Amazonia:Los excesos de hacendados y buscadores de oro

Los terratenientes no sólo están contribuyendo a la degradación del medio ambiente, sino que para llevar a cabo sus proyectos cometen toda clase de violaciones contra los derechos humanos, mientras la justicia del país hace oídos sordos a todo tipo de reclamos. Pero empecemos por el principio.

Esto comenzó a principios de la década del setenta. por esta época nadie sabía con exactitud quién era propietario de qué en aquellas espesuras. En líneas generales este título le correspondía al Estado brasileño, por entonces en manos de los militares, y éstos decidieron colonizar la Amazonia. El primer paso consistió en la constricción de la carretera Transamazónica, mencionada anteriormente, que tenía por objeto llevar «hombres sin tierra a una tierra sin hombres». Toda persona capaz de demostrar que había ocupado y hecho fructificar una parcela durante cinco años se convertía en su dueño. En teoría la cuestión era clara, pero en la práctica todo resultó una barrabasada. El gobierno de Mato Grosso otorgó, por ejemplo, títulos de propiedad equivalentes a una vez y media la superficie real de ese Estado; otras veces las autoridades estatales y federales vendían los mismos lotes a distintos colonos.

De todo esto los campesinos salieron perdiendo y los fazendeiros se llevaron la mejor parte, pues además de poseer casi todas las tierras (el 67% de las tierras pertenece al 4% de los propietarios), consiguieron mano de obra muy barata, por no decir lisa y llanamente esclava. Los pequeños agricultores, cuyas parcelas son reducidas a cenizas, se ven obligados a trabajar en las fazendas donde les entregan comida, carpas y herramientas a crédito, una deuda que jamás podrán pagar porque los precios de las cosas son mucho más altos que sus salarios. La deuda se hace cada vez mayor y si estas personas intentan escapar son cazados como animales por los ejércitos privados de los propietarios.

En la última década, sus matones asesinaron a 2 mil campesinos y seringueiros (extractores de savia de heveas -látex-). éstos suelen venir del Nordeste o de las villas miseria de Río y San Pablo en busca de otra vida. Se instalan en las miserables parcelas situadas en los límites indecisos de las grandes estancias y encuentran la muerte.

Quienes protestan ante tamaña injusticia también son asesinados. En 25 años 1.500 sindicalistas agrícolas fueron callados a balazos, entre ellos Chico Mendes. Como la ONU le había otorgado el premio Global 500 por sus esfuerzos en favor de la selva amazónica, su asesinato desencadenó un gran escándalo mundial, lo que provocó que salieran distintos defensores para su causa: el Partido de los Trabajadores brasileño, la Iglesia, organizaciones ecologistas e incluso los grandes bancos internacionales. Pero, a pesar de esto, tan escandalosa matanza de campesinos y sindicalistas no ha producido más que una veintena de juicios.

Además de campesinos y sindicalistas, han aniquilado tribus indígenas completas, que vivían allí desde hacía milenios. La Transamazónica, por ejemplo, perjudico a noventa y seis tribus, de las cuales muchas desaparecieron (casi la mitad de los indios parakanás murieron durante su construcción). Muchas de ellas desaparecieron durante los incendios de la jungla con napalm (combustible de uso bélico). La desesperación llevó al suicidio a más de un centenar de kaiowas.

también los mineros invadieron sus territorios en busca de oro, quienes además de traer enfermedades (gripe, malaria, bronquitis) contra las cuales los nativos no tienen defensas, muchas veces masacraron a todos los que se opusieron ante la indiferencia oficial: «Los indios son unos holgazanes y unos imbéciles que ocupan demasiada tierra –declaró hace un tiempo el secretario de Justicia de Mato Grosso–. Un lujo folklórico que ninguna nación moderna, con aspiraciones de desarrollo, puede permitirse». A modo de ejemplo, en el año 1992, un grupo de garimpeiros (mineros) mutilaron y decapitaron a setenta y tres yanomamis (20 mujeres y 35 niños, entre ellos).

La «fiebre del oro» comenzó a principios de 1980, cuando la onza alcanzó los 850 dólares en el London Metal Exchange. Desde entonces empezaron a surgir miles de minas en la jungla, hasta que a mediados de la década contaban más de un millón y medio. Cada patrón de un yacimiento formó su ejército y empezaron las guerras entre los distintos bandos: hubo miles de muertos. Las autoridades hacían la vista gorda a estos horrores, con tal de seguir cobrando el 20% de la explotación. A medida que la competencia se fue haciendo más ardua los garimpeiros comenzaron a invadir las reservas aborígenes; nadie, ni siquiera el papa pudo detener semejantes atropellos.

Luego de extraído el precioso metal, las minas se convierten en tierra de nadie, pues los mineros no sólo llevan la muerte a través de las armas. Para separar el oro de otros minerales, los garimpeiros usan grandes cantidades de mercurio (una tonelada por cada tonelada de oro extraído); el metal tóxico se arroja a los ríos y va contaminando toda la cadena alimentaria. Ya en 1988 se calculaba que medio millón de personas estaban envenenadas. Otras sustancias, llevadas por la «civilización», como desfoliantes e insecticidas, han terminado de envilecer el medio ambiente: en muchas partes el aire es irrespirable.

Ante todos estos crímenes contra la humanidad, ya que no sólo contra los aborígenes y la selva; ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos declarados por la ONU, derechos que pregonan la igualdad jurídica: «Ante la ley, todos los hombres son considerados iguales, tienen deberes y derechos iguales e iguales posibilidades»; «Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica», ante las violaciones a estos derechos, decía, el gobierno brasileño es ciego, sordo y mudo. Si bien en Brasil se han puesto en práctica leyes que tienden a sofrenar todos estos excesos y que ha puesto coto a la caza indiscriminada, las hay más que amparan a los hacendados y mineros.

Algunos políticos brasileños protestaron por los retos de las naciones desarrolladas que «parecen haber olvidado los apremios económicos del país». Se quejan: «con tanta miseria no nos podemos dar el lujo de organizar una cruzada ecológica». Sin embargo, cuando en 1989 Francia y Estados Unidos propusieron al entonces presidente José Sarney canjear parte de la deuda externa por la conservación de esa preciosa selva, que ocupa más de la mitad de Brasil, no dieron respuesta y todo quedo casi en la nada. En cuanto a la demarcación de los novecientos mil Km2 de territorio indígena, la respuesta de Mauricio Correa, ministro de Justicia, fue la siguiente: «No se justifica resolver el problema de algunos indios –los pocos que quedaron después de la llegada de los terratenientes– perjudicando a millares de blancos que viven en la región».

Esto dicho es bastante claro que quienes deben tomar decisiones urgentemente para frenar este desastre son los funcionarios brasileños. De otro modo la selva continuará desapareciendo, como hasta ahora, a razón de varias hectáreas por minuto, y los excesos de los terratenientes no tendrán límite.

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