Centroamérica: ajuste estructural e impacto sobre la vida de las mujeres

Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) son viejos enemigos de las sociedades centroamericanas. Aparecieron como recetas milagrosas a finales de los ochenta bajo el patrocinio del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solucionar los problemas del subdesarrollo y de la deuda externa mediante la adopción de reformas neoliberales con la promesa de incorporar a los países a las bondades de la era de la globalización del capital. Veinte años después, una nueva generación de PAE se promueve en la subregión bajo el signo de la reforma fiscal y de los Asocios Público Privados. Al igual que los del pasado reciente, estos nuevos PAE tienen como finalidad la refuncionalización del modelo de acumulación de capital de las transnacionales y promueven la adopción de políticas públicas para elevar la tasa de ganancia de las empresas capitalistas a costa de un mayor deterioro en la calidad de vida de las sociedades, en especial de las mujeres.

 

A diferencia de lo ocurrido en América del Sur, los PAE neoliberales impuestos en Centroamérica dos décadas atrás no necesitaron de la existencia de dictaduras militares y/o del autoritarismo político: se aplicaron como parte de las reformas democráticas que impulsaron los gobiernos civiles que emergieron como consecuencia del fin de los conflictos armados en El Salvador, Guatemala y Nicaragua; o bien como parte de los planes de rescate financiero del FMI y del BM en países como Costa Rica y Honduras, que enfrentaron problemas de insolvencia en el pago de la deuda externa en los ochenta.

Los PAE de los noventa formaban parte de una estrategia de acumulación de capital similar a la ocurrida en Centroamérica en la segunda mitad del siglo XIX, período durante el que las denominadas “reformas liberales” se utilizaron para despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) son viejos enemigos de las sociedades centroamericanas. Aparecieron como recetas milagrosas a finales de los ochenta bajo el patrocinio del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solucionar los problemas del subdesarrollo y de la deuda externa mediante la adopción de reformas neoliberales con la promesa de incorporar a los países a las bondades de la era de la globalización del capital. Veinte años después, una nueva generación de PAE se promueve en la subregión bajo el signo de la reforma fiscal y de los Asocios Público Privados. Al igual que los del pasado reciente, estos nuevos PAE tienen como finalidad la refuncionalización del modelo de acumulación de capital de las transnacionales y promueven la adopción de políticas públicas para elevar la tasa de ganancia de las empresas capitalistas a costa de un mayor deterioro en la calidad de vida de las sociedades, en especial de las mujeres. ajuste estructural e impacto sobre la vida de las mujeres recursos naturales y económicos para trasladarlos a los grupos oligárquicos nacionales vinculados a la producción y exportación de café y otros productos primarios para los mercados de Europa y Estados Unidos.

Un siglo después, el capitalismo entró en una nueva fase, el capitalismo global. Se dio paso a la reorganización de la división internacional del trabajo sobre la base de la globalización de las cadenas productivas y de los circuitos financieros y monetarios, bajo el control de una oligarquía global formada por 737 grupos económicos, 1.318 empresas que controlan el 80 por ciento de las corporaciones transnacionales mundiales [1].

La imposición del nuevo patrón de acumulación del capitalismo global [2] se logró mediante la consolidación de un complejo y sofisticado sistema de relaciones de poder, formado al menos por cuatro pilares: las políticas dictadas por el BM y el FMI, el control de los medios de comunicación social, la carrera armamentista y la creciente militarización de los países y regiones, y las alianzas con las oligarquías nacionales o sub-regionales.

En este contexto, el FMI y el BM adoptan a finales de los ochenta el llamado Consenso de Washington para diseñar programas de estabilización y reactivación de las economías del tercer mundo afectadas por la insolvencia para el pago de la deuda externa con los gobiernos y bancos del Norte y/o por los desequilibrios macroeconómicos internos generados por la reestructuración de la economía mundial. Estos programas sustituyeron a las estrategias y planes nacionales de las décadas anteriores, que asignaban a los Estados y a los aparatos productivos nacionales un rol fundamental en el desarrollo, y los encaminaron hacia una ideología del desarrollo centrada en el mercado y en la ganancia privada.

Centroamérica aplicó estos programas de forma relativamente homogénea, al amparo de acuerdos Stand By con el FMI y/o memorandos de entendimiento [3] con el Banco Mundial, que garantizaban el acceso a recursos financieros para el pago de deuda externa y/o para el financiamiento de medidas de política económica para estabilizar la balanza de pagos, reducir las brechas fiscales y sanear los sistemas públicos de financiación (previa privatización). También abarcaban el financiamiento de programas sociales compensatorios, como los de “alimentos por trabajo” y los de transferencias sociales para familias en extrema pobreza.

Las reformas económicas realizadas por El Salvador entre 1989 y 2004 son una muestra del tipo de medidas económicas contenidas en los PAE aplicados en Centroamérica. Entre las principales medidas se encuentran las siguientes: privatización de empresas de telecomunicaciones y distribución de energía eléctrica; privatización de bancos de propiedad estatal; eliminación del sistema de regulación de precios de los alimentos básicos; cierre del Ministerio de Planificación y de los planes nacionales y sectoriales de desarrollo; reducción de aranceles a la importación, incluyendo productos agrícolas subsidiados en EE UU y la Unión Europea (UE); eliminación del impuesto al patrimonio y aprobación del impuesto a las compras de bienes y servicios (IVA); privatización del sistema de pensiones para ser administrado por bancos y aseguradoras privadas (AFP); concesión de servicios del Estado, como emisión de licencias de conducir o documentos de identidad, a empresas privadas; aprobación de incentivos fiscales a la inversión extranjera directa; y firma de tratados de comercio e inversión

Más recientemente, y en el marco de la necesidad de una nueva reestructuración del proceso de acumulación del capital que posibilite a la oligarquía global y sub-regional encontrar nuevas oportunidades de valorización de sus capitales, el FMI y el BM están actualizando estos PAE (principalmente con El Salvador, Honduras y Costa Rica). Pretenden incluir medidas más severas de reducción del déficit fiscal a través de, entre otras exigencias: la ampliación de la base tributaria incorporando sectores de la economía informal (lo que afectaría sobre todo a mujeres pobres), una mayor reducción en los niveles del gasto corriente del Estado y la concesión de servicios y obras públicas a empresas transnacionales aliadas con empresas nacionales (Asocios Público Privados) para servicios de educación, salud, saneamiento, puertos y aeropuertos, carreteras, seguridad pública, etc.

Estos PAE están siendo impuestos con gran facilidad en la región debido al deterioro experimentado en la última década en las finanzas públicas de casi todos los países, deterioro que ha obligado a los países a endeudarse con estos organismos financieros y con los bancos privados y que ha configurado una situación de insostenibilidad fiscal. Paradójicamente, la propuesta del FMI y del BM profundiza las medidas de ajuste estructural aplicadas en los años noventa, que son las responsables de la caída en la capacidad fiscal y del aumento en el endeudamiento público. Lo anterior significa que existe una gran probabilidad de que la medicina que se receta nuevamente a Centroamérica para salir de la crisis fiscal termine no sólo por agravar esta crisis sino que profundice los desequilibrios económicos y sociales generados por el modelo neoliberal.

Diversos estudios [4] señalan que los programas de reformas para promover la apertura externa y la desregularización de las economías centroamericanas aumentaron el déficit en la balanza comercial. Además, disminuyeron la capacidad fiscal de los gobiernos al eliminar y/o reducir los impuestos a las importaciones y eximir de impuestos a las empresas extranjeras y nacionales, así como al debilitar los sectores económicos que tienen mayor capacidad de contribución fiscal (como el industrial y el agropecuario), al destruir empleos decentes y aumentar los informales.

En cuanto al desempleo, el más reciente Informe sobre el Estado de la Región Centroamericana estima que una quinta parte de la población de entre 12 y 24 años no estudia ni trabaja (la mayoría de estas personas residen en zonas rurales y son mujeres). Para esta población, las opciones de vida se reducen a la migración externa, las pandillas y la exclusión social. Impacto sobre las mujeres

Los PAE no afectan a todas las personas por igual. Generan oportunidades y beneficios para una minoría de grupos empresariales y familias que conforman la oligarquía económica regional, vinculada a la global. En Centroamérica, este sector esta formado por aproximadamente 135 grupos económicos que aglutinan a casi 2.500 empresas y franquicias, entre los que se encuentran los siguientes: Roble, Siman, AGRISAL, TACA, Salume, Facusse, Pellas y Paíz.

En el otro extremo, los PAE tienen un efecto devastador sobre los derechos humanos y sobre las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la población, en particular sobre las mujeres pobres, rurales e indígenas. El estudio Apertura económica, género y pobreza [5] señala que las políticas económicas aplicadas en la región entre 1990 y 2008 han incidido de manera distinta sobre hombres y mujeres, lo que se debe a los distintos roles socialmente asignados, a las desigualdades en la disponibilidad y en el acceso a activos productivos y a las relaciones asimétricas de poder. Estas diferencias significan para las mujeres más pobreza, especialmente pobreza de tiempo, y mayor precariedad en sus condiciones de acceso a la economía productiva.

En primer lugar, la apertura comercial ha debilitado la producción campesina de alimentos básicos, ha aumentado las importaciones de alimentos y ha destruido empleos en el sector agropecuario, incrementando la pobreza y la extrema pobreza. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 51 por ciento de la población rural en la región vive en situación de pobreza y el 27 por ciento en pobreza extrema, y la mayoría son mujeres. El precio de los alimentos se ha incrementado (se calcula que en los últimos cinco años en El Salvador el coste de la cesta de alimentos básicos para consumo humano ha aumentado entre un 20 y un 30 por ciento) al mismo tiempo que han disminuido los ingresos de las familias.

Esto ha significado para las mujeres rurales un aumento de su jornada de trabajo, ya sea para realizar actividades de producción y/o comercio para generar ingresos o para trabajar huertos o agricultura de patio de forma no remunerada para el cultivo, recolección y/o procesamiento de alimentos para las familias. En ambos casos, esta crisis alimentaria se traduce para las mujeres en más carga de trabajo, menos tiempo disponible y mayor estrés emocional y físico, así como en un mayor riesgo de desnutrición de mujeres, especialmente embarazadas y madres lactantes.

En segundo lugar, la presión del FMI y del BM sobre los gobiernos para que disminuyan el gasto corriente se traduce en disminución de subsidios a las familias, aumento en las tarifas de servicios y menor acceso a bienes y servicios públicos. En muchos países centroamericanos es una realidad cotidiana el desabastecimiento de medicinas y equipo médico quirúrgico en los hospitales de la red pública de salud, lo que provoca una mayor carga de trabajo no remunerado de las mujeres, obligadas socialmente a hacerse cargo de los cuidados de personas enfermas, adultas mayores y/o con discapacidades.

Finalmente, las propuestas de concesión de servicios y obras públicas a empresas transnacionales bajo la modalidad de asocios público privados presentan un doble riesgo en cuanto al gasto social. Por una parte, pueden incrementar las tarifas de acceso a los servicios u obras públicas concesionadas para garantizar que las empresas recuperen el costo de sus inversiones además de la ganancia de mercado, con el consiguiente deterioro del poder adquisitivo de las familias. Por otra parte, existe el riesgo de que los Estados asuman con recursos públicos el pago de las inversiones y de la ganancia de las empresas, lo que representa en la práctica un menor gasto para atender de manera directa las necesidades y demandas sociales. Será el trabajo no remunerado de las mujeres de los hogares y comunidades de menores ingresos, en ambos casos, el factor que permitirá ajustar estos mayores costos.

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