codigo civil – Iglesias y religión en el proyecto de Código Civil

El proyecto de nuevo Código Civil y Comercial, como no podía ser de otro modo, afecta también en forma directa a las comunidades religiosas, y se refiere en varias oportunidades a la religión. Además, como se sabe, de alterar profundamente la legislación en materia de familia, que es un tema sensible a muchas iglesias.

El artículo 146 mantiene el reconocimiento de la Iglesia Católica, como persona jurídica pública. Es lo que ya dice el código actual, desde 1871: el texto original dividía a las personas jurídicas en «necesarias» (entre ellas «la Iglesia») y posibles. Desde 1968 se ajustó la terminología sin variar el contenido, clasificándolas en «públicas» (entre ellas «la Iglesia Católica») y privadas. Esta condición de la Iglesia Católica, además de un derecho adquirido, es una consecuencia lógica del reconocimiento que ella tiene en el derecho internacional, y en la misma Constitución Nacional. De modo que en este punto el código proyectado está muy bien.

El problema es que el nuevo código omite un reconocimiento expreso a las demás iglesias y comunidades religiosas. Sería conveniente que en el artículo 148, que enumera tipos de personas jurídicas, se agregue en un inciso a «las iglesias y comunidades religiosas». Luego, será necesario el dictado de una ley específica, como tienen otros tipos de personas que sí se mencionan en el proyecto (como las cooperativas, mutuales, o comunidades indígenas).

En los últimos años, fracasaron varios proyectos de ley tendientes a reconocer la personalidad jurídica de las iglesias. Fundamentalmente por los desacuerdos entre las propias iglesias, y porque algunas personas prefirieron privilegiar la confrontación con la Iglesia Católica. El problema es que ahora, con el nuevo Código, las iglesias verán muy complicado su funcionamiento. El proyecto regula de un modo muy reglamentarista a las asociaciones civiles (que es la forma usada por casi todas las comunidades religiosas para funcionar), previendo la ingerencia del Estado en su vida interna. Si eso no se cambia, será urgente para las iglesias encarar en serio su propio régimen legal, que les garantice su necesaria autonomía.

En cambio, una novedad positiva del proyecto es el artículo 744, que dispone la inembargabilidad de los bienes «afectados a cualquier religión reconocida por el Estado» (todas, sin distinguir entre la Iglesia Católica y las demás), incluso con una amplitud tan grande que les hará difícil conseguir un crédito. Tal vez sería mejor limitar esa situación a los templos, edificios religiosos, y objetos destinados al culto, además de mejorar la redacción de la norma.

Otro artículo del proyecto que generó algún malestar es el 2482, que prohíbe suceder por testamento a los ministros de culto que asistieron al testador en su última enfermedad (lo que no merece objeción), pero también a «los líderes o conductores de sectas», que es una mención que puede ser ofensiva.

*Ex presidente del Consejo para la Libertad Religiosa (CALIR)

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