BELICE:pueblos originarios

BELICE

Ubicado al este de Guatemala y al sur de México, Belice es un país de habla inglesa –la oficial, aunque la mayoritaria es el castellano- que adquirió la condición de país independiente en 1981. Cuenta con una población de 372.000 habitantes de los que unos 35.000 pertenecen a cuatro pueblos indígenas: garifuna -descendientes de negros africanos y amerindios-, maya, maya q’eqchí y mopán.[1] Las organizaciones indígenas, agrupadas en el Belize National Indigenous Council, elevan esta cifra a los 40.000 y argumentan que la violencia que sacudió a Centroamérica en los años 80-90 del siglo pasado hizo que llegasen a Belice muchos indígenas procedentes de Guatemala y otros en busca de mejores condiciones de vida desde México (Yucatán). Muchos de ellos se han quedado y algunos se han nacionalizado. Esta disparidad de cifras se ha visto, y se verá, en otros países a lo largo de este repaso por el continente. Viven en su mayoría en la región sureña de Belice –por cierto, palabra de origen maya que significa “agua fangosa”-, la zona con un mayor índice de pobreza y estándares más bajos tanto en salud como en educación. Se hablan cuatro grandes familias lingüísticas, además del castellano y el inglés, tal como recoge el mapa.

El hecho de que Belice no se haya adherido al Convenio 169 de la OIT hace que su Constitución sea una de las más parcas a la hora de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Se limita a reconocer los derechos fundamentales clásicos como son la libertad sin prejuicio de “raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo” y prohibir la discriminación. Sin embargo, al comenzar el siglo XXI ha surgido en el país un movimiento, básicamente vinculado al sector de la educación, que ha comenzado a plantear con fuerza una reforma política y constitucional que incluya la cuestión “multiétnica e indígena”. Así, a comienzos del año 2000 se constituyó una comisión parlamentaria para estudiar dicha reforma llegando a la conclusión que no era necesaria puesto que ya Carta Magna vigente “cubría y protegía adecuadamente a todos los beliceños, sin importar el grupo étnico”.[2]

El haberse adherido Belice en 1991 a la carta de pertenencia a la Organización de Estados Americanos hizo que, tras esta decisión de la comisión parlamentaria para no reformar la constitución e incluir en la misma los derechos indígenas, los pueblos maya q’eqchí y mopán de una treintena de comunidades de Santa Cruz y Conejo, en el distrito de Toledo, recurriesen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invasión de sus tierras por madereros y petroleros con el apoyo del gobierno. En esas dos comunidades, con una extensión de 4 millones de hectáreas, vivían unos 14.000 indígenas.

Formalmente, y dado que Belice no ha suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le vincula. Pero aceptó responder a esa demanda con unos argumentos curiosos, cuando menos, y que le obligaban ya moralmente a cumplir la sentencia, fuese cual fuese. Una de sus justificaciones fue que “el tema del uso de la tierra y los recursos en Toledo es sumamente complejo para Belice, pues existen por lo menos cuatro grupos étnicos definidos en Toledo y más en el país en su conjunto” por lo cual, dada esta “diversidad étnica” el Estado debía considerar los intereses de todos sus ciudadanos “y adoptar un criterio equilibrado para la solución de los mayas, manteniendo en todo momento su neutralidad como representante de todos los ciudadanos de Belice”.[3] Pero esa pretendida neutralidad desaparecía cuando afirmaba, a renglón seguido, que “la cuestión de que los mayas de Belice meridional tengan o no derechos aborígenes en la zona, sigue sin estar clara”, remitiéndose al pasado colonial –antes de la independencia Belice era conocido como Honduras Británica- y a la jurisprudencia de la Commonwealth, comunidad británica de naciones a la que formalmente pertenece Belice.

La CIDH, el año 2004, rechazó todas y cada una de estas curiosas alegaciones gubernamentales y emitió un duro informe contra el gobierno beliceño por no reconocer el derecho a la propiedad comunal de las tierras que ocupaban los indígenas y otorgar el uso de los bienes y recursos en ellas existentes a terceros. Al mismo tiempo, exigía al gobierno que iniciase un proceso de demarcación, delimitación y titulación de las tierras indígenas de estas comunidades y “otorgarlas la protección necesaria para ejercer sus derechos de propiedad plena y equitativamente con los demás miembros de la población de Belice”.[4] Pocas veces había sido tan contundente la CIDH, que añadió un elemento más: la crítica al poder judicial por la “violación del derecho a la protección judicial en perjuicio del pueblo maya, al tornar ineficaces los procedimientos judiciales internos debido a un atraso irrazonable y al no brindarles, por tanto, un acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales”.[5] Además, y para que no quedase duda alguna sobre el carácter doloso con que había actuado el Estado, le exigía una reparación inmediata del daño ambiental que habían causado las concesiones madereras puesto que habían actuado tras habérselas otorgado concesiones oficiales de trabajo en unas tierras que no les correspondían.

La contundencia de esta resolución obligó a que el gobierno de Belice iniciase un tímido proceso de reforma en los ámbitos mencionados, aunque lo ralentizó –y mantuvo las concesiones mineras y petroleras- hasta que se solventase en la Corte Suprema el litigio judicial. Tuvieron que pasar otros tres años, hasta 2007, para que dicho tribunal reconociese a las comunidades maya q’eqchí y mopán el derecho de propiedad de las tierras que han habitado ancestralmente. El fallo de la Corte comenzó distanciándose un punto de la jurisdicción de la Commonwealth con una afirmación histórica: “Ya es tiempo de que desaparezca definitivamente la falsedad de que la adquisición de soberanía alcanza a la propiedad. El cambio de soberanía por sí mismo no afecta a los derechos indígenas sobre la tierra”. No obstante, luego recurre en más de una ocasión a la jurisprudencia de esta comunidad de naciones para justificar parte de la actuación gubernamental. Es decir, mantiene las prácticas coloniales, recogidas en esta jurisprudencia (el mantenimiento del valor de las concesiones de tierras otorgadas por la corona británica), frente a las del derecho indígena que, directamente, ignora. Un constante “doy, pero te quito” que permanece a lo largo de la sentencia en la que sí hay un dato relevante como la referencia, entre otros argumentos, al derecho internacional y los estándares que se han desarrollado durante las últimas décadas para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. De manera explicita, la Corte se refería a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y al hecho de que obligaba al Estado a aplicar sus contenidos puesto que el voto de Belice había sido afirmativo a la misma.

La Alianza de los Pueblos Mayas (tiene nombre en inglés, Maya Leaders Alliance) celebró como una victoria la sentencia y recalcó que la misma venía a reconocer el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos mayas al mencionar la DDPI de la ONU. Exigía la rescisión inmediata de las concesiones madereras, petroleras e hidroeléctricas existentes en ese territorio y en ello contaba con la colaboración de la Asociación de Alcaldes de Toledo quien exigía al gobierno, por su parte, un nuevo modelo de desarrollo económico en el que primase “la afirmación cultural, la salud, la educación y la protección del medio ambiente”. La Asociación de Pueblos Mayas hacía un llamamiento: “es tiempo de que el gobierno de Belice se dé cuenta de la realidad y termine con el largo retraso en su respeto a los derechos humanos de los mayas”.[6]

El gobierno no podía dejar de darse por enterado. Negoció un acuerdo con los pueblos maya q’eqchi y mopán reconociendo el derecho territorial y el derecho a los recursos naturales y se comprometió a ejecutar un plan de desarrollo para la zona aunque también anunció que iba a apelar la misma. Además, el país ha sufrido en los últimos veinte años un cambio radical en la composición étnica y lingüística como consecuencia de una migración importante desde países vecinos como consecuencia de la guerra que les asolaba, así fuese temporal esa migración. En Belice se mantiene como lengua oficial el inglés cuando ya no es la mayoritaria, sino el castellano. Los datos más conservadores dicen que el 60% de la población habla de forma cotidiana esta lengua y sólo utiliza el inglés para alguna cuestión oficial. Esto ha provocado que Belice haya iniciado un proceso de integración, al menos cultural, con Centroamérica y el que en las escuelas se esté comenzando a incluir la enseñanza en castellano. También que en el Parlamento se haya vuelto a retomar el tema de los derechos indígenas en la línea de asimilarse a los estándares de los países vecinos e introducir alguna enmienda constitucional en ese sentido.

El principio de la participación indígena en el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo se ha vuelto en Belice un imperativo que cada vez será más difícil de soslayar. La apelación del gobierno a la sentencia de la Corte Suprema de 2007 se resolvió en junio de 2010, volviendo a dar la razón a los planteamientos indígenas: “la tenencia consuetudinaria de la tierra maya siempre ha existido y sigue existiendo en el sur de Belice”.[7] Un mazazo para los planes expansionistas del gobierno, que estaba negociando con compañías transnacionales madereras, mineras y petroleras en medio millón de hectáreas de las tierras ancestrales mayas puesto que la sentencia obliga al gobierno de Belice a frenar los arrendamientos, donaciones, concesiones y contratos a los que hubiese llegado o pudiera llegar con esas empresas. Los pobladores de municipios como San Pedro de Columbia, San Miguel o Silver Creek ya habían manifestado su oposición a estos proyectos empresariales, pero el gobierno había hecho caso omiso.

Al igual que con la sentencia anterior, también el gobierno ha anunciado ahora un recurso por considerarla “perjudicial para el interés público, lesiva para la unidad nacional y perjudicial para el desarrollo de la comunidad maya”.[8] Pero el hecho de haber ratificado la libre determinación de los pueblos originarios en Belice y que en el ejercicio de este derecho puedan bloquear los proyectos gubernamentales, supuestamente de desarrollo, hace suponer que el recurso gubernamental tiene nulas posibilidades de seguir adelante. El triunfo indígena habrá sido completo, a falta de poder aplicar en esos territorios su propio autogobierno.

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