Asistencia judicial y tramitación de beneficios para los presos

Según el Coronel Bernardo Santana Páez, Director de la Dirección General de Prisiones, durante la visita de la CIDH, más del 50% de los reclusos podrían resolver sus problemas y salir de las cárceles dominicanas, con órdenes de libertad condicional, o con su absolución y correspondiente orden de libertad.

La carencia de un adecuado sistema de asistencia legal pública hace difícil obtener la libertad aún donde procede.

En el sistema de asistencia jurídica dominicano, los reclusos no tienen derecho a un abogado defensor de oficio hasta el momento de su juicio. Por lo tanto, durante los extendidos períodos de detención preventiva que sufren los reclusos, no gozan de ninguna asistencia legal gratuita para ayudarlos a preparar, por ejemplo, solicitudes de libertad condicional. Las organizaciones que trabajan con los presos señalan que los abogados de oficio que son finalmente asignados en la etapa de juicio, frecuentemente reciben los casos inmediatamente antes de tener que presentarlos, sin tener suficiente tiempo para la preparación del caso.

En sus observaciones, el Gobierno dominicano se refirió a la existencia de un programa de defensa legal gratuita, mediante el cual se habían estipulado convenios con las universidades que prestan ayuda para la defensa jurídica; sin embargo, no aportó información concreta sobre dicho programa ni los resultados obtenidos en beneficio de los reclusos.

En mayo de 1993 se inició el Proyecto Piloto de Defensa Pública, con un equipo de 10 abogados, con el objetivo de proveer a los reclusos indigentes una asistencia jurídica gratuita durante las etapas anteriores al juicio. Este proyecto fue sustentado por un acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia, organismos internacionales y universidades. El proyecto sigue activo, pero no es una institución pública; ha sufrido una serie de interrupciones por falta de fondos y no recibe actualmente financiación del Estado.

El Gobierno dominicano está haciendo esfuerzos para resolver el problema de la tramitación de órdenes de libertad, solicitudes de libertad condicional, etc.

Un paso importante que se ha tomado en esta dirección es la instalación de agentes del Ministerio Público en cada centro de detención con el objetivo de agilizar los varios trámites y hacer conocer a los presos sus derechos.

Sin embargo, varias organizaciones señalaron que esta política se está implementando solamente en las prisiones y cuarteles de la capital y no en el interior del país.

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