El Indec educativo de Sileoni atenta contra la enseñanza

 

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El Indec educativo de Sileoni atenta contra la enseñanza

El ministro de Educación, Alberto Sileoni
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Entre 2000 y 2009, Argentina cayó de 418 a 398 puntos, (es decir descendió 20 puntos) según el informe del  Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Pisa, por sus siglas en inglés). Se trata de un estudio internacional desarrollado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y se lo considera un estándar internacional aceptado.
A ese antecedente se sumaron luego otro trabajo, también de PISA, que reveló que los estudiantes argentinos se encuentran últimos en la lista de buen comportamiento en clase a nivel mundial; deficiencas de los alumnos argentinos de 15 años a la hora de comprender lo que leen y el informe de la Unesco Global Educativa Digest, de 2010, que afirma que sólo el 43% de los chicos argentinos que cursa el secundario lo termina en los plazos establecidos y solo la mitad accede a ese título.
Todo esto sumado a otras realidades como el alto grado de repitencia y la deserción, aspectos que no han mejorado durante la etapa de Gobierno K a pesar de a promesa de Kirchner-Filmus de la ‘nueva escuela secundaria’.
El estudio internacional de PISA mencionado al principio evalúa a los estudiantes de 15 años en comprensión de lectura, matemática y ciencias.
Los datos corresponden al último estudio realizado, de periodicidad trienal este año se realizará la nueva medición.
El informe 2009 destacó que en América Latina se registraron mejoras en el sistema educativo de Perú, Chile y Brasil.
Pero Argentina se destacó por ser uno de los países que más retrocedieron en la última década en materia educativa.
Adicionalmente, en mayo de 2011 se conoció otro estudio sobre conducta, también de PISA, que indicaba que los estudiantes argentinos se encuentran últimos en la lista de buen comportamiento en clase a nivel mundial de un total de 75 países analizados.
Como a diferencia del Indec el Gobierno no puede alterar los datos negativos, al conocerse el estudio PISA el Ministerio de Educación lo objetó y analizó, junto con otros países latinoamericanos, no presentarse en la próxima medición y manejarse con datos oficiales.
Por entonecs, Sileoni dijo que las pruebas realizadas «son concebidas para una realidad que no es la nuestra» y agregó que «compara lo que no es comparable», porque «no es lo mismo comparar un país con un estado como es el caso de Shanghai (China), donde sólo se hizo, además, en la población escolar urbana».
En tanto, el informe de la Unesco Global Educativa Digest, de 2010 (ver nota relacionada) indicó que sólo el 43% de los chicos argentinos que cursa el secundario lo termina en los plazos establecidos y solo la mitad accede a ese título.
Esos datos sitúan a la Argentina como uno de los países de la región con más baja tasa de graduación en el secundario.
Esta situación es muy grave, ya que resulta elevadísimo el porcentaje que fracasa en la obtención de una escolaridad minima para ingresar al mercado laboral.
De esta manera, se está generando demasiada mano de obra no calificada.
Políticas K
Cuando Daniel Filmus era ministro de Educación de Néstor Kirchner se aprobó la ley fijaba un calendario de 180 días de clase como mínimo.
En 2005 la ley de educación técnico profesional.
Luego la ley de financiamiento educativo, que fijó un 6% del PBI progresivo destinado a educación.
En 2006, se aprobó la ley de educación sexual integral y a fines de ese mismo año la nueva ley de educación nacional que fijó 13 años de escolaridad obligatoria (desde los 5 años hasta el secundario) atando además el cobro de la Asignación Universal por Hijo a su cumplimiento y se tomaron otras medidas como la entrega de netbooks.
Todo en el marco de la prometida ‘nueva escuela secundaria’ que iba a desplazar al modelo educativo neoliberal del menemismo que impuso su polémica reforma pero que en la calidad parecen no diferenciarse mucho, excepto por la conflictividad del alumnado con las inéditas tomas de escuelas alentadas por el propio Sileoni y que condena a los chicos a ser mano de obra no calificada toda su vida. (ver nota relacionada)
Por último, una lectura. “El populismo educativo”, un artículo de Andrés Delich, ex ministro de Educación y director de la Fundación CEPP:
El Gobierno suele presentar como hecho fundante de su política educativa, aquel viaje que Néstor Kirchner, junto al ministro Daniel Filmus, hicieran a la provincia de Entre Ríos, apenas asumidos, en mayo del 2003, con el fin de llevar fondos para levantar una huelga docente que llevaba más de tres meses y que no permitía el inicio de clases en esa provincia.
Más allá de la anécdota misma, este relato adquiere el valor de un contrato fundante, de un reflejo de lo que sería la viga central de la política educativa del kirchnerismo: una alianza estratégica y prioritaria con los sindicatos docentes. La historia del presidente Kirchner como gobernador de Santa Cruz no presagiaba necesariamente este acuerdo: su relación con el gremio local había sido siempre conflictiva y con permanentes enfrentamientos. De hecho, el salario docente provincial era el que pagaba el bono de presentismo más alto del país y los concursos docentes estaban parados, lo que hacía que una buena parte de la planta docente fuera interina, sin los beneficios de la estabilidad.
La razón de este cambio tal vez se pueda rastrear en una nota publicada por Susana Decibe, ex ministra de Educación del presidente Carlos Menem, en el diario Clarín. En la misma relataba una reunión con su antiguo asesor, el ministro Filmus, en la que le reclamó retomar los ejes de la reforma educativa de los años ’90, a lo que él le habría respondido que eso era imposible y que por la debilidad que implicaba el 23% de votos con los que asumió el presidente Kirchner, debieron formular una alianza con los gremios que fortaleciera la situación política del Gobierno. Si no es verdadero está bien hallado, dicen los italianos, por esas razones o por otras que desconocemos.
Lo cierto es que el ministro Filmus estableció una alianza con la CTERA sobre la base de responder a sus demandas. Si como dice el teórico italiano Angelo Pa nebianco la política se nutre de dos tipos de incentivos: los materiales y los simbólicos, hay que convenir que la alianza cumplió con los dos. En los nueve años pasados, el Gobierno cumplió con la recuperación salarial de los maestros, permitió el aumento de la planta docente más allá del crecimiento de la matricula, derogó las leyes educativas de la década del ’90 y convino nuevas leyes consensuadas con ellos.
Este modelo de acuerdo con los sindicatos hizo de las políticas de insumos el centro de la política educativa, es decir, además del aumento salarial, la inversión en edificios, libros y computadoras. El discurso oficial se centró en diferenciar la creciente inversión educativa de las décadas anteriores. El 6,4% del PIB en inversión educativa aparece como el máximo logro de la gestión educativa. Sin embargo, a medida que la inversión crecía también lo hacían las preocupaciones dado que durante décadas de crisis fiscales y presupuestos flacos, muchas de las deficiencias del sistema educativo habían sido escondidas atrás del reclamo de mayor Presupuesto.
Los resultados de las evaluaciones internacionales de calidad muestran resultados estancados o en retroceso, la cobertura no crece más allá del nivel inicial, la repitencia siguen en los mismos niveles y concentrados en los mismos sectores sociales, el abandono de la escuela secundaria permanece en los mismos niveles que un lustro atrás. Los límites de este programa estaban claros, incluso para el Gobierno, al final del primer mandato de la presidenta Cristina Fernández. Su referencia a la necesidad de la evaluación docente como una herramienta para mejorar la formación de los mismos o el problema del ausentismo son señales que dio la Presidenta de la necesidad de readecuar el pacto original con el gremio docente, incorporando reformas que, sin duda, están en el centro de los problemas del sistema educativo pero que los gremios no están dispuestos a asumir.
A esta agenda nueva que en forma tímida y deslucida la Presidenta empezaba a esbozar, se le sumo el conflicto salarial. Las necesidades fiscales de las provincias hicieron que este año las ofertas salariales a los gremios docentes estuvieran claramente por abajo, no sólo de la inflación pasada, sino también de la futura. Esta combinación de una nueva agenda de política educativa, más la decisión del Gobierno de convertir la paritaria docente en una demostración de moderación de los reclamos salariales, han puesto en crisis la alianza estratégica del Gobierno con los sindicatos.
La Presidenta se plantea algunas reformas que irritan a los sindicatos en el mismo momento en donde la famosa “sintonía fina” está llegando a los salarios docentes. No parece la mejor oportunidad para hacer lo que se debió negociar en el tiempo de abundancia fiscal. Los paros “salvajes”, como lo denominó el propio ministro de Educación, tienen por objeto no sólo defender el salario docente sino también derribar todo atisbo de programa educativo diferente al que se pactó al principio del gobierno kirchnerista y que se podría resumir así: “Poné la plata y no me pidas nada”.
Lo que ha entrado en crisis es un modelo de política, y la “temperatura” del conflicto explicita una puja por ponerle más recursos a este modelo o plantearse otro modo de gestionar la educación de nuestros hijos.
 

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