CRISIS MUNDIAL, LA TRANSICIÓN ECONÓMICA Y EL PAPEL DEL ESTADO

La Presidenta enarboló un discurso con amplio sentido de la conciliación de clases, para ello se apoyó en lo institucional del papel de las políticas de Estado. Desde la tribuna de  una crítica político social, sin embargo tendió la mano a la clase opositora política económica, que genera las relaciones de la sociedad capitalista. En una combinación de denuncia de esa realidad del país, que por otra parte es así desde siempre en el conflicto que se genera entre el capital y el trabajo y que se llama lucha de clases, la presidenta hizo llamados respetuosos con propuestas para alcanzar un pacto social en medio de la tormenta que se avecina, un camino que permita salir del embudo de las fuerzas centrífugas que la sociedad capitalista en crisis genera en el país y el mundo. En los EE.UU. quien decide es la clase dirigente del complejo empresarial-militar a través del lobby financiero y no precisamente el presidente B. Obama es el que gobierna, como dice el presidente venezolano Hugo Chávez. El papel del Estado allí es asumir los costos de la política de esa dirección político económica y, manteniendo prescindencia, que es lo mismo que no intervención, cuando del reparto de la concentración financiero económica se trata. Lo que resulta en la práctica  QUE EL PUEBLO, vía Estado, PAGA LOS COSTOS DE LOS PLATOS ROTOS.
Esto ha sido así como norma también en el país. Cuando el “corralito” con el control estatal de los depósitos bancarios, no fue el gran capital el que perdió, fueron los millones de ahorristas, pequeñas y medianas empresas, del campo y la ciudad. Fueron los trabajadores que se vieron sin red alguna de contención ante el cierra puertas de la empresa capitalista porque “no era negocio sostener las empresas o invertir con riesgo”. Aquello de que la que quebró es mi empresa, no yo, es la consigna natural de esas relaciones de clase. A los banqueros y financistas de los EE.UU. se los premió con millonarios dólares, o riqueza del pueblo norteamericano, a través del Estado benefactor de esa realidad. Aquí se cambió esa antinomia social y el Estado, a partir del 25 de Mayo del 2003 cambió, parcialmente, la relación, aunque nunca fue a la raíz de clase del antagonismo natural entre el capital centrífugo de acumulación y la sociedad que necesita romper la concentración para volver a la solidaridad social.
Esto no se consigue sin combinar política institucional con lo revolucionario de lo que significa abrir las puertas y ventanas del mismo aparato del Estado a la intervención social de masas. No hay posibilidad alguna de términos medios regulando la direccionalidad del curso, sino combinándola, pero marcando desde el comienzo la diferencia, y no con valores similares, del papel del trabajo y el de la, por ahora, necesaria intervención del capital privado con la fuerza creadora del trabajo. Es una dura y difícil etapa de transición en la que debe ir avanzando la clase social absolutamente mayoritaria, con el peso de los trabajadores del campo y la ciudad. Ésta es la política necesaria porque incorpora, de acuerdo a su peso y papel, a todas las fuerzas sociales sin discriminación alguna, como sí lo hace ahora el capitalismo con la separación de clases, por más que lo niegue en los papeles.
No hay términos medios en la fase actual de esta etapa que en general ha sido de progreso social. Lo institucional de la política del gobierno está subordinada a las necesidades de la sociedad en su conjunto, y no sólo en leyes -que necesariamente hay que cambiarlas en el sentido revolucionario de esta etapa de la civilización y la historia-, que han sido construidas por la clase poseedora del poder económico en su inmensa mayoría.
Hay que avanzar en la relación con los organismos de los trabajadores, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones políticas de este curso, con las cooperativas, empresas mixtas, autogestionarias, estatales, dentro de una economía de planificado desarrollo social. Una etapa de transición necesaria, imprescindible, en que debe entrar el curso político del país. Las elecciones de octubre próximo son un adelanto de las del 2011, como afirmó N. Kirchner, pero lo que hay que ver, discutir y resolver es con qué fuerzas se encara lo que es una política de Estado Revolucionario sui géneris en construcción, o si no la fijan los remanentes del Consenso de Washington, cualesquiera sean los que aparezcan en trilogías de cuarta, Sicofantas como E. Carrio XXV siglos después, el pejotismo como parásito del Estado que nada tiene que ver con las bases sociales peronistas, y los vacilantes que desde adentro mismo del curso político del gobierno proponen una derechización, excluyendo el papel de la base social como estructura del proceso político, para terminar conciliando con los que se echaron en estos últimos 6 años.
El discurso de la presidenta navegó en aguas turbulentas con “mar de fondo”, dirían los marinos, en las que solo abrió puertas a cambios económicos más profundos. Los que ya se alcanzaron, las re-estatizaciones, cierto control de las divisas, aunque parcial, una  mejor distribución de la renta nacional, política exterior independiente y alianza estratégica con el área regional, etc., son las bases que muestran que se puede -no sólo es necesario-, avanzar mucho más. La fuerza de la reacción contrarrevolucionaria es la debilidad de los revolucionarios en saber aplicar su propio programa y política con una estrategia de clase. Hoy avanzamos pero hemos entrado en la etapa de definiciones.  Hay que rediscutir la crisis del sistema, el papel del Estado Nacional y la necesaria etapa de transición a una redistribución justa de la renta nacional.
Y hay que discutir el Socialismo como hace 200 años se discutió el capitalismo ante el fin del feudalismo.

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