ES EL AULA EL LUGAR

Integración escolar
¿Es el aula el lugar correcto?
No es posible la integración escolar de todos, en cualquier forma. Hay niños que, por su tipo de discapacidad, necesitarán también (o, incluso, exclusivamente) de la escuela especial. La inclusión forzada trae aparejada la frustración educativa del alumno con necesidades especiales y la disminución del nivel de enseñanza para todos. Lo que debe satisfacer la escuela no es lo que las autoridades o los padres quieren para sus niños, sino lo que éstos necesitan.

La modalidad de integrar alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela común, lleva casi dos décadas de práctica. Hasta el momento no se dieron a conocer datos estadísticos acerca de los resultados obtenidos y cabe preguntarse si éstos existen.

Una fugaz mirada a los distintos casos y el diálogo con docentes de ambas áreas señalan la necesidad de reformular cuestiones centrales. Las diferencias entre las afirmaciones «somos todos iguales» y «tenemos todos los mismos derechos» parecen confundirse en el ámbito de la integración de la manera en que ésta se plantea actualmente. Más aún, se contradicen en aquellos vértices donde convergen.

En la provincia de Bs. As., la educación especial tiene tan sólo un poco mas de 60 años de existencia, lo que revela la dificultad para enfrentar los prejuicios y derribar los muros de silencio que rodean el tema de la discapacidad.

Alguien dijo alguna vez, que el grado de evolución humana de una sociedad se define en relación al trato que de ella reciben los más débiles. Si nos atuviéremos a esta afirmación, la aparición de la educación especial como rama, pensada en favor de las necesidades educativas especiales (N.E.E), es un derecho humano.

Eso es precisamente lo que esa modalidad resguarda. Con infraestructura adecuada a las distintas problemáticas, con docentes preparados de manera específica, con equipos de profesionales al servicio de los alumnos y las familias, con aulas y matrículas que responden a las necesidades de los chicos y con currículas que atienden a las posibilidades reales para un aprendizaje pleno y eficaz, entre otras cosas. Sin embargo hoy, quienes sostienen el proyecto de integración, parecen aunar sus esfuerzos para evitar la derivación de un alumno a la escuela especial y tras siglos de lucha social en favor de preservar el derecho a la diversidad tanto de razas como de sexos, religiones, orientaciones sexuales y demás individualidades, le otorgan la categoría de «discriminatoria» a la palabra diferente. En noviembre del 2006, durante el Congreso de autismo y trastornos generalizados del desarrollo organizado por la escuela San Martín de Porres, uno de los exponentes habló de «condenar» a un alumno a la escuela especial. Más allá de un diagnóstico erróneo que pueda llevar a un niño a un lugar al que no corresponde -posibilidad a la que se debe prestar especial atención como profesionales de la educación y la salud- la palabra condena implica una carga valorativa sumamente negativa, que refleja una mirada injusta y despreciativa hacia la escuela especial.

Cierto es que hay muchas cosas que cambiar en las escuelas «500». Tal vez incluso reformularlas en muchos aspectos desvirtuados con el tiempo. Quizás todos los trabajadores de la educación tengamos que repensar si la tarea que realizamos amerita cambios profundos, pero para ello, también hace falta un análisis minucioso sobre las propuestas pedagógicas y, en el caso de la integración, es necesario reflexionar sobre algunos ejes importantes. ¿Quiénes pueden? ¿Có-mo debe hacerse? ¿De qué forma? ¿A qué necesidades y de quiénes responde la integración? ¿A las de los niños con N.E.E? ¿A las de los alumnos de la escuela común? ¿A las de las familias? ¿O a las de las políticas económicas, tal vez?

Ya son muchos (y nuevamente me faltan datos precisos) los relatos de alumnos con grandes frustraciones tras su paso por la escuela común.

Cabe mencionar aquí también un análisis no menor, registrado en un informe del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, Marina Vilte/CTERA, del año 98: «En cuanto a la integración, que también va creciendo año a año, no exime la necesidad de sumar un tipo de atención distinto al de la escuela común, de maestros capacitados para atender la problemática, menor cantidad de alumnos y mayor cantidad de recursos. La integración es una política que puede responder a dos motivaciones distintas. Una, que es indispensable promover, se basa en principios democráticos de no discriminación. Otra, que aparece escondida en el discurso seudo democrático oficial, utiliza la directiva pedagógica de integrar a alumnos con características especiales para reducir el gasto que acarrean sus necesidades de atención especializada. De ese modo, hoy en la Argentina, la atención de chicos con necesidades especiales es también una variable de ajuste». El presente párrafo resume, en parte, aquello que intento explicar.

La educación especial es un derecho y tanto alumnos «especiales» como comunes (sin hacer una distinción sintáctica absurda, tal cual nos tienen acostumbrados los medios, con aquello de «capacidades especiales» y demás eufemismos) merecen una escuela que responda a los requerimientos pedagógicos, así como también lo ameritan los niños con coeficientes más elevados que la media. Pareciera que en la Argentina, las «diferencias» generan gastos que las políticas económicas buscan achicar, olvidando que el Estado debe ser garante de la educación, la salud y la justicia como ejes centrales del desarrollo humano.

En cuanto a la integración en escuela común de niños con discapacidad, es posible inferir que ésta tendrá un límite ni bien aparezcan contenidos cuya elaboración intelectual implique, por ejemplo, procesos de abstracción. Claro está que cada discapacidad y grado de las mismas son diferentes en cada alumno, pero si tenemos en cuenta patologías cromosómicas como el síndrome Down, el «choque» con las dificultades pedagógicas será tan sólo cuestión de tiempo. Más allá de un aconsejable paso por el jardín de infantes, donde los hábitos y el juego son el eje pedagógico, ¿qué posibilidades tiene un chico de esas características de continuar aprendiendo los contenidos programados para las aulas de una escuela común? ¿Cuál sería el beneficio de ese proceso? ¿Cómo se trabajan los niveles de expectativas con los padres? La lista de interrogantes continúa.

Es posible y necesaria la integración de las personas con discapacidad, a pesar de vivir en un mundo globalizado donde algunas brechas parecen agrandarse en vez de achicarse. Pero cuando se habla de integración, debieran considerarse los aspectos sociales, laborales, recreativos, religiosos, etc., etc. Así como la verdadera inclusión social debe justamente garantizar los derechos de atención especializada de cada grupo o sector de la sociedad, sean cuales fueren las características que así lo ameriten.

Se puede pensar en una escuela inclusiva, una en donde se compartan espacios creativos, recreativos y también algunos exclusivamente pedagógicos, pero que contemple las diferencias y necesidades proporcionando los elementos necesarios para que cada alumno pueda desarrollar sus capacidades al máximo (esto es, aulas, docentes especializados, tiempos y contenidos acordes y material didáctico), sin tener que adaptarse forzosamente a ritmos que en la mayoría de los casos no pueden seguir y terminan transformando el proceso educativo en una experiencia frustrante.

Es importante hacer hincapié en la necesidad de un enfoque adecuado a lo que significa «integrar». Hace algunos años, en diálogo con un directivo de una escuela cuya visión estaba totalmente a favor de la modalidad de integración, este directivo preguntó a quien suscribe qué preferiría si tuviera un hijo discapacitado, que fuera a una escuela especial o a una escuela común, a lo que contesté que justamente no se trataba de lo que cada uno preferiría sino de aquello que sería mejor para un hijo.

Se debe estar atentos a las necesidades reales y en todo caso, validar criterios en común, apuntando todos hacia un mismo objetivo si lo que se quiere es lograr una integración verdadera de las personas con discapacidad, para que en el futuro, esta modalidad no se transforme en un acto compulsivo, que lleve indiscriminadamente a acrecentar el número de alumnos en las escuelas comunes (bajando el nivel de exigencia para nivelar inevitablemente) y creando así escuelas de primera y de segunda categoría, en las que finalmente ningún alumno tendrá acceso a la educación que merece y que el Estado debe garantizar junto con todos los organismos de la educación, incluyendo a los del ámbito privado.

María Cecilia Lorenzutti*

* María Cecilia Lorenzutti es docente especializada en discapacidad mental y periodista.

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