Argentina: la inversión extranjera y las privatizaciones

Al comienzo de la década de los 90 se produjo en Argentina una entrada masiva de capitales extranjeros y las inversiones españolas jugaron un papel protagonista. Estas inversiones tienen su explicación en las medidas de ajuste estructural de la época y, especialmente, en el proceso de privatizaciones y, lejos de contribuir al desarrollo económico del país, impactaron negativamente en el ámbito social y económico.

 

Argentina se ha convertido, en las últimas décadas, en una de las economías más transnacionalizadas del mundo. Este proceso tiene sus orígenes en los años 90 y se debe, en gran parte, al impulso sin precedentes que las medidas de ajuste estructural dieron a las inversiones extranjeras directas.

Las medidas de ajuste propuestas por el Banco Mundial y el F.M.I. fueron aplicadas en Argentina como parte de la solución a la crisis económica en la que se encontraba el país a finales de la década de los 80. Estas medidas, que pueden resumirse en el plan de convertibilidad, las privatizaciones, la desregulación y la liberalización comercial y financiera, buscaban estabilizar la economía conteniendo el proceso inflacionario, reducir la participación del Estado para hacer más productivos y eficientes los mercados y sanear las cuentas públicas para reanudar el pago de la deuda. Si bien los tres componentes de la política económica tenían un impacto positivo en la atracción de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) al país, el proceso de privatizaciones es el factor más importante.

¿Qué elementos del proceso de privatizaciones atraían la IED al país? Antes de responder a esta pregunta, es preciso recordar que la privatización de servicios públicos es de por sí una inversión atractiva al permitir el acceso a mercados cautivos que garantizan las rentabilidades futuras. Pero en el caso argentino se sumaron otros elementos propios del proceso argentino y no de otros.

En primer lugar, los consorcios que participaban en la licitación de las empresas del Estado debían estar compuestos obligatoriamente por: una multinacional del sector que prestara su experiencia e introdujera modernas tecnologías, grupos económicos locales que facilitaran el conocimiento del mercado interno y capacidad de negociación y, por último, bancos extranjeros que aportaran la financiación, puesto que la forma de pago, en la mayoría de los casos, incluía una parte en títulos de deuda externa. De hecho se favoreció la capitalización de títulos de deuda pública externa en detrimento de los aportes en efectivo, aceptándolos a valor nominal, cuando su valor de mercado representaba sólo el 15% del mismo.

Estas características revelan una de las verdaderas motivaciones del proceso: garantizar beneficios a la elite económica del país formada por los acreedores externos y los grupos económicos locales. Por un lado, los acreedores externos capitalizaban deuda que creían incobrable y, por el otro, los grupos económicos locales compensaban la pérdida de subvenciones del Estado, como resultado de la retirada de la intervención pública en la economía, con la participación directa en los beneficios de las nuevas empresas privatizadas. La participación en estas empresas también les permitía continuar teniendo contratos como proveedores.

En segundo lugar, existían otros incentivos a la IED relacionados con la necesidad de llevar adelante el proceso lo más rápido posible, debido a la situación apremiante de las cuentas públicas y a la necesidad de legitimación del Gobierno de Carlos Menem recién llegado al poder. Se realizaron concesiones que resultaban muy atractivas puesto que garantizaban y elevaban las rentabilidades de estas inversiones. Se conservaron los monopolios naturales, se aumentaron las tarifas, antes y después de la venta, se renegociaron los contratos y se realizaron concesiones de seguridad jurídica a las cláusulas de beneficios. La renegociación de las condiciones contractuales hizo mella en los criterios de calidad y en las inversiones futuras exigidas para asegurar una mejora en la eficiencia de las empresas privatizadas.

Según un informe realizado por la CEPALen 2001, el 67% de los capitales que ingresaron en concepto de privatizaciones eran extranjeros y más de las tres cuartas partes de esos capitales correspondieron a la modalidad de IED [1]. Progresivamente, los ingresos por privatizaciones fueron perdiendo importancia y las fusiones y adquisiciones de empresas privadas ocuparon el primer puesto, lo que representó el 49% de los ingresos en IED entre 1997 y 2001. No obstante, estas operaciones se encontraban íntimamente relacionadas con el proceso de privatizaciones, puesto que una parte importante de las mismas correspondía al cambio en la estructura de propiedad de las privatizadas. Los bancos extranjeros y los grupos locales fueron vendiendo sus participaciones [2] a las transnacionales que integraban los consorcios debido a que los contratos no fijaron limitaciones temporales para la reventa de acciones. El resultado fue una creciente concentración y centralización del capital.

España: el actor principal

Es en este contexto particular de privatizaciones donde la IED española toma el protagonismo en Argentina desplazando en importancia a Estados Unidos, inversor tradicional de la región. Es necesario tener en cuenta que este momento coincide con una serie de cambios estructurales dentro de la capitalización de las empresas, producto de la buena situación económica del país. Por otro lado, las empresas españolas estaban más dispuestas a la internacionalización por la necesidad de crecer ante el desafío que les planteaban a corto plazo las condiciones de la Unión Europea, siendo su destino principal América Latina.

La IED española en Argentina alcanzó los 27.000 millones de dólares entre 1992 y 2000, si se computan operaciones de canje de acciones y otras semejantes, representan la cuarta parte del total de la IED recibida [3]. No sólo se destaca por su aspecto cuantitativo, sino también por el posicionamiento de las empresas españolas como protagonistas en sectores claves de la economía argentina, como energía eléctrica, comunicaciones, petróleo y sector financiero. Las más representativas son Repsol en YPF, Telefónica de España en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Endesa e Iberdrola en el sector energético y los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria y Santander Central Hispano.

Los beneficios que obtienen estas empresas en el proceso no tienen su contrapartida en un aumento en la calidad para los usuarios, ni en aumento de empleo. Tampoco se producen efectos de arrastre en la economía por las nuevas tecnologías incorporadas, puesto que apenas se introdujeron, ni se reducen las tarifas como consecuencia del aumento en la productividad. Todos estos efectos que supuestamente se deberían producir por la entrada de inversiones extranjeras directas en los países receptores, según la teoría neoliberal, no se dan en Argentina.

Por el contrario, hay una serie de impactos negativos que se suman a los desequilibrios económicos que las medidas de ajuste estructural no lograron solucionar.

Algunos impactos de la IED española en Argentina

Uno de los impactos más importantes fue la concentración y centralización de capitales. Al comienzo del proceso se favoreció la presencia de pocos oferentes y se fijaron elevados patrimonios como requisitos para participar en las licitaciones. No hubo intención de fragmentar la propiedad de las empresas privatizadas, no se colocaron acciones en los mercados de capitales, ni se realizaron ofertas preferenciales a los usuarios y trabajadores. La falta de regulación de los sectores privatizados y las concesiones contractuales fomentaron las posteriores fusiones y adquisiciones. Desde entonces las empresas transnacionales que más activamente participaron en estas operaciones desarrollaron estrategias de integración vertical y horizontal que consolidaron la concentración de capitales, traduciéndose en menores riesgos, tasas de retorno muy elevadas y gran poder en la determinación de la estructura de precios por parte de las empresas que participaron en las privatizaciones. Tal es el caso de Telefónica, Repsol y Endesa, que a través de sus participaciones en otras empresas terminaron controlando su segmento de mercado e introduciéndose en otras actividades que nada tenían que ver con su actividad principal.

El coste de vida se incrementó por el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Los precios aumentaron no sólo como parte de las concesiones hechas a los consorcios, sino también después de ser privatizadas por el poder que fueron adquiriendo. En el caso del servicio de telefonía, las tarifas subieron un 711% antes de la transferencia a manos privadas, y un 124,4% entre 1991 y 2001 [4], lo que hizo que el precio en Argentina superara ampliamente al internacional. Telefónica de Argentina se convirtió en la sede internacional que más beneficios reportaba a su matriz en España durante esta década.

En cuanto al mercado laboral, la entrada de IED española no creó empleo sino que lo destruyó. El desempleo pasó del 7% al 18% en 10 años, no sólo por la reorganización de las empresas privatizadas que expulsan trabajadores, sino también por la importación de insumos del exterior que perjudica a algunas empresas proveedoras del Estado. Por otro lado, la integración vertical y horizontal protagonizada por las empresas españolas produjo una unificación de intereses ya que las empresas que en un sector son competidoras, en otro pueden ser aliadas. El interés común favoreció la flexibilización y precarización laboral, presionando los salarios a la baja, haciendo más barato el coste del trabajo y mayor la parte de la productividad de la que se apropiaron los empresarios.

En el caso de YPF, entre agosto de 1990 y abril de 1997 se despidieron 34.917 personas [5], con la llegada de Repsol a YPF se desarticularon pueblos enteros que habían nacido alrededor de la actividad petrolera de la región.

El aumento de las tarifas perjudicó en mayor medida a las familias, especialmente a la fracción de sociedad más desfavorecida, dificultándoles el acceso a los servicios públicos. Este elemento junto con la pérdida de empleos y la precarización del mercado laboral explican el aumento de la desigualdad que se produce en Argentina durante la década.

De acuerdo a las estadísticas recogidas en la CEPAL en su anuario de 2005, el porcentaje de ingreso correspondiente al primer quintil de la población (el más pobre) se redujo entre 1990 y 1999, pasando de un 1,5% a un 1,2%. En el caso del quintil más alto, el porcentaje de ingreso aumentó en el mismo período, pasando de un 39,3% en 1990 a un 42,9 en 1999.

Un impacto que no puede cuantificarse pero que resulta muy significativo es la pérdida de herramientas para la conducción de proyectos de desarrollo del país, relacionado con el carácter estratégico de las actividades en las que participa el capital extranjero.

A estos impactos sociales y económicos de la IED, que hemos analizado en términos de las inversiones españolas pero que pueden extrapolarse al resto, debe sumarse un elemento importante: los flujos de capitales de IED eran necesarios para compensar una serie de desequilibrios macroeconómicos. Esto no ocurrió debido a que la entrada de IED tuvo su contrapartida en la salida de capitales a través de repatriación de dividendos, precios de transferencia por importación de equipos e insumos y «salarios gerenciales» pagados a las casas matrices.

En resumen, analizando los impactos de la IED se puede concluir que los efectos positivos de la entrada de capitales extranjeros que sostiene la doctrina neoliberal no se han dado en Argentina.

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