EL SALVADOR :pueblos originarios

La población total de este país es de 5’7 millones de personas según el censo de 2007, que establece en un 0’2% el porcentaje de esta población que sería indígena (13.310 personas) –aunque el censo no les nombra- pertenecientes a tres pueblos: cacaopera-kakawira, lenca-poton y nahuatl-pipil. La cifra es sorprendente no sólo por el intento encubierto de homogeneización cultural que conlleva y la “extinción técnica” que apunta, sino por el hecho de que sólo tres años antes el gobierno salvadoreño afirmaba en una reunión gubernamental sobre Institucionalidad y Políticas Públicas de América Latina y el Caribe Orientada a los Pueblos Indígenas que el porcentaje de población del país “indígena o de origen indígena” era del 10%, aunque matizaba que las condiciones histórico-sociales en materia indígena de El Salvador son muy especiales y diferentes a sus países vecinos puesto que “las comunidades indígenas no se identifican con una lengua, dado que toda la población habla el español, y tampoco pueden identificarse por su vestimenta, dado que un reducido número de ellos lo conservan”.[1]

Basándose en éstas consideraciones y otras semejantes para los gobernantes de El Salvador “el elemento indígena no es notorio ni relevante” aunque sí existan en el país “una serie de elementos de identidad en materia indígena, muy marcada y dominante en la mayoría de la población tales como: las tradiciones y costumbres, la dieta, la abundante mitología, y desde luego los modos de hablar y la conformación anatomo-morfológica de las personas, es decir de estatura mediana, pelo grueso y negro, que es característica biológica indígena”.[2]

Si no hay indígenas, o estos son una proporción tan insignificante de la población que están en un proceso de “extinción técnica”, no tiene por qué haber un reconocimiento oficial de sus derechos en la Constitución, donde no hay más que una mención a la “preservación, difusión y respeto de las lenguas autóctonas”, ni tampoco una institución propia. El tema indígena se aborda en El Salvador a través de una Unidad de Asuntos Indígenas que se engloba dentro del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (sic). Este simple dato deja bien claro que los valores y normas culturales indígenas son vistos como aspectos meramente folklóricos pese a que una publicación de este organismo define al indígena como “aquellas familias, grupos o individuos a titulo personal que reúne estas características: un fundamento ancestral en creencias y practicas espirituales, un fundamento en los rituales concerniente al ciclo de la vida, productivos y de naturaleza, utilización de la medicina ancestral y un fuerte fundamento en las formas de organización socioeconómicas y espirituales; así como un factor importante es la autodeterminación de pertenecer a un pueblo indígena”.[3]

Sin llegar a estos extremos, la ONU reconocía el año 2001 que existe una gran disparidad de criterios a la hora de cuantificar el número de indígenas en El Salvador y afirmaba que, dependiendo de las fuentes que se consultasen, la cifra podría oscilar entre los 88.000 y los 732.000 (del 1’7% al 12% del total de la población).[4] No obstante, si se toma la molestia de echar un vistazo a los mapas oficiales se constata que al menos hay 60 comunidades reconocidas con presencia indígena.

Cinco años más tarde, la situación seguía igual en cuanto a la falta de reconocimiento oficial de la existencia de pueblos indígenas y eso llevó a una de las instancias de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, a pedir formalmente al país centroamericano el reconocimiento de las poblaciones indígenas que para el CEDR son los tres pueblos mencionados antes. Expertos de este organismo hablaban de un 12% de una población indígena en El Salvador, de los que el 61% es pobre y el 38% vive en la extrema pobreza, sin acceso al agua, la alimentación básica, la salud y la educación y calificaron de “racismo invisible”[5] la obsesión del gobierno de negar la existencia de población indígena con el argumento de que la mayoría de sus habitantes son mestizos. Por ello solicitaba al Estado datos estadísticos desagregados sobre la composición étnica de la población salvadoreña y “otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas”.

Es evidente que El Salvador no lo hizo, a tenor de lo que se recoge en el censo de 2007, mostrando a las claras que este país no tiene el menor interés en reconocer a los pueblos indígenas. Tampoco es fácil que quienes en los últimos años han investigado se pongan de acuerdo. Si para el gobierno no hay indígenas, para los estudiosos, antropólogos e instancias de la ONU son tres los pueblos y cinco para las propias organizaciones indígenas: kakawira-cacaopera, chortí, lenca, maya y nahuatl-pipil.

Lo que es un hecho incuestionable para cualquiera que visite el país, no ya para los propios indígenas y el resto de salvadoreños, es que en todo el territorio del país se distinguen geográficamente zonas con clara presencia indígena de grupos pertenecientes a los cinco pueblos mencionados arriba, como los izalco en los departamentos de Sonsonate y Ahuchapan, nonualco en el departamento de La Paz y cacaopera en el departamento de Morazán. Como dato histórico, los izalco tuvieron una participación muy destacada en la rebelión campesina protagonizada en 1932 por Farabundo Martí, histórico y legendario dirigente revolucionario salvadoreño, por lo que fueron objeto de una durísima represión que les diezmó hasta casi hacerles desaparecer. La revisión histórica que se está haciendo en El Salvador a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz califica esta época histórica como “etnocidio” y menciona que de los 30.000 muertos que se estima provocó la represión, unos 25.000 habrían sido indígenas.

Quienes sobrevivieron a la matanza o bien migraron hacia los países vecinos (Guatemala y Honduras principalmente) o bien optaron por ocultar en público todo aquello que les pudiera identificar como indígenas (uso de la lengua nahuat, celebraciones y ritos religiosos, vestimentas tradicionales…) y asimilarse en la población ladina campesina por ser esta la única vía para no ser identificados, reprimidos y aniquilados. Años más tarde, con el surgimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en los comienzos de la década de 1980, también se reincorporaron a las filas guerrilleras, aunque en mucha menor proporción. Tanto en 1932 como con el FMLN, la izquierda trató el tema indígena como campesino siguiendo la pauta de toda la guerrilla latinoamericana. Su presencia en las filas guerrilleras quedó recogida cuando en la reforma constitucional de 1992, como corolario a los Acuerdos de Paz firmados ese mismo año, se aboga por la no existencia de discriminación alguna para las personas indígenas, aunque no se profundizó en sus derechos.

La relación histórica de los pueblos indígenas con la izquierda salvadoreña, de forma especial los nahuatl-pipil izalco y cacaopera, se tradujo en un voto masivo hacia el FMLN en las elecciones que dieron el triunfo a esta formación política en el año 2009 en la esperanza que este partido realizase los cambios estructurales necesarios para que dejen de ser invisibles en el país. El nuevo presidente, Mauricio Funes, había manifestado durante la campaña su reconocimiento por “la historia, existencia y derechos fundamentales de los pueblos originarios”. Con motivo de la asunción del nuevo gobierno, los indígenas elaboraron un manifiesto recordando esas manifestaciones y exigiendo la aprobación del plan de gobierno denominado “Políticas hacia los Pueblos Originarios” en el que se incluyera la participación “consultiva” de los propios pueblos.[6]

Aunque ya existían organizaciones indígenas como el Movimiento Ancestral Indígena Salvadoreño, la Fundación para el Desarrollo de la Cultura Indígena Los Pasos del Jaguar, el Concejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño, Winaka-Kakawira (Comunidad Indígena de Cacaopera), Movimiento Indígena Nonualco, etc., no es hasta este momento en el que se comienza a reestructurar un pensamiento y una acción política indígena que se ha traducido en la recuperación de la cultura (se realizan ya con frecuencia festivales, foros y actos con esta finalidad) y en la elaboración de propuestas de reforma constitucional donde se incluya de forma expresa el reconocimiento de los pueblos indígenas en El Salvador “que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.[7] Las organizaciones indígenas estiman en el 72% de ellos quienes no tienen ningún tipo de posesión de tierra para trabajar.

Una de las cuestiones que han sido presentadas al nuevo gobierno es la de garantizar el derecho de los pueblos indígenas sobre los conocimientos colectivos y tradicionales, para lo que reclaman que “se prohíba el registro de patentes sobre los recursos naturales, los bosques, la biodiversidad y las plantas que formen parte de nuestros territorios; así mismo se prohibirá patentar y utilizar nuestros símbolos sagrados”. No es una cuestión banal puesto que El Salvador está discutiendo si firma un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que incluye estos aspectos. Para los pueblos indígenas es una cuestión vital pues su fuente de ingreso ha sido y sigue siendo el cultivo de la tierra (hortalizas, artesanías, maíz, frijol, plantas medicinales, subproductos del bosque y animales de cacería).

Ninguna de las reivindicaciones indígenas se ha logrado todavía. El gobierno de Funes se resiste a dar pasos como la ratificación del Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU –promesas expresas recogidas en el programa electoral, donde se decía “se respetarán los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas; se promoverá que esta Declaración se eleve a ley de la república” – para lo que tendría que impulsar una reforma constitucional que no parece estar en la mente del nuevo gobierno a pesar de todas las promesas realizadas en ese sentido. En un informe remitido al CEDR en noviembre de 2009 volvía a recoger no ya las cifras oficiales del censo de 2007, sino que justifica la elaboración del mismo en base a que participaron técnicos de CONCULTURA “expertos en materia indígena” y que se preguntaba a la población de forma expresa si se consideraba indígena o no. Este aspecto es importante para el gobierno puesto que es un principio establecido por la ONU sobre la autoafirmación y el auto-reconocimiento.[8]

La versión oficial del Estado ante las instancias internacionales no tiene mucho que ver con la que ofrece la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, también en un informe remitido al CEDR el mes de junio de 2010. Esta instancia gubernamental comienza reconociendo lo obvio, “los leves esfuerzos que desde diferentes instancias el Estado ha realizado para el reconocimiento y vigencia del respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en El Salvador”, para pasar a realizar un tirón de orejas a su propio gobierno: “Aunque los cambios generados por el nuevo gobierno a partir de junio del año 2009 han dado un nuevo giro a la política gubernamental de participación ciudadana con la creación del Consejo Económico y Social, creando más y mejores espacios de participación en los que han sido tomados en cuenta algunos representantes de Pueblos Indígenas, debe decirse que El Salvador aún está muy lejos de cumplir con las obligaciones que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos le exige en materia de respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas”.[9]

El informe de la Procuraduría es demoledor en varias cuestiones: apunta hacia la necesidad de un cambio constitucional pues “la protección que nuestra Constitución otorga a los habitantes de los Pueblos Indígenas es prácticamente nula ya que nuestra carta magna hace referencia únicamente a las lenguas autóctonas y la riqueza artística, histórica y arqueológica como objetos de protección por parte del Estado (artículo 62 inciso 2° y artículo 63) pero ésta no incluye el respeto y la garantía de sus derechos como personas, ni como pueblos”; cree que con el censo de 2007 se ha producido una “invisibilización” de los pueblos indígenas en El Salvador, un acto que considera de discriminación y marginación, y se arriesga a pedir que se garantice “el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los pueblos indígenas, debiendo tomar medidas concretas para garantizar la tenencia de la tierra, el acceso al agua potable, a la salud y a la educación”.

La Procuraduría sí alaba al gobierno en su intento de recuperar la lengua nahuatl y los progresos que se están haciendo para “fortalecer la identidad cultural y tener incidencia política”. Hace falta. Un estudio de la Universidad de El Salvador establece en 200 las personas que hablan la lengua nahuat. De la lengua lenca-poton no hay datos, ni siquiera estimativos aunque algún antropólogo se arriesga a afirmar que existen algunas palabras sueltas que son utilizadas en el contexto del uso del castellano pero que el idioma, como tal, no está estructurado. La lengua chortí desapareció en 1932 con la represión que tuvo lugar contra los indígenas aquel año.[10] El sistema educativo de El Salvador no cuenta con ningún diseño específico de programas de enseñanza dirigidos a los pueblos indígenas. Son las diferentes organizaciones y pueblos quienes han afrontado la revitalización de las lenguas desde las diferentes comunidades.

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