El Malba crecerá 4.000 metros cuadrados, bajo una plaza

La Legislatura porteña aprobó el lunes el plan de ampliación subterránea del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), un museo privado fundado por el empresario Eduardo Costantini.

El proyecto permitirá sumar casi 4.000 metros cuadrados al Malba, lo que representa más del 50% de su superficie actual: 7.455 metros cuadrados en Figueroa Alcorta al 3400. La Ley fue aprobada por abrumadora mayoría: 52 votos a favor, 4 abstenciones y uno en contra. El PRO y el kirchnerismo de la ciudad volvieron a votar en coincidencia.

La obra, que comenzaría en 2014, estaría lista en dos años.

Prevé la construcción de un patio de esculturas de 500 metros cuadrados, a siete metros bajo el nivel de la vereda. También habrá un nuevo auditorio y una sala de 1.000 metros cuadrados para muestras temporarias y para parte de la colección permanente del museo que hoy no está en exhibición por falta de espacio. La inversión está calculada en 8 millones de dólares.

El proyecto, del arquitecto uruguayo Carlos Ott, prevé extender el Museo sobre la plaza República del Perú, sin afectar la fisonomía de ese espacio verde, ni el tránsito vehicular o el resto del barrio. “Una institución tiene que tener un plan de crecimiento. El Malba estaba muy limitado por su edificio. Así, se pueden ampliar los programas de cine independiente, literatura y educación”, explicó a Clarín Costantini.

El museo, por el que pasan cerca de 3 millones y medio de visitantes al año, nació con polémica.En junio de 2001 la Legislatura aprobó una excepción al Código de Planeamiento Urbano para legitimar la construcción del edificio, que hace dos semanas fue distinguido con el Premio Década 2002-2012.

Ahora, la ampliación fue sancionada por segunda vez, ya que se trata de un proyecto de doble lectura, que requirió además de una audiencia pública. Los legisladores aprobaron “un permiso de uso a título precario, gratuito e instransferible por el término de 30 años”.

Los que se abstuvieron fueron Virginia González Gass y Adrián Camps, de Proyecto Sur, Rocío Sánchez Andia, de la Coalición Cívica, y María Rachid, del FPV.

El legislador que votó en contra, Alejandro Bodart (Proyecto Sur) objetó la cesión gratuita y dijo: “el contrato es perjudicial para la ciudad. Sólo se compromete a reforestar el 50% de la superficie verde que va a liquidar”.

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