Entre el déficit anda el juego

En el argot económico seguramente no hay nada más repetido en los últimos tiempos que la palabra déficit. Invocado como la fuente de cualquier problema, los ciudadanos deben estar aturdidos sin saber muy bien qué hay detrás de tanto déficit. Aludiendo al déficit se están cometiendo verdaderas fechorías políticas, como los ajustes y recortes que vienen llevando a cabo los gobiernos (antes, del PSOE, ahora, con verdadera furia, el PP, en una fase que ha llamado el inicio del inicio). Existen motivos serios para inquietarse ante la demolición del Estado del Bienestar que parece tener previsto el nuevo gobierno. Romper las reglas de juego sociales (ahí está la pavorosa contrarreforma laboral), destruir la convivencia, fomentar la conflictividad social, reprimir, agudizar el paro, provocar más marginación y desesperación… Todo ello para salir de la crisis o, como dice el gobierno con un cinismo insoportable, para crear empleo.

 

Es preciso hacer un ejercicio didáctico para explicar de qué va este asunto del déficit, indicando inmediatamente que hablar de déficit es referirse al problema más complejo y cuantitativamente más importante de la deuda, que no es sino el producto de la acumulación de déficits en el tiempo.

Todo ente económico (una persona, una familia, una empresa, una ONG, un ayuntamiento, el Estado, el conjunto de las administraciones públicas o, globalmente, un país) registra un déficit cuando sus ingresos son inferiores a los gastos en que incurre. El déficit se refiere a un período temporal, a un año por ejemplo, y por ello hay que referirse al déficit “de tal o cual año”. La diferencia tiene que cubrirse con una deuda. Así, si en el año uno las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos) ingresan en conjunto y consolidadamente 100 y gastan 120, han de endeudarse por 20. Si en el año dos repiten los ingresos y los gastos suben a 130, el déficit es de 30 y han de endeudarse por esa cantidad, de modo que al final de este segundo año la deuda ya es de 50. Como se ve, la deuda es la suma de los déficits (menos los superávit si los hay). De todo esto surge una conclusión inmediata que conviene tener en cuenta a la hora de calibrar los problemas de una situación deficitaria contumaz: que la única manera de resolver una posición de deuda excesiva es lograr superávits.

María José Comendeiro

De la multitud de déficits que pueden existir, dos de ellos son desde el punto de vista macroeconómico fundamentales, en particular en estos momentos de crisis económica y financiera internacional. El primero es el déficit exterior de un país, que mide básicamente la diferencia entre los ingresos obtenidos por las exportaciones de bienes y servicios y los pagos realizados por las importaciones de bienes y servicios; mientras que el segundo es el déficit público.

El déficit exterior

Desde la creación del euro [1] la economía española ha incurrido en muy importante déficits exteriores, técnicamente llamados déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente. En el año 2007 ese déficit ascendió al 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cuando antes de la creación del euro nunca había sobrepasado el 3,4 por ciento.

El impacto de la crisis financiera internacional (sobrevenida en septiembre de 2008, cuando quebró el banco norteamericano Lehman Brothers) en el sector exterior de la economía española ha sido considerable. Por un lado, la depresión de la economía, con sus secuelas terribles sobre el paro y la destrucción de empleo, ha permitido reducir de un modo significativo el volumen del déficit exterior, pues a menor actividad y demanda las importaciones se han moderado y el ajuste interno que lleva aparejada la depresión mejora las exportaciones. Con todo, y a pesar de todo, el déficit ha sido del 4,5 por ciento del PIB en 2011, lo que resalta un hecho crucial: la competitividad de la economía española es muy débil y aún cuando está hundida y se están destruyendo puestos de trabajo se siguen generando déficits insostenibles con el exterior. Hasta que se declaró la crisis financiera internacional, todos los países pudieron financiar sin problema los déficits exteriores en que incurrían. Sin embargo, desde entonces la desconfianza se instaló en los mercados internacionales, la liquidez dejó de fluir y los países más atrapados por el déficit y la deuda dejaron de ser considerados solventes. La casuística de lo ocurrido es grande, con el caso especial de Grecia, pero muy semejante al que presentan Portugal, Irlanda o España.

La crisis internacional de 2008 está relacionada con las facilidades de financiación, con la hipertrofiada actividad financiera que el neoliberalismo desarrolló a escala mundial. Con su estallido todo cambió repentinamente. Los déficits de la balanza de pagos y la deuda de los países más débiles de la zona euro se convirtieron en un grave problema y, al margen de que la crisis en los Estados Unidos originase una crisis global, quedaba claro que en Europa estaban creadas las condiciones para una crisis propia.

En 1998, a punto del nacimiento del euro, la economía española tenía unos pasivos brutos frente al exterior [2] de 540.000 millones de euros, aproximadamente el 100 por cien del PIB en aquel año. Durante los doce primeros años de vigencia de la moneda única (1999-2010), los pasivos exteriores de la economía española se incrementaron en 750.000 millones de euros para financiar los déficits por cuenta corriente de la balanza de pagos. Además, los agentes económicos españoles participaron activamente en la euforia financiera de la primera década del siglo XXI y, así, se endeudaron adicionalmente por casi otro billón de euros en este período, exactamente en 993.000 millones, para adquirir activos del resto del mundo. Como resultado, los pasivos brutos españoles acumulados a lo largo de toda la historia hasta 1998, que ascendían a los 540.000 millones mencionados, se elevaron a 2,3 billones de euros al final de 2010, multiplicándose pues por más de cuatro en los últimos doce años.

La situación es insostenible. Primero, por la magnitud alcanzada por la deuda. Segundo, porque la crisis financiera internacional sigue latente y, por consiguiente, países que, como el nuestro, están bajo sospecha, se ven obligados a pagar altos intereses por la deuda (la conocida prima de riesgo), lo cual se refleja su vez en las propias cifras del déficit. Por decirlo sencillamente: hay momentos en los que la deuda acumulada devora a las familias, a las empresas o a los países. A partir de cierto punto ya no pueden hacerle frente a los pagos que implica la deuda y dejan de poder controlar sus finanzas y su discurrir normal.

El déficit público

El otro déficit que atenaza en la actualidad a nuestro país es el público, que debe entenderse como el déficit conjunto de las administraciones públicas, pues entre todas ellas hay un entramado de relaciones que al consolidarse dejan el problema más nítido y cuantitativamente mejor expuesto, sin perjuicio de la situación particular de cada institución.

El montante de los pasivos brutos exteriores tiene que tener su reflejo en la deuda de los sectores internos de la economía. Entre ellos los habrá deudores y los puede haber acreedores, pero al consolidarse resultará un posición deudora frente al exterior coincidente con los pasivos brutos, esto es, los 2,3 billones de euros al final del 2010. La economía española en su conjunto “debe” al exterior, pero la situación concreta de cada agente económico interno es autónoma y no tiene nada que ver con la que resulta a escala de todo el país.

La primera división que cabe hacer de los sectores internos es distinguir entre sector privado y sector público. La deuda externa tiene que dividirse entre ellos, pero bien pudiera ocurrir, por ejemplo, que las administraciones públicas no tuvieran deuda externa y toda ella se concentrase en el sector privado. En la realidad, las administraciones públicas tienen una deuda externa de sólo unos 300.000 millones de euros, fundamentalmente deuda pública emitida por el Estado en manos de extranjeros. El resto, dos billones de euros, son deuda del sector privado, familias, empresas no financieras y entidades financieras.

Hay que dejar claro, por consiguiente, que el déficit y la deuda exterior son datos que sobre el papel no tienen nada que ver con el déficit y la deuda del sector público. Podría darse el caso de una economía con un sector exterior muy degradado y, sin embargo, con un sector público saneado; aunque también lo contrario. Caben combinaciones muy diversas. Así como Grecia, por ejemplo, tiene una deuda externa muy alta cuya contrapartida es una deuda pública externa también muy elevada, en el caso español la deuda pública externa ha sido comparativamente baja hasta 2007: se registraba un déficit externo considerable mientras el sector público estaba bastante equilibrado, incluso con superávit en el trienio 2005-2007.

Opciones de gobierno

La crisis financiera internacional, la recesión y el estallido de la burbuja inmobiliaria tuvieron efectos fulminantes y contundentes en las cuentas públicas. De un superávit del 1,9 por ciento el PIB en 2007 se pasó a un déficit del 4,5 en 2008. En los años siguientes el déficit ascendió al 11,2 por ciento en 2009, al 9,3 en 2010 y, según se acaba de confirmar, será del 8,5 en el 2011, frente al 6 por ciento proyectado por el gobierno socialista saliente (posiblemente ambos gobiernos mienten). Son cifras desconocidas históricamente que, traducidas en el endeudamiento público, han hecho pasar éste del 36,2 por ciento del PIB en 2007 al 70 por ciento en 2011. En cifras absolutas, el endeudamiento público supera los 700.000 millones de euros, de los cuales, como se ha indicado, unos 300.000 son deuda pública externa del Estado.

Este es el marco donde se inicia la política del nuevo gobierno del Partido Popular (PP), cuyo objetivo, a pesar de las declaraciones sobre la promoción del empleo, se ha centrado desde el primer momento en la corrección del déficit público, dando continuidad a la política que desde mayo de 2010 vino practicando el anterior gobierno tras ceder y someterse a las instrucciones de las instituciones europeas y los mercados financieros.

La corrección del déficit público puede intentarse desde muy variadas combinaciones de los ingresos y los gastos públicos, que determinan en buena medida el carácter de la política social. No obstante, hay que tener en cuenta que, por la magnitud alcanzada por el déficit y la deuda, la situación deprimida de la economía y el paro escalofriante, el intento de reducir intensa y rápidamente el déficit público puede originar un agravamiento de la evolución económica y social alarmante y, además, hacer casi imposible lograr el objetivo.

Una política fiscal contractiva acaba teniendo una incidencia depresiva sobre la actividad económica (el gobierno del PP ya ha anunciado una recesión de dos años), algo que es simplemente pavoroso teniendo en cuenta el paro. Pero, además, todo intento de reducir el déficit acaba por tener un impacto contraproducente en el propio déficit, pues la degradación de la actividad y la demanda repercute en los ingresos públicos y gastos públicos (la protección al paro). Se forma un círculo vicioso difícil de superar. Eso está ocurriendo en la economía española y también en otras economías europeas (Grecia, Portugal, Italia, Irlanda), sometidas por la Unión Europea a la misma directriz de corregir el déficit público abruptamente para apaciguar a los poderes económicos europeos. El objetivo es, como se está viendo, difícil de conseguir, y, además, bastante inútil, puesto que no es tanto la magnitud del déficit lo que importa como la inmanejable deuda acumulada, cuya reducción exigiría, como se dijo, lograr superávits en las cuentas públicas, lo que no está en el horizonte.

El gobierno del PP, con titubeos, afirmaba que reduciría el déficit al 4,4 por ciento del PIB en 2012 (el Fondo Monetario Internacional acaba de prever nada menos que un 6,8 por ciento); al final ha admitido como objetivo el 5,8 por ciento y anda haciendo gestiones por Europa para que el compromiso del 3 por ciento en 2013 se aleje en el tiempo ante la sospecha de que sea realmente imposible conseguirlo. El déficit público ha alcanzado también esa posición devoradora que deja maniatado al Estado sin poder orientar la política económica en la dirección adecuada para resolver los graves problemas económicos, sociales y políticos del país.

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