Delincuencia: ¿cómo se juzga a los menores en Capital y Provincia?

Vidrios rotos, agujeros que escupen agua y funcionan como una ducha, internos con vestimenta de verano en invierno, una hora de clase por día y áreas que por su estado edilicio deberían ser demolidas y vueltas a construir. Esas son, según señaló uno de los participantes de una inspección a un Centro de Recepción de Menores a Clarín, las condiciones en las que adolescentes, que están privados de su libertad, viven. El instituto está ubicado en la intersección de las calles Larroque y 12 de Octubre, en Lomas de Zamora y dos de sus sectores fueron clausurados por el Poder Judicial en junio. El Ejecutivo apeló la medida.

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Uno de los principios que rige al Derecho Penal es el “última ratio”, que indica que la sanción penal debe ser el recurso último a acudir cuando las intervenciones anteriores –más moderadas- no hayan servido. De la misma forma, se expresa la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que marca que el encarcelamiento de un joven debe utilizarse en una instancia final y durante el período más breve. Pero en tiempo de elecciones o frente a un crimen que sacude los cimientos de la sociedad (el asesinato de Fabián Esquivel, en 2011 y de Daniel Capristo, en 2009, por ejemplo) vuelve a exigirse una solución, una salida rápida y, sobre todo, penal. Es entonces cuando la baja a la edad de imputabilidad protagoniza los discursos políticos y los proyectos legislativos que la tratan surgen de los cajones en los que estaban escondidos y se desempolvan en tiempo record. “En nuestro país, el derecho penal siempre funciona como primera y no última ratio. Por distintos motivos, entre ellos la presión ciudadana, a los menores primero se los detiene y después se averigua qué sucedió», grafica Zulita Fullini, experta en derecho penal y exjueza de menores.

¿Qué hace la Justicia con los menores?

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El Régimen Penal de la Minoridad es el instrumento que utilizan los jueces para determinar qué destino le corresponde a un chico que delinque. El decreto vigente fue dictado por la última dictadura militar en septiembre 1980, a través de la ley 22.278, y por una modificación posterior, en mayo de 1983, a través de la ley 22.803. El sistema considera que los menores son punibles a partir de los 16  y se convierten en adultos a los 18 años.

La ley 22.278/22.803 permite que a los chicos se le impongan las mismas penas que a los adultos, posibilita que los menores de 16 años (no punibles) estén internados en institutos por tiempo indefinido o hasta alcanzar los 18 y aplica un modelo tutelar, en el que los jueces «disponen» y deciden en forma discrecional. En el caso de adolescentes que tengan 16 y 17, «establece que el juez puede, en su lugar debería decir debe, reducir la pena a una tentativa (llevar el mínimo de la condena a la mitad y el máximo a un tercio). Al no tener un carácter obligatorio, la ley recae en la voluntad del juez de reducir la escala del Código Penal o no hacerlo», critica una jueza de menores, quien prefirió no difundir su nombre.

A nivel nacional, el decreto ley es el manual de instrucción sobre cómo penar a un menor. Pero por no reconocer garantías asignadas a los chicos en la Convención de los Derechos del Niño, en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de Derechos Humanos, en algunos Departamentos Judiciales es considerada inconstitucional por los jueces de menores.

Si se achica el foco de observación y se lo limita a Buenos Aires, el sistema de responsabilidad penal juvenil se instrumenta a través de las leyes 13.298 y 13.634, creadas en 2008. La legislación reemplazó al Patronato de Menores e introdujo las figuras del fiscal y defensor penal juvenil, antes el juez se encargada de la etapa de instrucción y de dictaminar sentencia. Además, el sistema separó las problemáticas sociales (violencia familiar, abandono de hogar, niño en situación de calle, etc.) de los delitos penales (robo, secuestro, homicidio o violación), en forma previa, un solo magistrado atendía ambos asuntos. “El sistema es igual al de adultos. Interviene un juez de garantías que observará que el proceso se desarrolle en forma correcta, después se pasa a la fase de instrucción y luego la causa se remite a los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil o Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil, según el caso”, explica la jueza de menores que actúa en uno de los departamentos judiciales más poblados del Conurbano. Los asesinatos, abusos sexuales y secuestros extorsivos son tratados por el tribunal.

Para los menores de 16 que hayan cometido un delito grave, la ley provincial contempla la utilización de una medida de seguridad. “Es el mismo recurso que el Código Penal aplica para dementes pero, en el caso de los chicos, la ley no establece por cuánto tiempo se debe imponer. Al no decirlo, el período en que se imparte una privación de la libertad puede quedar librado al criterio subjetivo de un juzgador de turno”, lamenta la jueza.

¿Régimen penal juvenil o bajar la edad la edad de imputabilidad?

“Argentina no dictó una legislación acorde a los mandatos de la Corte Interamericana y la Convención de los Derechos Humanos por eso es necesario el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil”, explica Fullini. Para la exjueza, aplicar un sistema justo no implica bajar la edad de imputabilidad: “Los delitos graves con menores son muy pocos, no inciden en una estadística general. No encuentro relación entre la baja de la edad y la seguridad ciudadana”.

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