El Sistema Carcelario

La Cárcel: lugar penitenciario en el que se tiene lugar el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Se comprende en esta expresión que no sólo es un establecimiento destinado a la ejecución de las penas, sino que también es usado para la retención y custodia de detenidos y presos, así como los de carácter especial, que son más bien centros hospitalarios, clínicas de desintoxicación de drogadictos, recintos psiquiátricos para enfermos y deficientes mentales o psicópatas, espacios de rehabilitación o reeducación social, y otras dependencias.

El objetivo primordial de las cárceles es lograr que las personas incorporadas en ella rectifiquen su conducta.

Desde un principio se reconoce que las cárceles deben ser reformadoras de actitudes que ya se encuentran en el individuo.

Al encarcelar un individuo se pretende que este alejado de la sociedad, para que de ese modo pueda entrar en una profunda reflexión de sus malos actos y llegue a la conclusión de que tiene que cambiar su manera de ver la vida.

Para asegurar la reconstrucción moral de un individuo encarcelado se deben tomar en cuenta una serie de factores, los cuales le dan a la cárcel una fuerza cambiante de actitudes para los presos.

Entre esos factores tenemos:

ð Un buen sistema educativo y de enseñanza en el orden profesional.

ð Un buen sistema de trabajo.

ð Una buena alimentación.

ð Un buen sistema de salud e higiene.

ð Recreación y formación moral con respecto a Dios.

Sistema Carcelario de República Dominicana.

Su control: está a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. De las 32 cárceles que tiene el Sistema de Prisiones, 22 están bajo la seguridad del Ejército Nacional, y 10 de la Policía Nacional. Un importante número de estas instituciones se encuentran dentro de las fortalezas del Ejército Nacional y de los cuarteles de la Policía Nacional.

Según información suministrada por la Dirección General de Prisiones durante la visita de la Comisión, en junio de 1997, las 30 cárceles en la República Dominicana tenían una población carcelaria de 11.114 reclusos. El 96% de los presos eran hombres y el 4% eran mujeres. La gran mayoría de los presos, aproximadamente 85%, se encontraban en estado de prisión preventiva, mientras solamente el 15% tenían sentencia condenatoria en su contra. El 29% de los presos estaban por crímenes relacionados con la ley de drogas, el 27% por robo y el 24% por homicidio. La primera planta de la prisión La Victoria fue construida en su gran mayoría en la década de los 40 y según la Dirección General de Prisiones, «casi en el 100% presentaba serias deficiencias en los sistemas sanitario, eléctrico y de agua potable, observando un gran deterioro».

En sus observaciones al Proyecto de Informe de la CIDH, el Gobierno dominicano informó que la población carcelaria había aumentado a 14.871 y las últimas estadísticas mostraban que un 25% de los presos eran por crímenes relacionados con la droga, el 31% por robo, el 25% por homicidio, el 5% violación sexual, el 4% riña, el 2% porte ilegal de armas, y el 8% por otros delitos que incluían falsificación e incendios.

En el mismo documento de observaciones, el Gobierno indicó que las deficiencias estructurales del centro penitenciario La Victoria habían sido corregidas en una proporción significativa luego de remodelaciones y reparaciones que incluían la habilitación de 1.500 plazas adicionales, la reconstrucción del área «Alaska» y la finalización de un edificio de dos plantas conocido con el nombre de «Galpones», así como la subdivisión, en ocho áreas, del patio adyacente al sector «Vietnam». Igualmente, el Gobierno informó sobre la nueva cocina industrial, la mejora del sistema sanitario, la terminación de la celda de los veteranos y la celda de los reclusos en tránsito, la instalación de un puesto de ventas populares, el aumento del personal de vigilancia, la eliminación de una celda obscura, la construcción de una caseta de recepción y registro de visitantes, y la instalación de teléfono público.

A continuación, la Comisión profundizará sobre lo que considera los más importantes problemas que sufre el sistema carcelario dominicano y los más significativos avances logrados por el Estado en relación con este tema.

Control de los centros carcelarios

El control efectivo de los centros carcelarios dominicanos está a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado. El director de cada prisión es un alcaide civil nombrado por el Poder Ejecutivo, previa recomendación del Magistrado Procurador General de la República. Tal y como el Gobierno dominicano señalara: «el funcionario número 2 de cada recinto es el oficial encargado de seguridad, designado por la institución militar o policial».

El Director de la Dirección General de Prisiones, Bernardo Santana Paez, es un Coronel de la Policía Nacional, ascendido recientemente al grado de oficial general, a pesar del carácter civil de la agencia que dirige. A este respecto, el Gobierno ha indicado que: «Mientras no entre en funcionamiento un cuerpo especializado que no dependa del Ejército Nacional y la Policía Nacional, es imprescindible que el Director de Prisiones posea la jerarquía militar o policial apropiada para ejercer sus funciones».

El control carcelario no cumple con los requisitos establecidos en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. Dichas Reglas Mínimas establecen que los miembros del personal de la administración de las cárceles deben trabajar exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales y deben tener la condición de funcionarios públicos.

Las Reglas Mínimas establecen además que el personal penitenciario debe seguir, «antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas». Después de su entrada en el servicio el personal deberá seguir «cursos de perfeccionamiento».A pesar de lo anterior, no existe actualmente ningún programa de entrenamiento en la República Dominicana para las personas que trabajan en las cárceles.

El Gobierno actual reconoce que la situación de control de las cárceles no es aceptable. Por esta razón, el Gobierno ha anunciado su intención de fortalecer el control civil de las prisiones en manos de la Dirección General de Prisiones, sacar las prisiones de los cuarteles e instalaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, crear un instituto para el entrenamiento del personal que trabaja en las prisiones, y crear una policía penitenciaria especializada como cuerpo civil encargado de la seguridad de las cárceles.

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