ECUADOR; pueblos originarios

ECUADOR

ECUADOR

La población total es de 14.224,175 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Censos,[1] caracterizándose el país por su gran diversidad étnica, lingüística y ambiental. Existen 13 lenguas reconocidas oficialmente en la Constitución de 2008 que pueden ser utilizadas respectivamente por cada una de las nacionalidades o pueblos indígenas gracias al mandato constitucional, que establece: “el Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la Ley”. Las nacionalidades también son 13 (achuar, andoa, awa, a’i-cofan, chachi, epera, huaorani, quichua, secoya, shuar, siona, tsa’chila, shiwiar y zápara), de las que ocho residen en la Amazonía, cuatro en la región Costa y una en la región Sierra.

Los quichua son los más numerosos y los más extendidos en todo el territorio ecuatoriano al ocupar casi toda la región Sierra y parte de la Amazonía. Además, para el gobierno hay una serie de pueblos que siendo quichuas tienen diferentes nombres, por lo que les engloba dentro de esta nacionalidad, concepto que es entendido como “pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia”[2] mientras que los pueblos son “colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económico, político y legal”.[3] El número de éstos es de 16 (cañari, caranqui, cayambi, chibuleo, huancavilca, manta, natabuela, otavalo, panzaleo, puruhá, quichuas de la Amazonía, quitu cara, salasaca, saraguro y waranka) entre los que se incluye a los afroecuatorianos. Tanto las nacionalidades como los pueblos se aglutinan en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales que representan a más de 1’5 millones de habitantes.

Hay que subrayar que en los límites del Parque Nacional Yasuní, declarado por la UNESCO reserva de la biosfera y recientemente preservado gracias a la firma de un fideicomiso entre el gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en virtud del cual no se extraerá petróleo del mismo si se otorga a Ecuador al menos la mitad de las divisas que generaría la extracción y comercialización del petróleo existente en este parque –estimadas en unos 4.700 millones de euros-, viven al menos dos pueblos en aislamiento voluntario de la llamada “civilización”: los tagaeri y los taromenane. Mientras se cree que los primeros son muy pocos y en vías de extinción, para los segundos se estima en varias decenas su número de componentes. Hay quien eleva el número hasta las 400 personas entre los dos pueblos. Es posible que exista otro pueblo más en esta condición, sin identificar plenamente, que podría pertenecer a la nacionalidad huaorani, como lo son también los tagaeri y los taromenane, y se supone que es un pueblo nómada que se mueve entre las selvas de Ecuador y Perú, pudiendo recalar también de forma temporal en el Yasuní.

La importancia de esta preservación del Yasuní tiene que ver, en primer lugar, con la presencia de estos pueblos indígenas voluntariamente “aislados” que han decidido permanecer sin contacto con otros grupos humanos y huyendo de madereros, petroleros y mineros y que llegan hasta el extremo de matar por defender su territorio, como ocurrió en agosto de 2009 cuando una mujer y dos niños que se habían aventurado en territorio de los taromenane aparecieron muertos. Una acción de este tipo pone de manifiesto el grado de presión a que se han visto sometidos estos pueblos aislados al llegar a romper sus propias lógicas y patrones culturales puesto que para ellos las mujeres y los niños son sagrados. En segundo lugar, tiene que ver con el hecho de que el Yasuní que cuenta con una de las mayores reservas de biodiversidad genética del planeta: más de 2.200 especies de árboles y arbustos, 567 especies de aves, 173 de mamíferos, 83 de serpientes, 90 de ranas y 385 de peces.[4] Pese ello, también aquí llegaron las petroleras a partir de 1990. Tras muchos acuerdos firmados –algunos de ellos en inglés y con presencia intimidatoria de representantes de la embajada de EEUU, como fue el caso de la compañía Maxus- con los huaorani estos decidieron en 2005 romper la mayoría de esos acuerdos con Petrobras, Repsol-YPF y Occidental, para lo que contaron con el apoyo y asesoramiento de la CONAIE. Esto provocó que el gobierno de entonces se comprometiese a revisar los convenios con las petroleras, llegando a suspender las actividades de Petrobras en el Yasuní. He aquí el origen del acuerdo alcanzado entre Ecuador y el PNUD para preservar esta zona reserva de la biosfera.

A pesar de la relevancia de la firma del fideicomiso para no extraer petróleo del Yasuní lo cierto es que el modelo económico de Ecuador es, como en el resto de países de la zona, extractivo con consecuencias territoriales para los pueblos indígenas. La explotación de hidrocarburos es el pilar fundamental de la economía de Ecuador, representando el 22,2% del PIB, el 63,1% de las exportaciones y el 46,6% del Presupuesto General del Estado. Estos datos ponen de manifiesto la situación de esquizofrenia en que se vive en el país puesto que, por una parte, se legisla a favor de las nacionalidades y pueblos indígenas (las amazónicas, por ejemplo, han logrado que se les asigne un territorio propio, lo que las ha permitido en ocasiones negociar acuerdos sobre el uso de las tierras y los recursos y hay un caso, el de los achuar, que han resuelto no permitir la explotación petrolera en su territorio aunque antes de la entrega de tierras había tres bloques de extracción petrolífera que se mantienen trabajando) y por otro, como se pone de manifiesto con lo dicho referente a la actitud de los achuar, se subordinan estos deseos y decisiones al interés político y económico del gobierno.

Esto ha provocado no pocos enfrentamientos y desencuentros en cuestiones mineras, de aguas y de participación popular de las organizaciones indígenas desde que Ecuador adoptase, en 1988, el Convenio 169 de la OIT. Se venía de una década de movilizaciones sin precedente en el país y en América Latina donde los indígenas no sólo se habían hecho visibles, así como sus demandas de identidad, participación política, autonomía cultural, territorialidad y administración de sus propios recursos sino que habían sido capaces de derribar gobiernos. Como consecuencia de ello, y de la consiguiente debilidad de los partidos tradicionales y su pérdida de legitimidad política, varias de sus demandas y derechos fueron incorporados a la Constitución vigente entonces. Uno de ellos fue el establecer una “zona intangible” de 700.000 hectáreas en el Yasuní (aunque no fue delimitada hasta finales de 2006) para preservar a los pueblos en aislamiento voluntario. El que desde el establecimiento de esta zona y su delimitación transcurriese casi una década se debe a las presiones de las compañías petroleras, que siempre han tenido un interés especial en explotar esa área amazónica.

Ecuador vivió prácticamente dos décadas en una convulsión social constante que desembocó en la llegada a la presidencia de Rafael Correa en enero de 2007. Una se sus promesas fue la elaboración de una nueva Carta Magna, para lo que se inició un proceso constituyente que terminó con la aprobación de la nueva Constitución a finales del año 2008. En todo el proceso constituyente el tema de los derechos indígenas y la explotación de los recursos naturales se convirtieron en dos de los principales asuntos de debate, de forma especial en este último aspecto la cuestión minera dada la resistencia de la mayor parte de los asambleistas constituyentes a que se otorgase el derecho de veto en esta cuestión a los pueblos indígenas si se les realizaba la consulta previa. La minería ha sido, y continua siendo, el gran foco de conflicto en Ecuador con los pueblos indígenas.

En la Constitución actual hay una reestructuración total del Estado con la inclusión del sistema de autonomías -aunque la indígena queda subordinada a los gobiernos territoriales autonómicos- y el reconocimiento expreso a la propiedad “imprescriptible” de las tierras comunitarias indígenas, el “uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se encuentren en sus tierras”, la consulta previa “dentro de un plazo razonable” sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente y la participación en los beneficios que esos proyectos generen, así como tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La Carta Magna proporciona, por lo tanto, una clara serie de derechos económicos a los pueblos originarios, a parte de los sociales y políticos. Pero no de una forma tan clara como parece.

En el proceso constituyente el gobierno contó con la colaboración de una organización indígena, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), quien apostó por un modelo estatal “monocultural, uninacional e inclusionista sin cuestionar las estructuras y los sistemas que permiten que el modelo político y económico se quede intacto”.[5] Por el contrario, la principal organización indígena de Ecuador, la CONAIE, insistía en que el texto constitucional debía reconocer el carácter plurinacional del Estado “reconociendo, respetando y promoviendo la unidad, igualdad y solidaridad entre todos los pueblos y nacionalidades existentes en el Ecuador, al margen de sus diferencias históricas, políticas y culturales, para garantizarles una vida digna, económicamente justa, equitativa y socialmente intercultural e incluyente”.[6] La CONAIE, además, añadía la nacionalización y no privatización de la biodiversidad y los recursos naturales, el reconocimiento de distintas formas de democracia, que los principales servicios sociales no pudiesen ser tratados como mercancías y la construcción de un modelo económico social, solidario, ecológico, equitativo, soberano, planificado e incluyente.

El gobierno escuchó a ambas organizaciones, pero se apoyó en la primera –pese a que el propio gobierno reconoce que sólo representa a la cuarta parte de las organizaciones indígenas del país- demostrando los límites que iba a tener la Constitución y su relación con los pueblos indígenas, en especial en lo referente a la autodeterminación, el control territorial y explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Sin embargo, el trabajo de la CONAIE en pro del reconocimiento de la plurinacionalidad, el derecho a la autodeterminación y autogobierno y la incorporación del derecho al consentimiento previo en lo referente a la política de gestión y explotación de los recursos naturales provocaron un debilitamiento de las tesis gubernamentales, terminando por aceptar la tesis de la CONAIE sobre la plurinacionalidad y quedando así recogido en el texto constitucional. No ocurrió lo mismo con la autodeterminación y autogobierno o la explotación de los recursos naturales, que debía ser competencia exclusiva del Estado para el gobierno. En este punto se llegó a un acuerdo que no soluciona el tema, sino que lo postpone y dilata en el tiempo y así está quedando de manifiesto en los conflictos actuales, como cuando los achuar, por ejemplo, se enfrentan al Estado al decidir no permitir la explotación petrolera y/o minera en su territorio.

En este tira y afloja se logró el reconocimiento de ciertos derechos para proteger la naturaleza y el agua como “derecho humano fundamental e irrenunciable y patrimonio nacional de uso público”, fortaleciéndose el sistema nacional de áreas protegidas y zonas intangibles, a cambio de que el Estado mantenga la propiedad y facultad de explotar los recursos no renovables pudiendo, además, delegar la misma en terceros siempre que su participación en las ganancias sea del 50 por ciento. Unos y otros cedieron para que se pudiese aprobar la Constitución con un 63’93% de los votos, entre ellos el de la CONAIE que apostó por “un sí crítico” y afirmando que había muchas posibilidades de entendimiento con el gobierno aunque considerase que en el texto constitucional habían quedado fuera gran parte de las propuestas indígenas.

La CONAIE es una de las organizaciones más potentes de todo el continente. La Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador fue creada en 1988 y se convirtió en la principal impulsora del levantamiento indígena de 1990 –conocido como el “levantamiento del Inti Raymi” y con una consigna absolutamente subversiva, -“Tierra, cultura y libertad”- que situó de forma definitiva la cuestión indígena en la agenda política y social. Hasta ese momento, en el imaginario de la sociedad ecuatoriana, lo “indio” era poco menos que sinónimo de suciedad, vagancia, derrota y miseria. El idioma quichua, la vestimenta, la trenza, el poncho y la alpargata eran significado de retraso mental y cultural, que impedía el desarrollo de la modernidad. A partir de ese levantamiento, dejó de serlo.

La CONAIE está integrada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE), Ecuador Runakunapak Rikcharimuy de la Sierra (ECUARUNARI) –en lengua quichua- y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) con el objetivo de defender a las nacionalidades y pueblos originarios en los frentes económico, sociocultural, político, territorial y lingüístico. Es decir, además de su gran capacidad organizativa los indígenas tienen propuestas claras no sólo para sus comunidades, sino para toda la sociedad. Por lo tanto, cualquier movilización que inician tiene que ser tomada muy en cuenta, a pesar de que en no pocas ocasiones todos los gobiernos desde entonces han respondido a las mismas con la represión.

Eso ocurrió nada más ser aprobada la Constitución. La CONAIE no tardó en criticar la política gubernamental con los pueblos indígenas argumentando que una cosa son los derechos recogidos en la Carta Magna y otra muy diferente su práctica. Sobre todo la interpretación del Estado como plurinacional y pluricultural. La insistencia en el cumplimiento de esta cuestión provocó un hecho inédito: el secuestro de una dirigente quichua en la Amazonía que era, además, la mujer del presidente de la CONAIE.[7] Era la expresión de un desencuentro cada vez mayor a medida que el Estado iba cerrando compromisos para la explotación de petróleo y minerales en territorios indígenas y en el que tuvo que mediar el Relator Especial de la ONU para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas. El resultado fue, una vez más, una palada de cal y otra de arena. Mientras que se cambió la modalidad de los contratos petroleros –de participación a prestación de servicios- se continuaron las explotaciones en zonas de especial relieve ecológico incluso bajo protección militar. Lo mismo sucedió con las explotaciones mineras.

Fue el proyecto de ley de minería el que generó el primer enfrentamiento serio entre las organizaciones indígenas y el gobierno tras la aprobación de la Constitución de 2008. La Carta Magna se aprobó en septiembre, la ley de minería se presentó para su aprobación en diciembre. El gobierno incumplía sus propias normas no incluyendo en el articulado de la misma los derechos de las comunidades, que sí aparecen en la Constitución, argumentando el dominio “exclusivo” del Estado sobre los recursos naturales y, en calidad de “propietario”, autorizaba a las empresas “tanto nacionales como extranjeras” una “libertad de prospección” en cualquier parte del territorio ecuatoriano salvo “zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales”. En virtud del articulado, los territorios indígenas no quedaban fuera de esta “libertad de prospección” y como la ley dejaba sin efecto las concesiones mineras que no hubiesen realizado inversiones, tuviesen deudas con el Estado o se encontrasen en áreas protegidas pero éstas seguían funcionando, el incipiente malestar con el gobierno cobró carta de naturaleza. Ya no eran sólo desencuentros, sino guerra abierta puesto que Ecuador es un país donde el 12% de su territorio cuenta con concesiones para este tipo de empresas hasta contabilizar un total de 3.298 en el año 2009.[8] El presidente Correa se encargó de prender la mecha afirmando que la minería podía ser uno de los factores fundamentales para el desarrollo de Ecuador y calificó el rechazo indígena a la minería de “infantil”.[9] La rebelión se inició de inmediato en Sucumbíos, con todos los pueblos indígenas existentes allí (shuar, a’i-cofán, siona, secoya y quichua)  realizando un llamamiento expreso a rechazar las concesiones mineras en sus territorios.

No es extraño, por lo tanto, que la ley minera se convirtiese en el eje del enfrentamiento entre los pueblos originarios y el gobierno. Los indígenas consideran que la política extractiva del gobierno implanta un modelo de explotación a gran escala que atenta contra el ambiente, contamina el agua y expolia las riquezas naturales del país sin dejar casi beneficio alguno para los ecuatorianos en general y no sólo a los pueblos indígenas. Para ellos, el gobierno lo que hacía era primar los intereses económicos sobre los derechos indígenas.

La ley minera fue aprobada tras una dura batalla en la que el gobierno tuvo que ceder en temas como convertirla en ley ordinaria y no orgánica, en la prohibición de descargar desechos tóxicos o establecer el derecho a la información y consulta de las concesiones. El gobierno adujo el “bienestar colectivo” en su aprobación, aunque en la práctica las propiedades privadas y comunitarias quedarán sometidas a servidumbres o cargas mediante las cuales los mineros ocuparán y decidirán sobre aspectos importantes.[10] Eso, al menos, es lo que parece deducirse de las reuniones mantenidas en Canadá por funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables o de Sectores Estratégicos en torno a la aprobación de los estudios ambientales y planes relacionados con los proyectos de la corporación canadiense Cornerstone Capital Resources Inc. en Macará, Bella María, Monterrey y otras localidades situadas en la frontera con Perú. El gobierno intentaba llegar a acuerdos con todos, pero prevaleciendo los intereses empresariales frente a los indígenas a quienes, a modo de castigo, reducía la financiación para proyectos de desarrollo impulsados por el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONDEPE) tal y como denunció la Federación Internacional de Derechos Humanos[11], quien expresaba también su “seria preocupación” por el contenido de la ley para los indígenas y la represión ejercida contra sus manifestaciones.

Dicha ley salió adelante, además, por el apoyo que recibió el gobierno de organizaciones como la FENOCIN y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador. El caso de esta organización religiosa es un fenómeno a tener muy en cuenta en el futuro del movimiento indígena no sólo de este país, sino de todo el continente. Ecuador es donde se ha puesto en marcha una especie de “experiencia piloto” a imagen y semejanza de lo que ocurre en EEUU, creando organizaciones que en su mayoría favorecen el “libre mercado” y, en nombre de la religión, captan recursos en nombre de los nativos.

Mientras la postura de estas organizaciones indígenas fue muy bien acogida por el gobierno, la posición de la CONAIE fue considerada como “fundamentalista”[12] pese a que la CONAIE agrupa, y así lo reconoce el propio gobierno, al 75% de la población indígena del país. Bien fuese una coincidencia o una consecuencia, poco después de recibir el apoyo de esas dos organizaciones mencionadas en el párrafo anterior el gobierno decidió recompensar a las organizaciones indígenas de corte religioso católico con la suscripción de un contrato –Decreto Ejecutivo número 1780- por el que se otorgan concesiones para “trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana”. Uno de los aspectos más destacados de este decreto es que se otorga a este tipo de confesiones religiosas la facultad de “organizar y poner en funcionamiento, con el apoyo económico del Gobierno, emisoras de radio y de televisión destinadas a la difusión de la cultura y los valores morales (…) libres de derechos e impuestos”.[13]

Los calificativos descalificadores contra las organizaciones indígenas críticas con la actuación del Ejecutivo de Correa se convirtieron en el eje del discurso gubernamental. La cooptación de dirigentes, el favoritismo hacia los partidarios y el castigo hacia los críticos la norma de la actuación. La consecuencia fue un debilitamiento de la organización indígena, que fue aprovechada de inmediato para, además de retirar los fondos a la CONDEPE, aprobar un decreto presidencial autorizando al Ministerio de Educación a cambiar o nombrar a las autoridades de educación intercultural bilingüe, responsabilidad hasta ese momento de los pueblos indígenas.

Otro de los casos de enfrentamiento ha sido la ley de aguas. Las organizaciones indígenas, en esta ocasión en alianza con las campesinas y las juntas de agua locales, criticaron la privatización de los recursos hídricos –algo que se rechaza en la Constitución- en consonancia con los intereses de las principales empresas ecuatorianas, como es el caso de Interagua de Guayaquil (en Ecuador el 64% del caudal de agua se encuentra en mano privadas). Aquí tuvo un papel destacado la nacionalidad shuar, que se ubica en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, principalmente, aunque también hay comunidades y asentamientos en Sucumbíos, Orellana, Guayas y Esmeraldas. Es decir, está presente en todo el país y es la más numerosa en población indígena después de la quichua.

Los shuar tienen fama de ser los más combativos y los más organizados, puesto que desde 1964 vienen luchando por la defensa de su lengua, cultura y territorio a través de la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Esto les otorga una coordinación entre ellos que les ha llevado no sólo a enfrentarse a la presión de las compañías petroleras, sino a utilizar todos los medios que ofrece el “desarrollo” para defender sus intereses. Es así como cuentan con el Servicio de Educación Radiofónica Bilingüe Shuar y un Servicio Aéreo Shuar de gran importancia para los programas de salud y comercialización de productos, tanto los tradicionales (yuca, maíz, plátano) como leche o carne a mayor escala. En el caso de los enfrentamientos provocados por la ley de aguas, los shuar amenazaron con convertirse en “nacionalidad autónoma” para fijar sus propias leyes e incluso formar un “ejército shuar” para “proteger el agua, el aire y toda la riqueza natural” de sus territorios. A través de su emisora de radio iniciaron una campaña de movilizaciones que fueron duramente reprimidas, causando un muerto, pero que obligó al gobierno a negociar modificaciones en la ley.

A partir de ese momento tuvo que intervenir el propio presidente Correa, quien se involucró en el diálogo directo con la CONAIE junto a sus ministros. Pero este diálogo fue más allá de lo estrictamente referido a la ley de aguas. Se establecieron comisiones mixtas y mesas de trabajo sobre circunscripciones territoriales indígenas, plurinacionalidad, educación, agua, recursos naturales e instituciones indígenas al tiempo que se decidió investigar lo sucedido en la represión de las manifestaciones y el papel de la emisora de radio en ellas y si incitó a la violencia o no. Se ponía de manifiesto así, por una parte, que la Constitución no se cumplía –“una recuperación de la Constitución” para los indígenas- y, por otra, la aceptación del hecho dado que se apostaba por “impulsar de manera conjunta la concreción de los principios constitucionales, y en especial el Estado Plurinacional e Intercultural, así como la agenda propuesta por las organizaciones”. Se llegó a firmar unos Acuerdos de Diálogo cuyo artículo primero hablaba de “institucionalizar el diálogo permanente” con las organizaciones indígenas en el que se tendría en cuenta “la agenda propuesta por las organizaciones”.[14]

Pero los avances fueron escasos –excepto en el tema del agua, que había originado el enfrentamiento- dado que tanto el presidente Correa como sus ministros no se comprometieron a garantizar apoyo técnico o logístico a los acuerdos que se alcanzasen y, además, siguieron haciendo declaraciones arremetiendo contra las organizaciones indígenas y sus dirigentes. Ello provocó que la CONAIE decidiese solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intercediese entre ambos intereses, aunque hasta el momento no hay ninguna decisión oficial al respecto, y que ECUARUNARI plantease la ruptura del diálogo al considerar que las comisiones y mesas de trabajo sólo habían sido una estrategia gubernamental para ganar tiempo en la aplicación de sus políticas. El que desde el gobierno se amenazase de cierre a la emisora de radio shuar “que podría estar directamente relacionado con sus actividades legítimas para transmitir el intercambio de información entre comunidades shuar sobre la minería a gran escala en la Cordillera del Cóndor”, tal y como afirmaba el Relator Especial de la ONU en su informe[15] reclamando al gobierno que diera marcha atrás en sus amenazas, no hacía sino confirmar las sospechas indígenas.

Así las cosas sólo quedaba el recurso a los tribunales antes de iniciar una nueva protesta. La CONAIE interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería y obligaba, de forma indirecta, a que este tribunal tuviese que pronunciarse sobre la interpretación misma de la Constitución en todo lo que importa a derechos de los pueblos indígenas. Uno de los preceptos de la ley establece que “sus normas prevalecerán sobre otras leyes” y esto fue sancionado por el Tribunal Constitucional en una sentencia que él mismo consideró “atípica” al afirmar en la sentencia la “constitucionalidad condicionada”[16] (sic) de la ley de minería ante el “vacío normativo” y todo en aras de la “seguridad jurídica y gobernabilidad del Estado”. Una curiosa forma de defender lo indefendible o de legalizar lo ilegal o de neutralizar los derechos de los pueblos indígenas al hacerlos depender de los criterios judiciales. La puerta está abierta y ya la está cruzando el gobierno con una ley de aguas y de extracción de petróleo por toda la costa que sigue el mismo modelo que la ley de minería.

Ecuador aprobó una Constitución muy adelantada. Junto con la de Bolivia, tal vez la que mejor refleja la normativa de derechos para los pueblos indígenas acogidos en el Convenio 169 de la OIT y la DDPI de la ONU. Pero está siendo el país que con más rapidez renuncia en la práctica a estos derechos aprobando leyes que, bajo la apariencia de cumplirlos y defenderlos, en la práctica los niegan. En la permanente práctica de dar una palada de cal y otra de arena, el gobierno anunció la elaboración de un proyecto de ley sobre derechos de los pueblos indígenas y otro sobre cooperación y coordinación entre la justicia orginaria y la indígena con los que venía a aceptar la recomendación del Relator Especial de la ONU de “tomar en cuenta las propuestas hechas por la CONAIE durante las mesas de diálogo con miras a llegar a acuerdos consensuados con los pueblos indígenas en relación con estas y otras leyes, así como para reformar e implementar las leyes conforme a los derechos de los pueblos indígenas garantizados en la Constitución de 2008 y en los instrumentos internacionales”.[17]

El actual gobierno poco a poco se va quedando solo con el sector empresarial como principal apoyo. La FENOCIN, uno de sus principales valedores, le dio la espalda en marzo de 2010 como consecuencia de la ley de aguas. Las resistencias del que se dice sector progresista en el gobierno a romper con el modelo económico y político capitalista tradicional están arruinando las expectativas emancipatorias puestas en la Constitución por los pueblos originarios. La explotación y extracción de recursos naturales en territorios indígenas constituye un constante desafío para ellos a pesar de los derechos reconocidos bajo la normativa nacional e internacional. Estrictamente relacionado a este problema está la falta de protección legal de los territorios y recursos de los pueblos indígenas. El gobierno argumenta que muchas de las concesiones mineras y/o petroleras existentes fueron otorgadas antes de la aprobación de la Constitución de 2008, pero ello no es óbice para que se revisen a la luz de la nueva norma suprema porque el Estado tiene la obligación de acatar las normas internacionales y suscribió el Convenio 169 de la OIT diez años antes, en 1998.

Y si en ese tiempo no se realizó el requisito de la consulta previa, hay que hacerlo ahora aunque la concesión ya esté en marcha y produciendo. Ya no será una consulta previa, pero sí “libre e informada” y los pueblos indígenas decidirán si continúa o no la explotación en cuestión. Si realmente es beneficiosa para ellos, la mantendrán. Este es el deber ineludible del Estado, tal y como establecen las dos normativas internacionales suscritas por Ecuador. El Relator Especial es tajante cuando afirma que “el Estado no debe impulsar los proyectos de inversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales, sin una previa, amplia y legítima consulta y participación de los pueblos indígenas” y que para el caso caso de proyectos ya operativos de extracción de recursos naturales, “el Estado debe aplicar procesos de consulta con respecto a sus impactos sobre los derechos, tierras y territorios de comunidades indígenas y tomar todas las medidas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas”[18]

Mantener el empecinamiento actual del gobierno (que llega incluso a amenazar con quitar la sede central a la CONAIE, entregada en 1988 en usufructo por 99 años tras el levantamiento indígena de ese año) sólo genera un mar revuelto en el que quien está ganando es el sector oligárquico criollo, que comienza a acoger las reivindicaciones indígenas como una bandera política cuando históricamente es un sector al que desprecia desde un punto de vista eminentemente racista y supremacista. Un sector de la CONAIE –desautorizado por la mayoría de la organización- considera que la sentencia del Tribunal Constitucional, por muy atípica que sea, recoge aspectos que les interesan y ha abierto la veda para el desarrollo de la autonomía indígena, entendida como una primera etapa hacia la formación del Tahuantinsuyo, el estado propio, andino. La idea, evidentemente, no gusta a la oligarquía, pero le sirve para desestabilizar e impulsar, a su vez, otro concepto de autonomía en la línea de la pretensión oligárquica en Bolivia (ver este país) en Guayaquil: una especie de ciudad-estado. Si estas tendencias cuajan, el fin del Estado Plurinacional está servido.

Tal vez por ello, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) hacía en marzo de 2010 un llamamiento expreso a fortalecer alianzas con todos los sectores y actores sociales de los países que conforman la CAOI para luchar contra los gobiernos y organismos nacionales e internacionales neoliberales que afectan a los derechos de los pueblos, indígenas o no, junto a una exigencia expresa a los gobiernos nacionales para que no sigan otorgando concesiones a las industrias extractivas y, en especial, los megaproyectos enmarcados dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) por su gran impacto medioambiental y en los pueblos indígenas.[19]

En esta lucha, por el momento de resultado incierto, también el Estado contó con el apoyo de los países que forman parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). En su X Cumbre, celebrada en la ciudad ecuatoriana de Otavalo, aprobaron una declaración conteniendo un ambiguo punto que fue interpretado como un aval de la posición del gobierno del presidente Correa: “Expresamos que el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables corresponde al Estado de acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto y no a uno o varios grupos o sectores sociales o económicos. El Estado garantizará la participación social y la distribución justa y equitativa de los beneficios, especialmente a favor de las comunidades en donde esos recursos naturales se encuentran y buscará, en armonía con la Naturaleza, minimizar los impactos ambientales y sociales adversos que generen”.[20] La citada cumbre fue bastante inédita y uno de sus principales objetivos fue el intentar zanjar diferencias en torno a la gestión pública de los recursos no renovables y escuchar las preocupaciones de los pueblos indígenas afectados por la explotación de recursos naturales en sus territorios. Al tenor de la mención que se hace a los “grupos o sectores sociales”, en clara referencia a los indígenas, y de las manifestaciones que se produjeron en rechazo a la declaración, no parece que hubiese acercamientos notables.

La situación, hoy por hoy, es de enconamiento total en las posiciones de unos y otros, hasta el punto que el Relator Especial de la ONU está intentando mediar para evitar una ruptura irreversible entre ambos actores. La Constitución de Ecuador contiene un significativo reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, a la vez que representa un importante precedente regional latinoamericano e internacional, junto con Bolivia, en este ámbito. No obstante, siguen existiendo importantes resistencias no sólo de los poderes oligárquicos tradicionales, sino de estamentos insertos en el propio gobierno, que impiden y dificultan la efectiva implementación de los derechos humanos de los pueblos indígenas amparados en la normativa nacional e internacional. En su intento de mediación, el Relator Especial de la ONU menciona que “cualquier procedimiento establecido debe tomar en cuenta y tratar las inquietudes de la CONAIE y otros representantes indígenas sobre el proceso realizado en las mesas de diálogo de 2009” –referido más arriba- y, de forma especial, “la Ley de Minería, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, el Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización, y el Código Ambiental”.[21] Es decir, todas las cuestiones que están en el corazón de las reivindicaciones y propuestas indígenas puesto que, tal y como están siendo establecidas por el gobierno, no se implementan ni los derechos de los pueblos indígenas garantizados en la Constitución de 2008 ni en los instrumentos internacionales de derechos humanos. De no hacerse así, el Relator Especial de la ONU cree que se va a agudizar la polarización entre indígenas y gobierno y por ello hace un llamamiento al Estado “a que asegure que sus instituciones actúen con extrema cautela para no agravar esta polarización”. Para ello, “el Estado no debe impulsar los proyectos de inversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales, sin una previa, amplia y legítima consulta y participación de los pueblos indígenas, y tal como ha establecido la Corte Constitucional”[22].

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