DECLARACION INCONSTITUCIONAL DE^: EL PROTOCOLO DE LA MUERTE: CORDOBES

La  Legislatura provincial tampoco podría dictar una norma de ese  tenor

En el día de la fecha,  la Cámara Tercera en lo Civil y Comercial, integrada por los Dres. Julio  Fontaine, Guillermo Barrera Buteler y Beatriz Mansilla de Mosquera, declaró inconstitucional la “Guía de Procedimiento  para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”  implementada por la Resolución N° 93 del Ministerio de Salud provincial, el 30  de marzo de 2012. La sentencia surge de la  acción entablada inmediatamente por la Asociación Civil  Portal de Belén contra la Provincia de Córdoba.

Se lee en el fallo:  estamos frente a un  amparo que se promueve en defensa de los derechos de un grupo indeterminado de  personas. Se trata de personas que todavía no han nacido pero que, no por eso,  son menos titulares de los derechos fundamentales que los que ya nacieron. Tanto  es así que el art. 2 de la Ley 23.849 que aprobó la Convención de los Derechos  del Niño del 20 de noviembre de 1989 y goza de jerarquía constitucional en  cuanto precisa las condiciones de vigencia de ese tratado para nuestro país  (art. 75 inc. 22 C.N.), los incluye expresamente en la categoría de “niños” y,  por ende, les hace aplicable todo el régimen protector de ese instrumento  internacional”… “el constitucionalismo posmoderno o de tercera generación ha  reconocido una nueva categoría de derechos que se caracterizan por tener como  sujeto activo a un conjunto indeterminado de personas. Se trata de un interés  jurídico único que es compartido por un grupo de personas, de manera tal que  puede decirse que les pertenece a todos conjuntamente”.

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Al analizar la  interpretación de los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal afirma:  “que los incisos en cuestión del referido  artículo del Código Penal no hacen otra cosa que establecer una excusa  absolutoria para el delito de aborto, es decir que la norma se limita a  establecer impedimentos para la punibilidad, es decir que define ciertos  supuestos en los cuales el Estado prácticamente “renuncia” a ejercer en ellos el  ius puniendi por consideraciones políticas, es decir: para cumplir finalidades  que se consideran prevalecientes. Entonces, no parece razonable pensar que de  una norma que se limita a excluir, frente a determinadas circunstancias, la  aplicación de sanción penal a quien cometa un aborto, ni de una interpretación  jurisprudencial de esa norma –acertada o no- se derive en forma directa e  inmediata una amenaza inminente al derecho a la vida de los niños por  nacer”.

Teniendo en cuenta  el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso “F.A.L.” (13/03/2012) aclara:  “Es bien sabido que los fallos de la  Corte Suprema de Justicia de la Nación son vinculantes en la causa en la que han  sido dictados y obligan a las partes y a los tribunales inferiores  intervinientes, lo que implica además todo lo conducente para hacerlos efectivos  (C.S.J.N., Fallos 189:292); pero no es posible sostener que en nuestro sistema  jurídico esos fallos sean vinculantes para los demás tribunales en otros casos,  aunque sean análogos, porque no existe ninguna norma, ni en la Constitución  Nacional (desde que quedó derogada la reforma de 1949), ni en ninguna ley, que  establezca el sistema del stare decisis del Derecho Anglosajón”. “Es más, la  misma Corte Suprema ha dicho que ‘la facultad de interpretación de los jueces y  tribunales inferiores, no tiene más limitación que la que resulta de su propia  condición de magistrados, y en tal concepto pueden y deben poner en ejercicio  todas sus aptitudes y medios de investigación legal, científica o de otro orden,  para interpretar la ley, si la jurisprudencia violenta sus propias  convicciones’.”

Tras citar los  artículos de la Constitución provincial que preservan el derecho a la vida,  subraya: “ni siquiera la Legislatura  local hubiera podido válidamente establecer el régimen que establece la  reglamentación en cuestión, porque de ninguna manera podría superar el test de  razonabilidad esa norma que le impone al Estado el deber prestacional de  ejecutar el aborto que una madre ha decidido llevar a cabo, en los casos  contemplados en el art. 86 del Código Penal según la denominada ‘interpretación  amplia’. Más aún si para el supuesto de violación basta una simple declaración  jurada aún a riesgo de que existan ‘casos  fabricados’.”

Felicitaciones a los  que han impulsado el amparo para preservar la vida de los indefensos niños por  nacer, y a los jueces, que emitieron un fallo que dignifica al Poder Judicial y  reivindica el carácter federal del reparto de competencias entre la Nación y las  Provincias, una actitud ejemplar que deberían asumir todos los tribunales del  país.  

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NOTIVIDA, Año XIII, Nº 884, 21 de mayo de  2013

Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro.  Dr. Juan C. Sanahuja

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