Guatemala. Tres años de cogobierno

Catorce de enero 2008 a catorce de enero 2011. Un comunicado del Frente Nacional de Lucha resume este periodo: “Si se analizan las áreas sustantivas propias de la vida nacional, no hay una sola que no resulte deficitaria. No hay un solo campo en el que, como país, no andemos mal, con el agravante de que los costos derivados de la implementación de políticas públicas erróneas los terminan pagando, siempre, los sectores populares. El tercer año de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, estuvo caracterizado, como los años anteriores, por un profundo divorcio entre el discurso y la práctica” . Tres años de desgobierno, concluye el Frente.

 

Desgobierno y también co-gobierno. Gobierna Álvaro Colom y los empresarios que deciden el momento y la forma de impedir reformas tributarias. Deciden en un tema sensible que implica no sólo crecimiento de la recaudación para el fortalecimiento de la acción social del Estado (por sí mismo, un gran avance) sino un cambio en la cultura política: de la supremacía de intereses particulares a la negociación y el compromiso social.

Las compañías mineras imponen, y mucho, cuando son capaces de desobedecer mandatos legales, como el que ordena a la canadiense GoldCorp la paralización de operaciones en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Poseen más autoridad que el Estado o que un Ejecutivo débil/incapaz/desinteresado en el cumplimiento de normas.

Transnacionales de la energía, como la española Unión Fenosa-Gas Natural, tienen la potestad de influenciar las políticas energéticas, triplicando la producción de electricidad a través del contaminante carbón . O tal vez creen ustedes que las decisiones se toman al revés: el gobierno considera de interés nacional la utilización de carbón y en ese preciso instante Unión Fenosa-Gas Natural se ofrece a satisfacer esta imperiosa necesidad.

Las organizaciones criminales disponen de cada vez mayor presencia territorial, controlan actividades económicas (en disputa con otros actores), cooptan instituciones (alcaldías, diputaciones, gobernaciones, consejos de desarrollo), se imponen por la fuerza o convencen (vía “derrame” de dinero), crean símbolos y valores: estilo de vida, parámetros de estatus y éxito social. Es decir, son cada vez más Estado frente a un Estado voluntariamente ausente. Estado con los cuatro componentes definidos por el intelectual y actual vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera: “Como dimensión material y régimen de instituciones; como régimen de creencias y percepciones; como relaciones y jerarquías entre personas sobre el uso, función y disposición de los bienes; y como monopolio”.

El co-gobierno contradice los postulados socialdemócratas de la UNE. No hay avances en ámbitos trascendentales que marcan la diferencia entre una construcción corporativa o un modelo colectivo: en términos de política fiscal redistributiva, de establecimiento de mecanismos e instancias de diálogo para acuerdos vinculantes, de la voluntad de transcender el modelo neoliberal (recuperación de lo público), de fortalecimiento de la institucionalidad y del papel redistribuidor del Estado, de ejecución de políticas públicas populares. El esquema de transferencias monetarias condicionadas –eje de la acción social del gobierno- no orienta por sí mismo una gestión socialdemócrata si no va acompañado de políticas económicas progresistas y medidas integrales: fiscales, monetarias, políticas (democratizadoras) sobre la propiedad de la tierra, y otras.

Por el contrario, el significativo abandono de la agenda de la paz durante este periodo de gobierno implica la renuncia a una visión consensuada e incluyente del desarrollo, al compromiso de tender puentes y construir consensos económicos, sociales y políticos. Se profundiza una cultura política de y para las elites, en el contexto de una institucionalidad cada vez menos comprometida con un proyecto democrático.

Los excluidos del sistema

Al tiempo que se satisfacen diversos y minoritarios intereses, se generan espacios (amplios) de exclusión. No se reconocen los derechos de todos los actores ni se pretenden nexos articuladores para un proyecto común. La dinámica electoral sintetiza esta encrucijada: amplia movilización partidaria para la defensa de intereses sectoriales, marginación social.

El poder se ejerce a partir de esquemas de relación estáticos. Son los mismos los que controlan la toma de decisiones y maximizan beneficios y los mismos los situados en los márgenes. Los pueblos indígenas representan uno de los colectivos excluidos, históricamente y en el periodo de gobierno actual. Su “aproximación” a los beneficios del sistema se opera vía folclorización, asistencialismo o explotación para el desarrollo de la economía “criminal exportadora” (azúcar, agrocombustibles, droga, trata y tráfico de personas). También a las mujeres se les niega su condición de sujeto histórico-político: son asesinadas, criminalizadas (mareras), estigmatizadas (prostitutas), perseguidas en los procesos de defensa del territorio. Ejercido este rechazo, se amplía el espacio para la confrontación.

Resistencia: desde abajo (¿y desde afuera?)

El contexto mundial generaliza la centralización de las decisiones, la concentración de la riqueza, la apuesta por la imposición, reduciendo los márgenes de actuación de los gobiernos nacionales. En el aspecto económico se reconfigura el neoliberalismo, a partir de la reprimarización del modelo agroexportador (agrocombustibles, minería, agua como ejes de acumulación): la segunda fase del neoliberalismo, según Raúl Zibechi . Esta readaptación supera por momentos la tentación de recuperar el papel redistribuidor del Estado y obliga a redefinir en qué momento de la evolución capitalista nos encontramos: crisis del sistema y tránsito hacia un nuevo modelo (posneoliberalismo) o reconfiguración del mismo. A este respecto la socióloga mexicana Beatriz Stolowicz alerta sobre lo dudoso de la transición: “El posneoliberalismo no es más que un manual táctico conservador para apuntalar al gran capital”.

En lo político, se produce la expansión del autoritarismo, que acompaña la explotación económica y que sitúa la democracia (como principio, más allá de las prácticas) en la más grave crisis desde el fin de los gobiernos militares en la década de los 80: el sociofascismo definido por Boaventura de Sousa Santos, o el neoliberalismo de guerra, en los términos utilizados por James D. Cockcroft.

Las amenazas globales renuevan procesos de resistencia. Se generan nuevas expresiones organizativas. Se convierten en protagonistas actores como pueblos indígenas, movimiento feminista, pueblos y comunidades en resistencia. Se desarrolla el movimiento al tiempo que se construye pensamiento, con una riqueza inédita y a veces inverosímil en un contexto de sobrevivencia económica. La acción política traspasa lo políticamente correcto: el feminismo lésbico, la discusión sobre la heterosexualidad obligatoria. Los jóvenes reivindican la memoria de la resistencia, renovando formas, consignas, ilusiones, errores, ensayos, y sobre todo la creencia –históricamente cíclica- en la posibilidad de las utopías y los cambios estructurales. Recuperan sin pudor y con orgullo histórico (o de la memoria de una historia no vivida) la narrativa de la revolución, generan su contracultura (hip-hop, grafittis), contra la cultura oficial y la oficiosa cultura y simbología de la transformación social.

A pesar de los avances, los retos son mayúsculos. Entre otros:

- La necesidad de una relectura del país a raíz del poder adquirido por el crimen organizado, que actúa ya como eje de articulación política e institucional;

- La renovación de estrategias de lucha en un marco de acentuado autoritarismo (fundamentalismo, renovación del poder del ejército, normalización de los estados de sitio y excepción, pena de muerte);

- La discusión de las estrategias de trabajo en un contexto de institucionalidad construida por y para la acumulación y “tomada” por poderes criminales (especialmente la institucionalidad partidaria-electoral);

- La superación de la fragmentación y la concreción de una unidad que no implique subordinaciones (la “hegemonía de las diversidades”: según el sociólogo boliviano René Zavaleta , es la diversidad la que produce la hegemonía). Así, la unidad no puede excluir las alianzas y la polémica enriquecedora, entre otros, con los jóvenes, con el movimiento por la diversidad sexual, con las mujeres;

- La articulación no sólo de actores sino de espacios de lucha: vinculación de agendas, temas, solidaridades y sororidades;

- La superación de una doble relación de dependencia-independencia, ambas nocivas: dependencia en algunos casos absoluta de fondos de la cooperación, independencia frente a otras organizaciones (cuando la existencia de fondos permite realizar actividades en aislamiento de otras dinámicas sociales);

- El debate sobre los sujetos y su relación con los instrumentos organizativos y políticos, a partir del reconocimiento de la existencia de instrumentos políticos concebidos en la práctica como sujetos (algunos partidos de izquierda), a los que se subordinan movimientos y sujetos sociales y comunitarios, sobre todo en el marco electoral;

- La discusión de la relación entre movimientos sociales y partidos políticos de izquierda y, en general, la superación de la comprensión de lo social como secundario, y de lo partidario-electoral-institucional como predominante-estratégico. Esta comprensión mal fundamentada determina, por ejemplo, que actores clave en los procesos de resistencia de las comunidades, sean marginales durante las contiendas electorales;

- El cuestionamiento de la democracia de los movimientos sociales y partidos de izquierda (o su carencia), del racismo y machismo institucionalizados;

- La superación de la fisura entre objetivos estratégicos y tácticas de lucha: la falta de conexión entre estrategias y planteamientos de toma del poder, refundación del estado, buen vivir … y las prácticas que no permiten abarcar más que horizontes asistencialistas o reformistas;

- La separación de la ruptura entre atención a necesidades inmediatas y demandas estratégicas, con la capacidad de vincular y luchar simultánea y complementariamente por ambas;

- La recuperación de la legitimidad social de los planteamientos de izquierda (cultura de paz, solidaridad, colectividad, predominancia de los derechos sociales y colectivos, con el Estado como instrumento articulador). Esta legitimidad está hoy cuestionada por el individualismo, la insolidaridad, el dominio de los derechos individuales, la mercantilización de la vida social, el debilitamiento del Estado como instancia operativizadora de consensos sociales. Para recuperarla, se necesita un intenso trabajo educativo-cultural, según el planteamiento de Antonio Gramsci, y un intenso trabajo comunitario;

- La coherencia entre medios y fines, entre ética personal y pública, entre acción privada y acción política que, hoy por hoy, está presente solamente en el planteamiento y la construcción del movimiento feminista;

- La apertura a nuevos actores y formas de lucha: estudiantes, movimiento hiphopero, feminismo comunitario indígena, las culturas como formas de resistencia;

- La necesidad de formas organizativas transformadas, construidas por los “otros” sujetos;

- La definición de una nueva agenda: poselectoral (en el marco de una institucionalidad convertida en instrumento de grupos corporativos); posdemocrática (al menos de la democracia vigente);

En un ámbito de deterioro democrático, de continuidad del esquema de dominación, el reto es convertir en poder la capacidad de movilización comunitaria y social. Es decir, ampliar la posibilidad de nuevos consensos, nuevas prácticas y culturas políticas, nuevos valores, nuevas formas de organización, con la naturaleza, las personas y la colectividad como centro de los esfuerzos.

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