Hansa Urbana, de nuevo bajo los focos

La cascada de escándalos e ilegalidades derivada de los años de excesos de la burbuja inmobiliaria en España no cesa de salir a la luz en los principales medios de comunicación, y parece lejos de terminar. La empresa alicantina Hansa Urbana, que ha diseñado y sostiene el mega-proyecto de Cabo Cortés, en México, no es en este sentido ninguna excepción. Su presidente, Rafael Galea, está entre un grupo de seis acusados que se van a sentar en el banquillo de un juzgado de lo penal, bajo cargos de delito fiscal y falsedad documental, por valor de 6 millones de euros.

Según el diario de Murcia La Verdad, este caso de fraude tributario está vinculado con Enrique Ortiz, participante en otras tramas ligadas a la corrupción urbanística como el caso Brugal. En el que nos ocupa, parece que Ortíz y otros vendieron suelo de Alicante a Hansa Urbana, y en la operación se evitó el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de forma indebida. Ahora la Fiscalía, que ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, pide para ellos casi 6 años de cárcel y que hagan frente a una responsabilidad civil equivalente a lo defraudado, es decir 6 millones de euros.

No es la primera (y posiblemente tampoco será la última) operación de carácter dudosamente legal en la que se ve envuelta Hansa Urbana. Varios de sus proyectos ubicados en la región de Murcia, como el de Novo Cartagho, permanecen aparcados debido en parte a recursos legales y en parte a la falta de liquidez por la crisis económica.

Para hacer frente a un impago, la empresa cedió a finales del año pasado su proyecto de Cabo Cortés a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida por el Banco de España, con varios de sus ex directivos investigados y a punto de ser absorbida por el Banco Sabadell. Sin embargo, el proyecto sigue figurando en su web y sigue teniendo parte en él a través de sus filiales en México.

Cabo Cortés, con un tamaño previsto casi igual a la capacidad hotelera de Cancún, puede poner en serio riesgo el arrecife de Cabo Pulmo, una de las reservas marinas más productivas del mundo, y Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. La campaña contra este proyecto sigue recabando firmas –ya van más de 160.000- para pedir al gobierno de México que cancele todos los permisos ya que incumple claramente la ley.

¿A quién va a escuchar el gobierno de México? ¿A sus propios ciudadanos y la comunidad de Cabo Pulmo, o a estos jugadores de ventaja que sólo piensan en incrementar sus beneficios?

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