ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: pueblos originarios

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Se está elaborando el censo de 2010, por lo que hay que remitirse al correspondiente al año 2000 y a un adelanto estimativo realizado en 2007 según el cual el número de quienes se identifican como indígenas es de 3.041.592 personas, aunque hay que reseñar que otros cuatro millones lo hicieron en combinación con alguna otra identidad étnica (cherokee-mexicano, indio centroamericano, indio sudamericano, indio franco-americano, etc.). [1] La población total es de 310 millones de habitantes, lo que significa que menos de un 1% del total pertenecería a los pueblos[2]abenaki, aleut, algonquino, alutiiq (sugpiat), apache (chiricahua, jicarilla, lipan, mescalero), arapahoe, arikara, assiniboine, athabaskano (ahtena, doyon, gwich’in, tanaina), bannock, blackfoot, brotherton, caddo, cahuilla (soboba, agua caliente), cahto, chaneliak, chimariko, chugach, carrier, catawba, cayuse, chehalis, chemakuan (hoh, quileute), chemehuevi, cherokee (shawnee, echota, etowah), cheyenne, chickahominy, chickasaw, chinook, clatsop, chippewa (saginaw, sokoagon, keweenaw, leelanau, mille lac), chippewyan, chitimacha, choctaw, chumash (santa inés), coharie, colville, comanche, coos, coquilles, costanoan, coushatta, cowlitz, cree, creek (thlopthlocco), croatan, crow, cupeno, chaneliak, chugach, cato, chimarico, columbia, delaware (lenni lenape, munsee), diegueño (manzanita, mesa grande, sycuan, capitán grande), digger, gabrieleño, gros ventres (atsina), han, haida, haliwa, hidatsa, hoopa, houma, ingalik, inupiat, iowa, iroquois (cayuga, mohawk, oneida, onondaga, seneca, tonawanda seneca, seneca cayuga, tuscarora, wyandotte), juaneño, kalispel, karok, kaw, kickappo, kiowa, klallam (lower elwha), klamath, konkow, kootenai (matinecock, montauk, poospatuck, setauket), kalapuya, luiseño (pala, pauma, pechanga), koyukon, kutchin, lumbee, lummi, maidu (nishinam), maikah, maliseet (aroostook), mandan, mattaponi, mattole, menominee, miami, miccosukee, micmac, miwok, moor, modoc, mohegan, mono, morongo, nabesna, nanticoke, narragansett, navajo, nez percé, nomalaki, nansemonz, natchez, nipmuk, omaha, osage, otoe-missouria, ottawa, paiute (kaibab, moapa) , pamunkey, passamaquody, pawnee, penobscot, peoria, pequot, pima, piscataway, pomo (kashaya), ponka, potawatomi (hannahville, hurón, pogagon), phowatan, pueblo (acoma, aeizona tewa, cohiti, hopi, isleta, keres, laguna, nambe, picuris, piro, poioaque, sandía, san felipe, san ildefonso, taos, tesuque, tiqua, zia, zuni), puget sound salish (duwamish, muckleshoot, nisqually, nooksack, puyallup, samish, sauk-suiattle, skomish, snoqualmie, squaxin island, steilacoom, stillaguamish, suquamish, swinomish, tulalip), quapaw, quinault, rappahannock, sac and fox, salinan, salish, schaghticoke, sealaska, semínola, serrano, shasta, shawnee (absentee), shinnecock, shoshone (ely, goshute, te-moak, timbi-sha, washakie, yomba), shoshone-paiute, siletz, sioux (blackfoot, brule, dakota, mdewakanton, oglala, sisseton, sisseton-wahpeton, tetón, wahpeton, yankton), siuslaw, soboba, spokane, stockbridge, tanana, tillamook, tlingit, tohono o’odham (ak-chin), tolowa, tonkawa, tsimshian, tunica (biloxi), umatilla, umpqua (cow creek umpqua), ute (uintah), waccamaw-siouan, wailaki, walla-walla, wampanoag (mashpee), washo, wappo wesort, wichita, wicomico winnebago, wintu, wiyot, yakima, yaqui (barrio libre, pascua yaqui) , yavapai apache, yokuts (chukchansi, tachi), yuchi, yuki, yumán (cocoph, havasupai, hualapai, maricopa, mojave, quechan, yavapai), yupik y yurok.

Estados Unidos no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y votó en contra de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU, por lo que su legislación en lo referente a ellos sólo se sustenta en la Constitución de 1787 y en una serie de sentencias judiciales posteriores aunque hay que reseñar que el gobierno actual, presidido por Barak Obama, ha enviado una directiva a las agencias federales para que consulten con las tribus antes de desarrollar políticas federales que puedan tener un impacto sobre los pueblos indígenas.[3] No es una iniciativa nueva, simplemente desarrolla una normativa de la Administración Clinton que nunca había sido puesta en marcha. En cuanto a la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la reconsideración del voto en contra de la DDPI de la ONU, ni siquiera están en la agenda.

En este sentido, no hay cambio alguno entre esta administración y la de sus predecesores, salvo sorpresa mayúscula en los próximos años si es reelegido Obama. Bien es cierto que el presidente ha realizado algún gesto como la “Proclama presidencial en el Mes de la Herencia Indígena Estadounidense”,[4] en noviembre de 2009, en la que reconoce a los pueblos indígenas en EEUU “sus muchos logros, contribuciones y sacrificios” junto a una “demostración de coraje ante la adversidad” y con una mención especial a quienes “han luchado valientemente en defensa de nuestra nación como dedicados hombres y mujeres de las fuerzas armadas”. Pero poco más. Ni una mención al Convenio 169 de la OIT ni a la DDPI aunque sí hay un reconocimiento a que “la comunidad indígena estadounidense enfrenta hoy enormes desafíos que han sido ignorados por nuestro gobierno por mucho tiempo”, para lo que EEUU hace lo único que sabe hacer: dar dinero para que las comunidades indígenas satisfagan sus necesidades más urgentes.

Obama mantiene una política de ambigüedad calculada respecto a los pueblos indígenas. En su campana electoral hizo una vaga promesa de revisar la posición de EEUU respecto a la DDPI aunque el único movimiento que ha hecho en ese sentido –es de suponer que para votar finalmente a favor de la misma- ha sido creación de una página web (sic) para recibir opiniones sobre el tema.[5] Pero con esa iniciativa lo que ha hecho ha sido desconocer un plan de consulta formal con los dirigentes tribales y los propios pueblos originarios.

Los derechos de los pueblos indígenas incluyen tratados individuales y leyes federales indias variables y, a menudo, dependientes de decisiones adoptadas por la Corte Suprema de los EEUU. La soberanía de los gobiernos tribales está limitada por el pleno poder del Congreso, que puede cambiar de forma unilateral artículos de los tratados históricos. Y los jueces en la mayoría de las ocasiones realizan lecturas restrictivas de los derechos de los pueblos indígenas, como lo ocurrido cuando en el año 2007 el pueblo shinnecock reclamó contra lo que consideró “robo legalizado de sus tierras”, demanda territorial que fue rechazada con el argumento que de ser considerada tendría “consecuencias muy perturbadoras” si tal pretensión se admitiese.[6] La sentencia no deja lugar a dudas del tratamiento que reciben los pueblos originarios en EEUU dado que establece que la soberanía sobre las tierras no puede restituirse a las tribus indias si dicha restitución pudiera afectar negativamente a sistemas económicos y políticos que han estado funcionando durante décadas. Por lo tanto, la pérdida de soberanía no puede revertirse, incluso en el caso de que las tierras en cuestión hayan sido ocupadas ilegalmente. Sólo se les da la razón, en ocasiones, ante cuestiones medioambientales y religiosas. Así sucedió también ese año en una demanda colectiva de los pueblos navajo, hopi, hualapai y havasupai en contra de un proyecto de expansión de una estación de esquí en un bosque nacional considerado sagrado por estos pueblos. También el pueblo comanche logró paralizar un proyecto del Ejército para construir depósitos en sus tierras sagradas.

En la Constitución se menciona a los indígenas muy brevemente, sobre todo para la cuestión del comercio y de los tributos puesto que se consideraba a las tribus, denominación que hoy se utiliza, como entidades políticas separadas, externas a EEUU y, por lo tanto, sus miembros no eran considerados ciudadanos de ese país. Por otra parte, aunque sin mencionarlas explícitamente, se reconoce el estatus legal de los tratados con las tribus indígenas al afirmar que, junto con la Constitución y las leyes, los tratados constituyen la suprema ley del país. Todo eso cambió con la conquista de los territorios indígenas durante el siglo XIX. Hoy el estatus legal de los pueblos originarios está definido por la Ley Indígena, que considera a las tribus como “naciones domésticas dependientes” que retienen aquellos aspectos de su soberanía que no han sido cedidos al gobierno de los Estados Unidos.

Los pueblos indígenas reclaman su devolución y la recuperación de los acuerdos alcanzados con ellos, que consideran son violados día tras día por el Estado con efectos devastadores en su vida social, económica, ambiental, cultural y espiritual por el uso que se da a sus territorios. EEUU ha visto siempre a los nativo-americanos (lenguaje políticamente correcto) como menores de edad. Por ello, el gobierno federal tiene una “responsabilidad de tutela” que implica no sólo la protección de los indígenas y sus bienes, sino también una obligación de proveerles de todo tipo de servicios, sociales, educativos y sanitarios. Entre esos bienes está la tierra. Los indígenas tienen derecho de ocupación de sus territorios, pero no pueden disponer de la tierra de ellos si no es con el consentimiento del gobierno federal, que mantiene un fideicomiso sobre esas tierras y los bienes que hay en ellas, por lo que es quien las administra a través de la Oficina de Asuntos Indígenas, en estos momentos dirigida por un pawnee.

Los fideicomisos se han convertido en uno de los principales elementos de lucha y reivindicación de los pueblos indígenas en EEUU. Como se ha dicho, es el gobierno quien tiene los títulos de propiedad de la tierra, recauda dinero en concepto de arrendamiento y paga a los propietarios indígenas individuales y colectivos de la tierra. A cambio, están libres de impuestos. Los indígenas llevan años denunciando una mala gestión y que el gobierno no rinde cuentas de los ingresos provenientes de la explotación de petróleo, gas, carbón y madera y ante la justicia se han presentado demandas que llevan 12 años sin resolverse. Es el caso de las presentadas por los pueblos navajo y blackfoot.

El fideicomiso, además, le ha permitido al Estado hacer y deshacer sobre los recursos naturales. Uno de ellos, la extracción de uranio, está provocando un auténtico desastre cultural, además de ambiental y sanitario, en tierra de los navajo, havasupai, hopi y pueblo en el suroeste del país (Arizona). Hay estudios, avalados por el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, que documentan un aumento considerable del número de casos de cáncer, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal, diabetes y deformaciones como resultado de las minas existentes en sus territorios.[7] Estas cuatro naciones, junto a los hualapai, han reclamado con insistencia una moratoria en la minería de uranio y ante el silencio del gobierno han decidido prohibir la extracción del mismo en sus territorios. Una medida más simbólica que real puesto que no tienen ninguna soberanía sobre los mismos y la mayoría de las extracciones de uranio están en tierras bajo fideicomiso. Los ponca están dispuestos a hacer lo mismo si el gobierno federal y el de Oklahoma no realizan de inmediato una evaluación seria sobre el impacto que está teniendo la explotación de petróleo en sus tierras en lo referente a contaminación de aguas, pérdida de sus fuentes tradicionales de alimentos e impacto sobre la salud. En Alaska, los gwich’in se oponen a la explotación de petróleo en sus tierras.

Sin ir tan lejos, los paiute han bloqueado los intentos de construir una línea de ferrocarril por su territorio que tenía como finalidad transportar residuos nucleares hasta Montana. Y los shoshone no han podido hacer nada legal para oponerse a que su territorio haya sido invadido para iniciar los trabajos de lo que podría convertirse en la mina de oro más grande del mundo cerca de uno de sus sitios sagrados en el monte Tenabo (Nevada).

El gobierno de EEUU argumenta que, además del fideicomiso, la tribu puede tener tierra comunal aunque el título de propiedad de la misma pertenece siempre al Estado, tierra asignada (arrendada) a particulares y “loteos”, un sistema mixto entre la propiedad individual y el fideicomiso, que es la principal forma de tenencia de tierra, con una extensión de 24 millones de hectáreas. El gobierno también dice que gracias a este sistema de fideicomiso algunas reservas indígenas han tenido un progreso económico considerable (uno de ellos representado por los casinos de juego, negocio en el que están invirtiendo o tienen el proyecto de hacerlo casi todos los pueblos indígenas con tierras en fideicomiso) aunque la realidad indica que si bien es cierto en el caso de los semínola la gran mayoría de la población indígena mantiene tasas de pobreza elevadas y el índice de desempleo llega en algunas reservas, sobre todo en las ubicadas en Dakota del Sur, al 80%.

Esta realidad de los indígenas en EEUU es la misma, o se diferencia muy poco, de la de otros pueblos en el resto del continente: falta de empleo, poco acceso al agua potable, aislamiento físico y social, vivienda de calidad inferior a la de otros ciudadanos, ataques a su identidad cultural y altas tasas de delito y encarcelamiento. La ONU establece que el ingreso medio de los indígenas en EEUU no llega a la mitad de la media general en el país, que casi la cuarta parte vive bajo el umbral de pobreza (frente a un 12’5% de la población total) y que tienen las tasas de mortalidad más altas que los demás a causa de tuberculosis (600% más alta), alcoholismo (510% más), diabetes (189% más, siendo los pima quienes tienen la tasa de diabetes más alta de todo el mundo), homicidio (61% más) y suicidio (62% más).[8]Otro dato revelador que ofrece la ONU es que las mujeres indígenas en EEUU tienen 2’5 veces más probabilidades de ser violadas o de sufrir acoso sexual que el resto de mujeres.

Aunque hay mucha diferencia entre unos pueblos y otros, sí se puede decir que el navajo es el más combativo en estos momentos. No sólo mantiene reclamaciones en los tribunales y rechaza las actividades extractivas como el uranio, sino que está realizando una campaña relacionada con la deforestación de los territorios tradicionales indígenas y la reversión de una práctica iniciada en la década de 1970 que consistía en el traslado de poblaciones de nativo-americanos para ser reubicados en otros lugares sin su consentimiento ni “justa y equitativa compensación”. Los navajo han llevado el caso a la ONU y plantean que si no es posible volver a las tierras tradicionales al menos se les conceda tierras de igual tamaño y calidad.

En lo que sí hay un avance es en la cuestión educativa. Las agresivas tácticas de asimilación del pasado, tales como las escuelas residenciales y los programas de adopción, han tenido un impacto en las culturas, los idiomas y las tradiciones de los “nativo americanos”. Incluso hoy siguen funcionando los internados, unos dirigidos por la Oficina de Asuntos Indígenas, otros administrados por iglesias y otros se encuentran bajo el control de los propios pueblos originarios. La asistencia ya no es obligatoria y los niños no son obligados a practicar el cristianismo, lo que es un avance respecto al pasado, y es en las escuelas bajo control de los propios pueblos donde se les educa de forma bilingüe y se hace hincapié en las tradiciones culturales nativas. A ello ayuda el que en 2006 se aprobase una norma, la Ley Esther Martínez para la Preservación de las Lenguas Indígenas, que ha permitido que durante tres años se otorgase financiamiento a aquellas instituciones que enseñen las lenguas indígenas, puesto que las estimaciones sobre la supervivencia de las mismas no son optimistas: los lingüistas estiman que para el año 2050 sólo se mantendrán vivas 20 lenguas indígenas en EEUU. La ley lleva en nombre de una anciana pueblo-tewa que siempre se preocupó por la revitalización de su lengua.

Un aspecto a tener en cuenta sobre la situación de los indígenas en Estados Unidos es el referente al racismo que la ley aprobada en Arizona pone encima de la mesa con toda su crudeza. No sólo está dirigida contra la población no anglosajona de origen hispano, sino a los propios pueblos originarios que, como los yaqui procedentes de lo que hoy es México, tienen un parecido físico extraordinario con cualquiera de los pueblos de origen azteca en este país latinoamericano. Arizona es un territorio con amplias raíces mexicanas y también, y por ello, anti-mexicano. Los yaqui viven sin problemas en barrios marginales con gran población hispana, como South Tucson, en la capital de ese estado. Tal vez sería interesante que James Anaya, el actual Relator Especial de la ONU para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, natural de Arizona, realice un informe sobre su país y su Estado y no se limitase sólo a criticar la ley junto con otros cinco relatores especiales de la ONU en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Los pueblos navajo, hopi y yaqui a buen seguro que se lo agradecerían y la famosa “comunidad internacional” vería cómo se las gasta el país adalid de los derechos humanos con pueblos originarios como éstos, entre otros, que además están radicados en Arizona. Tal vez con este pequeño dato se pueda comprender mucho mejor la expresión de felicidad de la indígena yaqui que asistió a la votación en la que la Asamblea General de la ONU adoptó la DDPI en el año 2007 (ver “La larga lucha hacia la visibilización”).

Un comentario en “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: pueblos originarios

  1. Saludos Cordiales. Nos es muy grato partcipar a usted la realización del evento ELECCION DE LA ÑUSTA ANDINA EL 22 de junio de 2018, Fiesta Mayor de los pueblos ancestrales el INTI RAYMI. Comedidamente solicitamos la posibilidad de contar con el auspicio económico y acompañamiento del ministerio rector de la Cultura en el país. Respetuosamente.

    Inti Daquilema
    DIRECTOR

    0997360360

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