73 maestros se les dejó pagar el sueldo, entre otros incidentes.
Todo esto, según el pastor cristiano indígena Rogelio Yonda Trochez, por influencia de la comunidad Paéz que aprovecha la autonomía política, administrativa y judicial que les otorgó a los indígenas la Constitución Política de Colombia.
«Como no masticamos la hoja de coca, ni participamos en los bloqueos de vías que organizan para protestar contra el gobierno de Colombia, ni hacemos conjuros con hierbas, nos desplazan», dice Yonda, quien acudió a esta entrevista acompañado de un guardia de seguridad que, dice, le asignó el Ministerio del Interior.
‘Es solo indiferencia’
Carlos Sánchez es el gobernador del cabildo indígena de Paniquitá, otra agreste zona del sur de Colombia, asentada entre la cordillera. Su visión sobre aquellos que dejaron las prácticas ancestrales de su comunidad por el cristianismo es muy diferente.
En una llamada telefónica que le atendió a BBC Mundo, Sánchez asegura que no se trata de diferencias religiosas, sino políticas. Para explicarlo añade que los 200 mil indígenas del Cauca, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), tienen algunas reivindicaciones por las que lucha, «y todo aquel que se aparte de ellas está fuera de línea».
Los reclamos están relacionados con el respeto de sus tierras, de sus cultivos de hoja de coca para uso tradicional, de su conocida neutralidad en el conflicto interno colombiano y en una mayor autonomía en su forma de organización política y judicial.
En varias ocasiones, la exigencia de estos ha derivado en marchas y toma de vías, principalmente de la Panamericana, la más importante del occidente del país.
«Quieren restarle méritos a nuestro proceso. No están de acuerdo con nosotros, pero sí están con la política de Estado. Ellos se han negado a ser indígenas y eso es como si usted no quiere ser colombiano, entonces, no tiene que estar en Colombia», dice Sánchez.
Sobre las denuncias de desplazamientos forzados que podrían cometer los indígenas de la comunidad Paéz, el gobernador Sánchez lo niega. «Cuando alguien de nosotros comete un error, como ellos, lo que decidimos es no prestarles atención, porque lo peor para uno es que lo castiguen con la indiferencia».
De hecho, Sánchez asegura que contra Rogelio Yonda Trochez, el pastor indígena cristiano, existe una orden de captura por «un proceso interno de sanción, pero no le prestamos atención, si no hace rato lo hubiéramos detenido».

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