El filósofo que amaba la libertad

Ronald Dworkin, el filósofo del derecho más importante de las últimas décadas, falleció a los 81 años hace algunos días. Era profesor de la Universidad de Nueva York. Junto con Hans Kelsen y Herbert Hart, comparte el podio de los autores de lectura obligatoria para todo estudiante de Abogacía y para los juristas preocupados por las discusiones fundamentales del derecho. Fue un filósofo comprometido con los derechos humanos –escribió el prólogo a la edición inglesa del Nunca Más y presenció los juicios a las juntas militares en nuestro país.

En esta ocasión me detendré en uno de sus grandes aportes: su concepción de la justicia y del fundamento de la constitución y de los derechos en la democracia. En tiempos en los que se propone la democratización del Poder Judicial, las ideas de Dworkin contribuyen a enriquecer este debate.

Supongamos que nuestra Corte Suprema debe resolver un “caso difícil”, es decir, un caso para el que el derecho vigente no tiene una respuesta inequívoca. Para algunos juristas, en estos casos, los jueces no deberían poder decidir libremente y crear nuevas leyes para resolver los “casos difíciles” porque carecen de legitimación democrática para actuar como si fueran legisladores.

Sin embargo, Dworkin sostuvo que, en los casos difíciles, los jueces no legislan. Para esto famosamente distinguió “políticas” de “principios”: las “políticas” fijan objetivos sociales colectivos (por ejemplo, fortalecer la seguridad nacional o aumentar el producto bruto interno) y los principios, en cambio, establecen derechos (como el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de asociación).

En su influyente libro, Los derechos en serio (1978), Dworkin sostuvo que, en realidad, los jueces resuelven casos difíciles apelando a principios, que son el fundamento del ordenamiento jurídico; las consideraciones de políticas quedan en manos de los poderes del Estado elegidos democráticamente.

La teoría dworkiniana de la decisión judicial va de la mano de su concepción de la justicia, de la democracia y de la constitución –de la de Estados Unidos y las de otros países que, como Argentina, siguen, en más o en menos, la tradición del constitucionalismo liberal.

El principio de justicia más básico es la obligación de las instituciones gubernamentales de tratar a todos con igual consideración y respeto. Al establecer límites al poder de las instituciones que ella misma crea, la constitución refleja este principio: restringe el poder de las mayorías en el Congreso y del Poder Ejecutivo para llevar adelante políticas que restrinjan las libertades fundamentales. En esta visión, si bien podrían ceder ante otros derechos o ante un objetivo social especialmente importante, los derechos son un umbral que limita la posibilidad de promover objetivos sociales, aunque éstos sean legítimos o valiosos.

Si los derechos siempre debieran ceder ante las políticas, ¿qué sentido tendría reconocerlos? El encargado de velar por el respeto de los derechos, su guardián, es el Poder Judicial, que puede declarar la inconstitucionalidad de las normas que los violen.

Podría objetarse que este esquema es antidemocrático. Para Dworkin, sin embargo, una constitución principista, protegida por las decisiones del Poder Judicial, no lo es; más bien, la obligación del gobierno de tratar a las personas como iguales y de respetar sus libertades fundamentales y su dignidad es una precondición para que el derecho a gobernar de la mayoría en la democracia sea legítimo.

Ahora bien, las personas razonables pueden estar en desacuerdo acerca de qué significa “igual y consideración y respeto”. Los problemas jurídicos que plantean los casos difíciles requieren juicios de valor acerca de cuestiones morales que generan controversias filosóficas profundas que van desde el alcance de la autonomía y el significado de la dignidad humana hasta la justificación de la coerción penal estatal o la justicia distributiva. Dworkin tomó partido en muchas de estas discusiones: en Una cuestión de principios (Siglo XXI, 1985), defendió el derecho a quemar la bandera nacional y a la pornografía como ejercicio de la libertad de expresión; en El dominio de la vida (1993), apoyó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Roe vs. Wade, que reconoció el derecho de las mujeres a abortar; también sostuvo que el respeto a la dignidad requiere reconocer el derecho de los ciudadanos agonizantes a elegir morir cuándo y cómo ellos desean. En definitiva, para Dworkin, en una comunidad de iguales, la justicia puede requerir que respetemos posiciones impopulares, aun cuando ello frustre las preferencias mayoritarias. Pero no sólo eso: en Virtud Soberana: La Teoría y la Práctica de la Igualdad(2000), defendió las políticas de acción afirmativa para el ingreso a las universidades estadounidenses y la reforma de la financiación de las campañas electorales.

En sus columnas en la prensa, criticó duramente al gobierno estadounidense por las políticas que, en nombre de la seguridad nacional, llevaba adelante con los prisioneros de Guantánamo, y apoyó la reforma sanitaria reciente del presidente Barak Obama.

Las ideas de Dworkin se reflejan en varias sentencias de tribunales de América Latina. En la Argentina, por ejemplo, su influencia se nota en las de la Corte Suprema de Justicia en cuestiones que van desde la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de segundas nupcias hasta la de la punición del consumo de drogas para uso personal.

Ronald Dworkin no fue un teórico del derecho más; su legado reside en sus ideas, que han sido y serán objeto de innumerables simposios y artículos en revistas especializadas. Equivocadas o acertadas, tomarlas en serio iluminará nuestras discusiones acerca de la justicia y el rol de los derechos en una constitución democrática.

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